lunes, 24 de agosto de 2015

PRONUNCIAMIENTO DEL PGT ANTE EL PROCESO ELECTORAL

La crisis política actual en el país es consecuencia de la lucha por la hegemonía y por el control del Estado y sus instituciones entre facciones de la clase dominante que representan intereses de los capitales transnacional, nacional y mafioso-criminal. El develamiento de La Línea y otras estructuras de corrupción pone en evidencia esta disputa, manifiesta en el control de los tres poderes del Estado.  

En este contexto, la celebración de elecciones generales no resuelve la crisis. Éstas constituyen un mecanismo de reacomodo de las fuerzas económicas y políticas dominantes y de refuncionalización del sistema.

El proceso electoral en curso está lleno de irregularidades y de violaciones a la Constitución Política y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El mismo Decreto 1-2015 de convocatoria a elecciones viola los artículos 113, 136 inciso c), 140 y 141 de la Constitución, relativos a la capacidad, idoneidad y honradez de las candidaturas; la libertad y efectividad del sufragio; el principio de representación; el principio de soberanía del pueblo y la prohibición de la subordinación entre poderes del Estado. Asimismo, viola artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos relativos al financiamiento de las organizaciones políticas, campaña anticipada, suspensión de partidos por incumplimiento de dicha Ley, entre otros.

Realizar las elecciones es ilegítimo porque no se atendió la exigencia y las demandas de la ciudadanía de introducir reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Tales reformas buscaban democratizar la representación, depurar a los políticos corruptos y mafiosos a través de la no reelección, impedir el financiamiento ilícito y reprogramar las elecciones. También es ilegítimo al haber inscrito candidatos con proceso de antejuicio y con persecución penal; y porque el actual sistema de partidos políticos está cooptado por los intereses de la clase dominante y las mafias.

Por tales razones, el Partido Guatemalteco del Trabajo propone:

  1. La disolución del actual Congreso de la República en tanto que garantiza la reproducción de la corrupción e impunidad en el Estado. 
  1. Integrar una nueva Corte Suprema de Justicia y una nueva Corte de Constitucionalidad que garanticen la persecución penal contra los mafiosos y corruptos.
  1. Integrar un gobierno provisional representativo que cree las condiciones políticas para la convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, que refunde el Estado a través de una nueva Constitución Política y leyes constitucionales.
Llamamos:

  1. A la clase trabajadora, mujeres, pueblos y comunidades, jóvenes y estudiantes a rechazar y no participar en estas elecciones por su carácter ilegal, fraudulento e ilegítimo.
  1. A las organizaciones, asociaciones, colectivos y personalidades a no ser partícipes y rechazar todo tipo de componendas, maniobras y negociaciones oscuras que impongan soluciones de continuidad a espaldas de los pueblos, o soluciones militares.
  1. A toda la ciudadanía a rechazar la injerencia de los Estados Unidos y otras potencias extranjeras en la crisis política que vive el país.
  1. A los pueblos, partidos comunistas y fuerzas democráticas del mundo a solidarizarse con la lucha de los trabajadores y pueblos de Guatemala por la transformación del actual régimen.


¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!


Partido Guatemalteco del Trabajo


Guatemala, 24 de agosto de 2015.

jueves, 9 de julio de 2015

CONTRA LA INJERENCIA Y OCUPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

La historia del imperialismo yanqui en Guatemala y Nuestra América, está marcada por invasiones, la instigación y planificación de golpes de Estado, el apoyo financiero y militar para derrocar gobiernos elegidos democráticamente y el apoyo a dictaduras militares y gobiernos autoritarios. No hay que olvidar la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala para derrocar el gobierno de Jacobo Árbenz, y defender los intereses de la United Fruit Company, cuya consecuencia fue la política contrainsurgente, apoyada por EE.UU., que dejó 245 mil muertos y desaparecidos y más de dos millones de personas desplazadas.

La participación del Estado guatemalteco en los planes, proyectos y tratados impulsados e impuestos por EE.UU. para promover el libre comercio y las inversiones, y su concepto de seguridad nacional y hemisférica, tales como la Iniciativa de las Américas, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Mérida, el Proyecto Mesoamérica y, más recientemente, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, ha sido posible por la existencia de una clase dominante sumisa, un ejército entreguista y una casta de políticos corruptos, mafiosos y oportunistas.  

Recientemente, EE.UU., como imperio que busca mantener su dominio y hegemonía a nivel mundial, ha puesto su mirada más fuerte en el istmo centroamericano, y ha encontrado un incondicional aliado en el ex general Otto Pérez Molina, destacado oficial de la política contrainsurgente durante la guerra interna, y presidente de Guatemala desde 2012. Esto se puede constatar a través de:

1)    La ocupación e intervención militar estadounidense en Guatemala y en la región, a través de tres bases militares permanentes, la operación de unidades móviles de acción rápida, y un incremento exponencial de la ayuda, entrenamiento y asesoría militar y de inteligencia, lo que en el caso de Guatemala ha supuesto una remilitarización del Estado, los territorios y las fronteras, en contraposición a los Acuerdos Paz.  

2)   La intervención directa de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región, como lo muestra su apoyo al golpe del Estado en Honduras en el año 2009 y al gobierno de Otto Pérez Molina, a pesar el involucramiento de éste en actos de corrupción, hechos que fueron dados a conocer públicamente por la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en el caso de “La Línea”. A través de su embajada y Agencias (como la USAID, la NSA, el FBI, o la DEA), EE.UU. dicta muchas de las políticas internas en materia de defensa, gobernación, educación e inteligencia estratégica del Estado. Este tutelaje, en el caso de Guatemala se extiende a la Superintendencia de Asuntos Administrativos de Seguridad,  el Ministerio Público, y con la actual crisis política, a los Ministerios de Finanzas Públicas, de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  

3)  La alianza entre los capitales regionales-nacionales de origen lícito e ilícito,  los Estados de la región y EE.UU., como lo evidencia el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Este plan, concomitante con la política de seguridad estadounidense, al igual que la Alianza para la Prosperidad y Seguridad del Norte (ASPAN), entre México, Canadá y EE.UU., tiene como propósito garantizar el control geoeconómico y geoestratégico estadounidense en la región: las rutas comerciales, la apropiación y despojo de los recursos y bienes naturales comunes, frenar la oposición de las comunidades y pueblos a las inversiones del capital transnacional, mediante la  represión y criminalización de las luchas sociales.

El propósito de EE.UU. es seguir impulsando el Plan Mérida, para mantener una infructuosa guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado y las comunidades y poblaciones que se oponen a los proyectos de inversión y a sus intereses geoestratégicos. A través de esta iniciativa se ha militarizado la lucha antinarcótica, siendo sus resultados: el fortalecimiento de los cárteles de la droga, el incremento del tráfico de armas y el aumento de las violaciones a los derechos humanos, con decenas de miles de personas asesinadas violentamente, secuestros y desapariciones forzadas, violaciones contra mujeres y niños y desplazamientos de comunidades, tal como lo muestra los casos de México y Colombia.

La remilitarización de la región, la ocupación e injerencia en los asuntos internos de nuestros países, están orientados a consolidar la hegemonía estadounidense sobre la región y contrarrestar  la presencia cada vez mayor de otros capitales, como el ruso y el chino, garantizar el monopolio comercial y el desarrollo de megaproyectos.

En el contexto de la actual crisis política e institucional por la que atraviesa nuestro país, la intervención e injerencia estadounidense se ponen de manifiesto en la imposición de una “salida controlada” de la crisis, que no ponga en riesgo el modelo económico neoliberal, la expansión del capital transnacional y las nuevas formas de acumulación de capital mediante el despojo, el extractivismo y los monocultivos; en connivencia con el CACIF, grupos corporativos, Corte de Constitucionalidad (CC) y partidos políticos de derecha.

Parte de la “salida controlada” a la crisis es el nombramiento, por el Congreso de la República, del actual vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre en sustitución de la ex vice mandataria Roxana Baldetti, y el apoyo al presidente Otto Pérez Molina, frenando y obstaculizando las acciones que buscan quitarle la inmunidad y procesarlo penalmente por su responsabilidad en los casos de “La Línea” y del IGSS. Para ello, la Embajada de Estados Unidos ha desarrollado una intensa campaña de “cabildeo” que le ha permitido imponer decisiones políticas con las que trata de evitar una solución orientada a transformar profundamente al Estado y su institucionalidad, tal como lo demandan diversas fuerzas sociales y políticas a través de amplias movilizaciones ciudadanas. No obstante, la injerencia de Estados Unidos solo ha contribuido a profundizar y prolongar la crisis política actual.

Ante ello, manifestamos nuestra lucha antiimperialista y exigimos:

·   El cese de la injerencia estadounidense, a través de su Embajada y organismos de “cooperación”, en la vida política e institucional de nuestro país y de la región. Únicamente al pueblo guatemalteco, en el ejercicio de su libre determinación y soberanía, le corresponde decidir el rumbo y la solución a la profunda crisis política del Estado.

·     El cese inmediato del financiamiento y asesoría  militar y de inteligencia al actual gobierno, cuyo presidente está implicado en actos de corrupción.

·      El cese de las operaciones de inteligencia y el retiro inmediato de todas las bases y fuerzas de tarea estadounidenses: bases militares de “Soto Cano” o Palmerola y de la Mosquitia en Honduras, base militar de Comalapa en El Salvador;  Comando Sur (U.S. Southern Command-USSOUTHCOM), y Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur, que empezó a operar el 9 de junio,  desde la Base de Palmerola en Comayagua, Honduras.

·     El cese de las operaciones y el retiro de las fuerzas de tarea Tecún Umán, en San Marcos, y Maya Chortí, en Zacapa; dejar sin efecto la instalación de las fuerzas de tarea Xinca, en Jutiapa, y Balam, en Petén; así como la suspensión de operaciones de la fuerza binacional Guatemala/Honduras, Fuerza Especial de Seguridad en la Frontera.  

Finalmente, debido al papel que juega el embajador Todd D. Robinson en la crisis actual del país, lo consideramos persona non grata.

¡Contra la injerencia de Estados Unidos en Guatemala y Centroamérica,
la lucha antiimperialista!

¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!

Partido Guatemalteco del Trabajo

lunes, 15 de junio de 2015

A INTENSIFICAR LA LUCHA POR LA TRANSFORMACION RADICAL DEL ESTADO

La crisis política desatada a partir de las acciones de la CICIG y del MP para desarticular la estructura criminal conocida como La Línea y, posteriormente, la red insertada en el IGSS, revela que el Estado se encuentra cautivo por organizaciones mafiosas desde sus más altos niveles. Esta crisis es expresión de la grave situación estructural del Estado neoliberal-mafioso guatemalteco.

La Embajada Yanqui y el CACIF impulsan una “salida controlada” de la crisis, con el propósito de garantizar la dominación burguesa neoliberal. Otra propuesta de salida a la crisis plantea el saneamiento de instituciones estatales corruptas, enjuiciar corruptos, reformas legales y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Nuestro Partido manifiesta su apoyo incondicional a las movilizaciones ciudadanas. Planteamos la necesidad de profundizar su carácter popular mediante la participación articulada de las clases trabajadoras, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, profesionales e intelectuales democráticos y revolucionarios.

El PGT propone hacer de esta crisis un punto de inflexión para la transformación profunda del Estado y el impulso de un modelo de desarrollo que favorezca a la población excluida, explotada y oprimida. En ese sentido llamamos a luchar por:

1) La desmilitarización del Estado y la desarticulación total de todas las estructuras criminales dentro de éste. 2) El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo y sus dirigentes. 3) El cese de agresiones e intimidaciones contra el movimiento ciudadano. 4) La suspensión de las elecciones generales y la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. 5) La renuncia del Ejecutivo y el establecimiento de un gobierno de transición, emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas progresistas. 6) La derogación de toda la legislación lesiva a los intereses nacionales, de los trabajadores y pueblos indígenas. 7) La suspensión del actual Congreso de la República y el saneamiento del Organismo Judicial. 8) La convocatoria a una Asamblea Nacional Popular Constituyente que impulse el proceso de refundación del Estado, a fin de construir uno plurinacional, democrático, popular y anti patriarcal, respetuoso de la naturaleza y que garantice la libre determinación de los pueblos. 9)  El cese de la política injerencista de Estados Unidos a través de su embajada, fuerzas militares y sus agencias.

El PGT reitera  su llamado a intensificar la lucha política por la transformación radical del Estado y forjar el programa democrático, popular y revolucionario que Guatemala necesita.


¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!
Partido Guatemalteco del Trabajo

Junio de 2015

viernes, 29 de mayo de 2015

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO FRENTE A LA CRISIS POLÍTICA ACTUAL

La crisis política desatada a partir de las acciones de la CICIG y del MP para desarticular la estructura criminal conocida como La Línea y, posteriormente, la red insertada en el IGSS, revela que el Estado se encuentra penetrado y cautivo por esta clase de organizaciones mafiosas desde los más altos niveles del poder político. Ambas surgen hace aproximadamente cuatro décadas, en el marco de la alianza contrainsurgente de la oligarquía y la cúpula militar, con el decidido apoyo de Estados Unidos.

En ese contexto, la cúpula militar y oficiales medios del ejército crearon estructuras criminales de  narcotráfico, defraudación tributaria, tráfico de armas, trata de personas y contrabando. El ejército se convirtió, poco a poco, en un factor real de poder político y económico mediante la acumulación de capital ilícito. Éstos son los cimientos del Estado burgués contrainsurgente militarizado, controlado por la oligarquía, la cúpula militar y sus mafias del crimen organizado.

La transición política iniciada en 1985 reconfiguró el Estado: el Estado contrainsurgente-mafioso fue reconvertido en un Estado neoliberal-mafioso y represivo, cuyo control político le disputan la oligarquía y la “burguesía modernizante” a la cúpula y oficialidad militar contrainsurgente y al crimen organizado. Las acciones de Arzú contra la “Red Moreno” y el “Grupo Salvavidas” en 1996 fueron expresión de esa disputa, truncadas al comprobarse que los principales beneficiados de esa red eran financistas del Partido de Avanzada Nacional (PAN), a través del cual Arzú llegó a la Presidencia de la República.

La función de ese Estado reconvertido es garantizar el desarrollo del capitalismo neoliberal y la expansión del capital transnacional en el país. Para ello, se mantienen las estructuras contrainsurgentes (sobre todo las de inteligencia) dirigidas a reprimir, en alianza con empresas y aparatos privados de inteligencia y seguridad, las manifestaciones de lucha contra el capitalismo neoliberal, el despojo y la transnacionalización de los recursos y bienes públicos.

La crisis política desatada a raíz de la desarticulación de una parte de estas redes criminales, es expresión de la profunda crisis estructural en la que se encuentra inmerso el Estado neoliberal-mafioso, controlado por grandes grupos corporativos y el crimen organizado; es manifestación de la lucha entre los grupos de poder que lo controlan. Profundiza la crisis del capitalismo neoliberal en Guatemala, derivado de sus efectos desastrosos y las movilizaciones populares contra este modelo depredador, que aumentan día a día.

La clave está en cómo resolverla. Hasta ahora se han revelado con claridad dos propuestas: una “salida controlada” por la clase dominante en alianza con los EE.UU., y una salida que permita por lo menos sanear y democratizar el Estado y sus instituciones. Sin embargo, en el horizonte comienza a atisbarse la demanda por una refundación radical del Estado, expresada por un sujeto social interétnico e interclasista que consolida sus rasgos en la actual coyuntura.

Con la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y la posterior designación de Alejandro Maldonado Aguirre al cargo (un personaje con pasado oscuro, del derechista y desaparecido MLN, vinculado con escuadrones de la muerte en los años de 1960-1970), se busca imponer la “salida controlada” por la Embajada de Estados Unidos y el CACIF. En esta salida a la crisis la CICIG ha jugado un papel vital desde la revelación de La Línea. Esta maniobra tiene el propósito fundamental de garantizar la continuidad del proyecto neoliberal y la hegemonía y dominación de la burguesía, la cúpula militar y EE.UU.

La otra propuesta plantea el saneamiento de las instituciones, incluidos los partidos políticos, además de la exigencia de enjuiciar a todos aquellos vinculados a esas estructuras criminales; se centra en la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, dentro de los parámetros actuales. Entre estas dos propuestas hay un abanico de planteamientos que se acercan o alejan de la demanda de refundación radical del Estado.

Desde nuestra perspectiva, ninguna de las dos primeras salidas a la crisis es la solución a los grandes problemas del país. Por una parte, la “salida controlada” sólo garantiza la continuidad del proyecto neoliberal, de los grandes negocios, del despojo de los bienes y recursos públicos y de las comunidades; asegura el control del Estado por el poder económico tradicional, el emergente y las mafias. Por otra, la segunda propuesta se reduce al saneamiento institucional, a la reforma de las reglas del juego político y de la Constitución.

El Partido Guatemalteco del Trabajo manifiesta su apoyo incondicional a las amplias movilizaciones ciudadanas protagonizadas por las capas medias urbanas de la ciudad capital y de varios departamentos y las importantes movilizaciones que han protagonizado asimismo el movimiento campesino, indígena y popular; a las demandas que buscan sanear las instituciones, reformar el Estado y enjuiciar a todos los implicados en las estructuras criminales conformadas por empresarios, políticos, funcionarios públicos, oficiales y ex oficiales del ejército reinsertados en toda la institucionalidad civil del Estado durante el actual gobierno, expresión política contemporánea del militarismo contrainsurgente.

Al mismo tiempo, el PGT plantea la necesidad de profundizar estas movilizaciones; convertirlas en un amplio movimiento popular, de la ciudad y el campo, de trabajadores y trabajadoras, de comunidades y pueblos, empleados, estudiantes de todos los niveles, pobladores y capas medias. Esta coyuntura abre la posibilidad de promover paralelamente una profunda revisión y erradicación de las prácticas corruptas y perversas que han contaminado a parte del movimiento sindical, campesino y popular, y a la izquierda electoral misma.

Asimismo, propone hacer de esta crisis un punto de inflexión y luchar por que se adopten medidas que encaminen al país hacia una profunda transformación del Estado, así como al impulso de un modelo de desarrollo que favorezca a la población que hasta ahora ha sido excluida. En ese sentido, nuestras demandas deben encaminarse a:

1. La desmilitarización del Estado, la desarticulación total de todas las estructuras criminales dentro de éste, desde lo nacional hasta lo municipal y local, el encausamiento judicial de sus miembros (empresarios, políticos, militares y ex militares, funcionarios públicos y abogados) y el desmantelamiento de los mecanismos estructurales de la corrupción.

2.    El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo, dirigentes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios de la lucha de resistencia y defensa del territorio.

3. La suspensión de las elecciones generales y aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que garantice: a) la participación en condiciones de equidad de las mujeres y de los pueblos mayas, xinca y garífuna con candidaturas definidas de acuerdo a su condición de género y a sus propias normativas, independientes de los partidos políticos; b) el cambio de las actuales circunscripciones electorales por otras que tengan en cuenta las territorialidades de los pueblos mayas, garífuna y xinca para garantizar su representación; c) la prohibición del financiamiento privado a los partidos políticos y establecer mecanismos fiscalizadores eficaces; d) el reforzamiento de la capacidad coercitiva del TSE en relación a delitos e infracciones en materia electoral.

4. La renuncia del Ejecutivo en pleno y el establecimiento de un gobierno de transición, emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas.

5. La convocatoria a una Asamblea Nacional Popular Constituyente que impulse el proceso de refundación del Estado, a fin de construir uno social y plurinacional, democrático y participativo, anti patriarcal, respetuoso de la naturaleza y que garantice la libre autodeterminación de los pueblos que lo integren.

5. La derogación de toda la legislación lesiva que posibilita la entrega de los bienes y recursos públicos y de las comunidades, y que lesiona los intereses de la clase trabajadora, comunidades, pueblos indígenas y mestizos. Asimismo, suspensión del Congreso de la República.

Finalmente, el PGT llama a los trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, empleados, estudiantes, profesionales, capas medias urbanas y pueblo en general, a redoblar e intensificar la lucha por sus demandas específicas, a sumarse e impulsar la lucha política frente a la crisis.

Por Guatemala, la revolución y el socialismo
 

Partido Guatemalteco del Trabajo

Guatemala, mayo de 2015.

jueves, 30 de abril de 2015

POR UN 1 DE MAYO REVOLUCIONARIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

El Comité de Mujeres Comunistas ROSA LUXEMBURGO, en una nueva conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, en el que recordamos la masacre de sindicalistas ocurrida en Chicago en el año 1886, saludamos con solidaridad a todo el pueblo trabajador y, en particular,  a las mujeres trabajadoras de Guatemala, quienes vivimos distintas formas de explotación, dominio y opresión por el sistema capitalista patriarcal. Conmemoramos en este  Primero de Mayo la lucha histórica y heroica de millones de trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo, que año tras año han batallado para el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestra clase y nuestro género y por levantar nuestro proyecto político emancipatorio.

Las mujeres trabajadoras vivimos formas abominables de dominación, discriminación, racismo y sobreexplotación por el sistema capitalista patriarcal oligárquico-militar, que nos sigue condenando a la pobreza, a la desigualdad, a la invisibilización de nuestro trabajo y a la precariedad laboral, en desiguales condiciones que el resto de la clase trabajadora. Para corroborarlo basten algunas estadísticas de fuentes nacionales y organismos internacionales.

1.     POBREZA: Del  53.71% de la población guatemalteca que vive en pobreza  las mujeres representamos la mayoría (el 51%), y el 30.8% de los hogares con jefatura femenina se encuentran en la misma situación. Esto es, las mujeres somos las más vulnerables en cuanto a la pobreza se refiere, tendencia que ha venido acrecentándose con el capitalismo neoliberal.  

2.     DESVOLORIZACIÓN SOCIAL Y BAJAS REMUNERACIONES: Nuestro trabajo no se valora socialmente ni se nos remunera el trabajo en el hogar que garantiza la reproducción de nuestras familias y, por consiguiente, de nuestra clase social. Cuando accedemos al mercado de trabajo nuestras condiciones laborales son peores a las de los hombres, y además, sufrimos diversas formas de violencia, como el acoso y la violencia sexual. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registra que solamente el 19% de las mujeres participamos en el empleo agrícola, esto es: invisibiliza el aporte de todas las mujeres rurales que trabajamos la tierra.  En las fincas en las que se producen caña y palma aceitera, nos ven como complemento del trabajo de los esposos y padres. Además, tenemos un menor acceso a los trabajos remunerados en comparación con los hombres: solamente accedemos un 44.5% de las mujeres, mientras que el porcentaje de hombre es del 63.8%. Nuestros puestos de trabajo suelen tener menor calificación y peor remuneración en el sector informal, sin goce de prestaciones y seguro social, como sucede cuando somos trabajadoras de casa particular. La desigualdad y la sobreexplotación se expresa si tenemos en cuenta que las mujeres tenemos un promedio salarial 19 por ciento menor que el que perciben los hombres, según datos de ONUMUJERES para el año 2014.  

3.     DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD POR ORIGEN ÉTNICO: Las condiciones laborales de las mujeres indígenas son aún más inequitativas. Además del patriarcado, enfrentamos el racismo. El 64% de las mujeres mayas, xincas y garífunas somos predominantemente trabajadoras  no remuneradas, y solamente el 6.5% somos propietarias de la tierra y, en general, no tenemos acceso a recursos productivos como créditos, asesoría técnica e insumos.

4.     UBICACIÓN EN SECTORES PRODUCTIVOS MÁS DESREGULARIZADOS: Según la Comisión Beijing + 20 Guatemala, en maquilas trabajamos más de 80,000 mujeres. Las trabajadoras de casa particular ascendemos a 190,000. Las mujeres en el trabajo agrícola sumamos 400,000. La economía independiente, sin ningún derecho laboral, llega al 75%  de la población trabajadora, en donde nos encontramos un millón de mujeres vendiendo por catálogo.

Estas son apenas algunas cifras que nos indican que somos muchas, diversas, pero con condiciones laborales similares que nos unifican como mujeres trabajadoras que aportamos a la economía y a la sociedad.

La situación en que vivimos hoy las mujeres trabajadoras de Guatemala es el resultado del sistema capitalista patriarcal, ahora en su fase neoliberal, que impera en el país, sustentado en la  alianza oligárquica-empresarial-militar que ha gobernado por más de un siglo, y que a través de distintos mecanismos como el despojo de nuestros territorios, la concentración de la riqueza producida socialmente, la corrupción, la represión y criminalización de las luchas sociales, la evasión de impuestos, la vulneración sistemática de nuestros  derechos laborales, nos ha llevado  a la pauperización, al abandono del país y de nuestros hijos e hijas, a la miseria, a la muerte. Por si fuera poco, esta misma oligarquía empresarial y militar, desea vulnerar aún más nuestros derechos con iniciativas de leyes como la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, La Ley Regulatoria del Trabajo por Hora o la Ley Marco del Sistema Nacional para la Competitividad y Productividad, con el fin de acrecentar más sus ganancias con privilegios fiscales y condiciones laborales deplorables y salarios de hambre.

Por todo lo anterior, las mujeres comunistas de Guatemala queremos hacer un llamamiento en este PRIMERO DE MAYO a la organización y unidad de la clase trabajadora y, en especial, de las mujeres de nuestra clase para:

·         Seguir reivindicando nuestros derechos y caminar juntas hacia una profunda transformación social que acabe con el orden capitalista, racista y patriarcal que nos oprime y nos explota.

·         Romper con la impunidad  con la que la burguesía, empresarios, finqueros, militares y en general todos y todas los empleadores actúan, vulnerando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores a través de las violaciones de la legislación nacional e internacional, e imponiendo nuevas leyes que reducen nuestros derechos.

·         Impulsar la contabilidad en el producto nacional bruto del trabajo reproductivo o de cuidados que hacemos todas las mujeres. 

·         Seguir luchando por la vigencia y respeto de derechos y prestaciones laborales, el seguro social universal, las mejoras salariales y de nuestras condiciones como trabajadoras.

¡Por la autodeterminación de las mujeres frente a las diversas violencias y opresiones del patriarcado y el capital!
¡Por un mundo donde seamos socialmente iguales!
¡Por la Revolución y el socialismo!

Comité de Mujeres Comunistas “ROSA LUXEMBURGO”

Guatemala, 1 de mayo del 2015

miércoles, 22 de abril de 2015

REDES MAFIOSAS EN EL GOBIERNO DE GUATEMALA

El Estado contrainsurgente sigue presente, y también la explotación a la clase trabajadora

Acaba de descubrirse una red mafiosa que operaba en el corazón mismo del Estado. ¡Buena noticia!, sin dudas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, junto con el Ministerio Público, lograron capturar la red denominada “La Línea”, donde actuaban importantes personajes ligados al gobierno: el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y su ex director, el Secretario Privado de la Vicepresidencia y otros funcionarios de rango medio, entre ellos el Secretario General del Sindicato de la SAT. En concreto: se trataba de un grupo criminal dedicado a la defraudación tributaria.

La lucha contra la impunidad siempre debe ser aplaudida. Pero en este caso, no debemos quedarnos sólo con lo que se mostró en la prensa. Eso es parte del paquete mediático.

El actual equipo gobernante, manejado básicamente por el binomio presidencial -Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, más allá de representar una clara posición de derecha conservadora y furiosamente anticomunista, no tiene una propuesta programática. Pareciera que el objetivo básico de la actual administración del Partido Patriota es ocupar espacios de poder para continuar sus propios negocios corporativos, ligados a grupos clandestinos que siguen moviéndose con la lógica de la contrainsurgencia de los años del enfrentamiento armado. De esa cuenta, actividades como el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el tráfico de personas, más los amañados contratos leoninos como prestadores de servicios públicos, entre otras actividades delictivas, son parte de sus “negocios”, apañados desde el poder del Estado. La impunidad está a la orden del día en todo esto, nada ha cambiado, y se opera desde altos niveles de poder en el ámbito público y privado.

De hecho, todos estos grupos surgidos de la guerra interna, que ocuparon la dirección del país en los años del conflicto armado, siguen manejando sus asuntos con la misma lógica militar y en el secretismo (ahora, como grupos clandestinos). Por lo pronto, se convirtieron en una nueva expresión de la burguesía que ya le disputa cuotas de poder económico y político a la oligarquía tradicional. El presidente y la vicepresidente son una clara representación del ascenso de esos sectores de “nuevos ricos” (con mansiones, cadenas de oro y caballos de carrera).

Eso, a veces, entra en contradicción con los sectores tradicionales de la burguesía, especialmente con aquella fracción oligárquica. Las luchas entre facciones de poder (de la derecha empresarial) están presentes. Aunque también, como clase, no dejan de beneficiarse mutuamente. La defraudación tributaria que se desbarató ahora, de la que el Poder Ejecutivo trata vanamente de tomar distancia para no salir manchado, permitió que se enriquecieran algunos grupos corruptos asociados al Partido Patriota, militares, empresarios y funcionarios. Pero también permitió a una gran cantidad de empresarios ser parte de estas prácticas corruptas y burlarse del fisco; con la evasión lo que hacen es burlarse de los trabajadores quienes, no obstante ser los creadores de la riqueza a través de su trabajo cotidiano, carecen de los servicios públicos esenciales o acceden a servicios profundamente deficientes y en crisis (como se constata en salud y educación), siendo que el Estado está corroído y quebrado tanto por redes corruptas y criminales, como por una burguesía que utiliza los bajos impuestos, las exenciones y la evasión como forma de mantener sus altos niveles de enriquecimiento.

Más allá de la corrupción -profunda- en el actual equipo de gobierno, hay mucho de aparatoso montaje en los medios de comunicación. No sería imposible que en una propuesta de “lavado de cara” para el mafioso capitalismo que campea en el país, la embajada del imperio estadounidense apueste por una “nueva imagen”, mostrando que la impunidad puede combatirse, y que la actual situación caótica en que se encuentra Guatemala se debe, en definitiva, a una serie de “políticos corruptos” que nos engañan. De ahí su coincidencia con la oligarquía (CACIF) en la “exigencia” para que continúe la CICIG y en que la situación política no debilite la institucionalidad y la “gobernabilidad” que garantice el relevo de autoridades gubernamentales por la vía electoral.

Se conocieron los nombres de la gente allegada a la Vicepresidente, los que ahora están presos, prófugos o con cuestionables medidas sustitutivas (fianzas, arrestos domiciliarios), pero no se conoció un solo nombre de empresarios que también se benefician -¡más que nadie!- de la red de fraude tributario. O sea: una imagen de transparencia -que ratifica la necesidad de la CICIG en el país- para seguir con más de lo mismo: explotación inmisericorde, salarios diferenciados (¡rebajados!, para decirlo claramente), industrias extractivas (mineras, hidroeléctricas) por todos lados, y monocultivos como los agro combustibles a expensas de las tierras para el cultivo de alimentos.

Aplaudimos la lucha contra la impunidad, pero pensamos que no se puede quedar sólo en eso. La situación actual, a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral, ha dejado en seria crisis al partido de gobierno. La renuncia de su candidato presidencial agita las aguas. Aunque ¡cuidado! Lavar un poco la cara, pedir la renuncia del presidente y la vicepresidente como ya algunos sectores lo están haciendo, haber desarticulado sólo una parte de la red de evasión fiscal es insuficiente.

Como trabajadores y comunistas debemos tener muy claro que la impunidad es un síntoma consustancial al sistema capitalista. Luchar sólo contra ese síntoma y pensar que con la detención de un grupo criminal como el actual se terminan los problemas, es iluso. Si el binomio presidencial renunciara, eso no traería aparejado ningún cambio real para la clase trabajadora. Como tampoco lo traerán las próximas elecciones de septiembre, donde a lo sumo como campo popular podremos disputar algunas alcaldías para ayudar a la acumulación de fuerzas, pero no más que eso.

El sistema político actual de Guatemala está colapsado, sin dudas. Eso, de todos modos, no es más que la expresión del colapso del sistema capitalista y su incapacidad para resolver los graves problemas nacionales y para lograr las transformaciones de fondo, de raíz, que requiere nuestro país. El principal problema no es ni la impunidad ni la corrupción (sin dejar de considerar que esas son lacras abominables y se debe luchar contra ellas). ¡Es el sistema de explotación en su conjunto! Como dijo Carlos Marx en 1850: “No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva.”


Partido Guatemalteco del Trabajo
¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!


lunes, 6 de abril de 2015

Universidad pública ¿versus? universidad privada

Por María del Carmen Culajay

Desde hace unos cuantos años ya pasó a ser común el prejuicio por el que consideramos de excelente calidad todo lo que sea iniciativa privada, mientras que vemos malo, corrupto e  ineficiente todo lo que sea público. Por supuesto que, como todo prejuicio, exagera determinadas características, generalizando indebidamente sin criterios críticos. Lo cierto es que, una vez puestos a circular, esos prejuicios son muy difíciles, cuando no imposible, de contrarrestar. No cabe ninguna duda entonces que, hoy por hoy, y no sólo en Guatemala, hablar de lo público es sinónimo de ineficiencia y corrupción.

Ahora bien: ¿de dónde sale ese mito? Definitivamente va de la mano del triunfo omnímodo del capital transnacional que tiene lugar en estas últimas décadas, tras la caída del muro de Berlín y la extinción del campo socialista soviético. Allí se entroniza el mito de la eficiencia de la empresa privada: la globalización de la que comienza a hablarse es la del capital triunfador sin enemigos que le hagan sombra. Más allá que sea eficiente para ganar dinero y no otra cosa, el mito que se ha repetido hasta el hartazgo es que lo privado trabaja mejor que la iniciativa pública, no desperdicia, no derrocha, se busca la calidad sobre todo, elimina el burocratismo y la pérdida de tiempo, es hiper productivo. En definitiva: ganador exitoso sobre perdedor decadente.

Bueno…, sin dudas que eso es mito, porque en lo que es eficiente es en lo primero: en ganar dinero. Lo demás: no cuenta. Si para obtener ganancias tiene que explotar el trabajo de miles y miles de trabajadores o destruir la naturaleza, ello es apenas una consecuencia colateral. La obtención de ganancias lo justifica todo. Luego se encargará la mentira mediática de arreglar las cosas.

Sin dudas que lo estatal, lo público, puede ser ineficiente, pesado y burocrático; ejemplos sobran, por supuesto. Pero con objetividad hay que decir que entre los dos modelos, lo público al menos tiene la intención de beneficiar al colectivo; la empresa privada sólo beneficia a sus dueños, lo cual ya marca un límite insalvable.
Todas estas características también están presentes si hablamos de la universidad. ¿Para qué hay universidades privadas? Ante todo, como con cualquier empresa privada (un fabricante de bicicletas, de automóviles o de electrodomésticos, un call center o un motel por horas, etc., etc.): ¡para ganar dinero! Secundariamente vendrá todo lo demás: la excelencia académica, el compromiso con los problemas de la realidad nacional, el prestigio, la tradición. Vendrán… a veces, porque no todas las universidades privadas lo alcanzan; en muchas lo único que prima es lo de la ganancia, y repetir la ideología.

Aunque parezca mentira y sea muy duro decirlo así, nunca hay que perderlo de vista: una empresa lucrativa busca, antes que nada, lucrar. Por eso en una universidad privada no importará si se explota a sus trabajadores (incluidos los académicos, claro está), si se cobran sin miramientos todos y cada uno de los servicios que se venden a precio prohibitivo (cursos, exámenes, ropa, distintivos y banderines). Si la consigna es lucrar, hay que cuidar al cliente que es el que paga. ¿El cliente siempre tiene la razón? Bueno, eso explica por qué tan pocos alumnos pierden clases, y en general todo el mundo gana con buenas notas, siempre muy por arriba del promedio de las públicas.

Si vemos las cosas desde la maniquea concepción que el discurso ideológico fue forjando estos últimos años en términos de “buenos” y “malos”, está claro dónde está la universidad pública y dónde la privada.

Lo que resulta evidente es que en nuestro país la formación universitaria sigue siendo un lujo que muy pocos alcanzan: no pasa del 5% del total de la población nacional. Eso ya es vergonzoso en sí mismo. Ahora bien: la universidad pública –por cierto, con un considerable prestigio tras de sí, una de las más viejas del continente– ha sido un importante factor de desarrollo, aportando en la construcción de nuestra sociedad. Si hoy día está así de deteriorada, copada por mafias que la van transformando en una suerte de universidad privada sui generis donde se venden títulos y todo se maneja por politiquería y compadrazgo, sin proyecto académico real, casi sin investigación, con puras foto-copias y entronización del “copy/paste” (¡no sólo en los alumnos!), es porque los tiempos del libre mercado y la entronización de la empresa privada también llegaron a ella. ¿Cuántos profesores y alumnos críticos fueron desaparecidos durante los años de la feroz represión?

Grandes universidades del mundo, prestigiosas y de gran nivel técnico, son públicas. ¿Cuál sería el impedimento para que una universidad del Estado no pudiera ser de alto nivel? Obviamente: ninguno. Lo que está sucediendo en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala es, igual que en todos los países de nuestra América Latina, un proceso de vaciamiento intelectual y un triunfo de los ideales privatizadores y neoliberales que permitieron que en el lapso de unos pocos años florecieran universidades privadas como hongo, muchas de ellas no pasando de ser “universidades de garage”. Repito: ¡mito de la eficiencia!

¿Necesitamos en Guatemala una docena de casas de altos estudios? Evidentemente ahí hay un juego perverso: un país donde apenas una muy reducida élite llega a la universidad y donde la población general presenta aún tasas de analfabetismo de más del 20%, se podría bastar perfectamente con una sola universidad pública bien equipada. ¿Por qué esa proliferación de “tiendecitas” universitarias que no para? ¿Quién asegura la calidad ahí?

Como en todo este discurso puesto de moda y ya entronizado en estos últimos años: hablar de lo privado es, supuestamente, sinónimo de calidad. En la formación universitaria eso ni se discute: las priva-das están limpitas, con buenos jardines y computadoras para todos los alumnos, y quienes allí van llegan siempre con buenos carros. Ah, y los profeso-res tienen todos posgrados y hablan muy bien inglés… Pero… ¿es eso garantía de lo que realmente necesita el país? ¿Universidades que se encargan de preparar buenos técnicos que hablan bien en inglés y piensan obstinadamente sólo en ganar dinero? ¿Universidades que se jactan de ser parte de esa élite de afortunados que no tienen que trabajar desde los 18 años? Llamar a la defensa de lo público no es bajar el nivel: ¡es subir infinitamente el nivel más allá de ese cuestionable mito de la eficiencia privada! Los grandes institutos de investigación científica en innumerables casos pertenecen a casas de estudios superiores estatales. ¿Por qué no podría ser así?

La universidad, en tanto una de las instituciones más importantes de un país, tiene la obligación de ser parte fundamental de su proyecto como nación, contribuir con ideas, acciones y profesionales que vayan más allá de su tiendecita; la universidad es la cabeza pensante del proyecto político-social de un colectivo. Si no, es una formadora de maquinitas de ganar dinero (despreciando a quienes no entran en ese selecto club), y no pasa de ser una empresa lucrativa más desperdiciando todo su potencial intelectual. Y en esa perspectiva, la producción científica sigue estando al servicio de la empresa lucrativa, pero no de las mayorías.

Si nuestra San Carlos, la pública, está convertida hoy en esa cosa amorfa sin proyecto, llena de corruptos e ineficientes, botín de guerra para muchos, disputada como trofeo de caza y no para generar ciencia e investigación de verdad, con profesores advenedizos e improvisados en muchos casos (no todos, obviamente), no es porque el Estado sea forzosamente corrupto e ineficiente: es porque grupos de poder están interesados en que eso así sea. Las fuerzas armadas, ¡que son públicas!, son eficientes a la hora de hacer su trabajo; de eso no caben dudas. La universidad puede –digámoslo sin tapujos: ¡debe!– ser una vanguardia de ideas, crítica, amplia, universal. Si no, no se diferencia de una fábrica de bicicletas, de un call center… o de un motel.

En Camino Socialista, No 4, Año 2, 2015.



miércoles, 25 de marzo de 2015

¡ALTO A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO!

Los y las Comunistas de Guatemala nos manifestamos públicamente CONTRA LA AGRESIÓN ESTADOUNIDENSE al Gobierno y el Pueblo venezolano. Por ningún motivo debemos tolerar la política injerencista y la amenaza de agresión belicista del gobierno yanqui que recién movilizó recursos y escasas voluntades de traidores militares para dar un gol-pe de Estado al Presidente Nicolás Maduro y detener los avances revolucionario en Venezuela.

El 12 de febrero recién pasado el Presidente de Venezuela denunció ante el mundo que los cuerpos de seguridad venezolanos habían frustrado un golpe de Estado para derrocarlo. El golpe ha sido auspiciado, financiado y dirigido por el Departamento de Estado de EEUU, a través de entidades políticas disfrazadas de promotoras de la democracia. Para este fin, como lo han hecho en el pasado en otros países latinoamericanos, los yanquis se han apoyado en militares y empresarios traidores.

El fracasado golpe de Estado sustituyó la intentona insurreccional de la burguesía reaccionaria venezolana que promovió en dos ocasiones el derrocamiento del Presidente Maduro por medio de movilizaciones agresivas y violentas con saldo mortal y destrucción de infraestructura urbana. También esas salvajes movilizaciones terminaron derrotadas.

El gobierno gringo califica a Venezuela como "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses", para intimidar y justificar la intervención militar en territorio bolivariano. EEUU ha movilizado la llamada Cuarta Flota integrada por barcos y un portaaviones con armamento nuclear. Ya enunció que su presencia militar se incrementará a 3 mil 200 solados en Perú, sumado a su presencia militar de alto nivel en Colombia. Evidentemente los agresores norteamericanos no están jugando. Están preparando su próximo zarpazo político o militar al estilo de lo hecho antes den Granada, Panamá y Guatemala. Buscan amedrentar al pueblo venezolano a través de intentar un cambio en la correlación de fuerzas que favorezca a la vendida y lacaya burguesía.

Importantes grupos de países y representantes de di-versos y numerosos pueblos han manifestado su apoyo solidario al Gobierno del Presidente Maduro y al pueblo de Venezuela. Se destacan UNASUR, la ALBA, el Movimiento de Países No Alineados, del Grupo de los 77 + China, Rusia y China y los pueblos de Asia, África y Europa. Con Venezuela está el mundo anti imperialista. El imperialismo yanqui tiene que tomarlo en cuenta antes de cometer otra medida injerencista contra el gobierno revolucionario venezolano.

Nosotros, los y las comunistas de Guatemala, reiteramos nuestras muestras de solidaridad revolucionaria. Saludamos la valentía del Pueblo y el Gobierno venezolanos. Y apoyamos y nos sumamos a los esfuerzos de nuestros hermanos organizados en el Partido Socialista Unificado de Venezuela y el glorioso Partido Comunista de Venezuela.


Defender los cambios revolucionarios en la Patria de Bolívar es defender la vida, la paz y la verdadera democracia en Latinoamérica. Debemos estar alerta y prestos para volcar nuestra solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano. 

¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!

PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO