lunes, 15 de junio de 2015

A INTENSIFICAR LA LUCHA POR LA TRANSFORMACION RADICAL DEL ESTADO

La crisis política desatada a partir de las acciones de la CICIG y del MP para desarticular la estructura criminal conocida como La Línea y, posteriormente, la red insertada en el IGSS, revela que el Estado se encuentra cautivo por organizaciones mafiosas desde sus más altos niveles. Esta crisis es expresión de la grave situación estructural del Estado neoliberal-mafioso guatemalteco.

La Embajada Yanqui y el CACIF impulsan una “salida controlada” de la crisis, con el propósito de garantizar la dominación burguesa neoliberal. Otra propuesta de salida a la crisis plantea el saneamiento de instituciones estatales corruptas, enjuiciar corruptos, reformas legales y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Nuestro Partido manifiesta su apoyo incondicional a las movilizaciones ciudadanas. Planteamos la necesidad de profundizar su carácter popular mediante la participación articulada de las clases trabajadoras, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, profesionales e intelectuales democráticos y revolucionarios.

El PGT propone hacer de esta crisis un punto de inflexión para la transformación profunda del Estado y el impulso de un modelo de desarrollo que favorezca a la población excluida, explotada y oprimida. En ese sentido llamamos a luchar por:

1) La desmilitarización del Estado y la desarticulación total de todas las estructuras criminales dentro de éste. 2) El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo y sus dirigentes. 3) El cese de agresiones e intimidaciones contra el movimiento ciudadano. 4) La suspensión de las elecciones generales y la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. 5) La renuncia del Ejecutivo y el establecimiento de un gobierno de transición, emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas progresistas. 6) La derogación de toda la legislación lesiva a los intereses nacionales, de los trabajadores y pueblos indígenas. 7) La suspensión del actual Congreso de la República y el saneamiento del Organismo Judicial. 8) La convocatoria a una Asamblea Nacional Popular Constituyente que impulse el proceso de refundación del Estado, a fin de construir uno plurinacional, democrático, popular y anti patriarcal, respetuoso de la naturaleza y que garantice la libre determinación de los pueblos. 9)  El cese de la política injerencista de Estados Unidos a través de su embajada, fuerzas militares y sus agencias.

El PGT reitera  su llamado a intensificar la lucha política por la transformación radical del Estado y forjar el programa democrático, popular y revolucionario que Guatemala necesita.


¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!
Partido Guatemalteco del Trabajo

Junio de 2015

viernes, 29 de mayo de 2015

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO FRENTE A LA CRISIS POLÍTICA ACTUAL

La crisis política desatada a partir de las acciones de la CICIG y del MP para desarticular la estructura criminal conocida como La Línea y, posteriormente, la red insertada en el IGSS, revela que el Estado se encuentra penetrado y cautivo por esta clase de organizaciones mafiosas desde los más altos niveles del poder político. Ambas surgen hace aproximadamente cuatro décadas, en el marco de la alianza contrainsurgente de la oligarquía y la cúpula militar, con el decidido apoyo de Estados Unidos.

En ese contexto, la cúpula militar y oficiales medios del ejército crearon estructuras criminales de  narcotráfico, defraudación tributaria, tráfico de armas, trata de personas y contrabando. El ejército se convirtió, poco a poco, en un factor real de poder político y económico mediante la acumulación de capital ilícito. Éstos son los cimientos del Estado burgués contrainsurgente militarizado, controlado por la oligarquía, la cúpula militar y sus mafias del crimen organizado.

La transición política iniciada en 1985 reconfiguró el Estado: el Estado contrainsurgente-mafioso fue reconvertido en un Estado neoliberal-mafioso y represivo, cuyo control político le disputan la oligarquía y la “burguesía modernizante” a la cúpula y oficialidad militar contrainsurgente y al crimen organizado. Las acciones de Arzú contra la “Red Moreno” y el “Grupo Salvavidas” en 1996 fueron expresión de esa disputa, truncadas al comprobarse que los principales beneficiados de esa red eran financistas del Partido de Avanzada Nacional (PAN), a través del cual Arzú llegó a la Presidencia de la República.

La función de ese Estado reconvertido es garantizar el desarrollo del capitalismo neoliberal y la expansión del capital transnacional en el país. Para ello, se mantienen las estructuras contrainsurgentes (sobre todo las de inteligencia) dirigidas a reprimir, en alianza con empresas y aparatos privados de inteligencia y seguridad, las manifestaciones de lucha contra el capitalismo neoliberal, el despojo y la transnacionalización de los recursos y bienes públicos.

La crisis política desatada a raíz de la desarticulación de una parte de estas redes criminales, es expresión de la profunda crisis estructural en la que se encuentra inmerso el Estado neoliberal-mafioso, controlado por grandes grupos corporativos y el crimen organizado; es manifestación de la lucha entre los grupos de poder que lo controlan. Profundiza la crisis del capitalismo neoliberal en Guatemala, derivado de sus efectos desastrosos y las movilizaciones populares contra este modelo depredador, que aumentan día a día.

La clave está en cómo resolverla. Hasta ahora se han revelado con claridad dos propuestas: una “salida controlada” por la clase dominante en alianza con los EE.UU., y una salida que permita por lo menos sanear y democratizar el Estado y sus instituciones. Sin embargo, en el horizonte comienza a atisbarse la demanda por una refundación radical del Estado, expresada por un sujeto social interétnico e interclasista que consolida sus rasgos en la actual coyuntura.

Con la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y la posterior designación de Alejandro Maldonado Aguirre al cargo (un personaje con pasado oscuro, del derechista y desaparecido MLN, vinculado con escuadrones de la muerte en los años de 1960-1970), se busca imponer la “salida controlada” por la Embajada de Estados Unidos y el CACIF. En esta salida a la crisis la CICIG ha jugado un papel vital desde la revelación de La Línea. Esta maniobra tiene el propósito fundamental de garantizar la continuidad del proyecto neoliberal y la hegemonía y dominación de la burguesía, la cúpula militar y EE.UU.

La otra propuesta plantea el saneamiento de las instituciones, incluidos los partidos políticos, además de la exigencia de enjuiciar a todos aquellos vinculados a esas estructuras criminales; se centra en la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, dentro de los parámetros actuales. Entre estas dos propuestas hay un abanico de planteamientos que se acercan o alejan de la demanda de refundación radical del Estado.

Desde nuestra perspectiva, ninguna de las dos primeras salidas a la crisis es la solución a los grandes problemas del país. Por una parte, la “salida controlada” sólo garantiza la continuidad del proyecto neoliberal, de los grandes negocios, del despojo de los bienes y recursos públicos y de las comunidades; asegura el control del Estado por el poder económico tradicional, el emergente y las mafias. Por otra, la segunda propuesta se reduce al saneamiento institucional, a la reforma de las reglas del juego político y de la Constitución.

El Partido Guatemalteco del Trabajo manifiesta su apoyo incondicional a las amplias movilizaciones ciudadanas protagonizadas por las capas medias urbanas de la ciudad capital y de varios departamentos y las importantes movilizaciones que han protagonizado asimismo el movimiento campesino, indígena y popular; a las demandas que buscan sanear las instituciones, reformar el Estado y enjuiciar a todos los implicados en las estructuras criminales conformadas por empresarios, políticos, funcionarios públicos, oficiales y ex oficiales del ejército reinsertados en toda la institucionalidad civil del Estado durante el actual gobierno, expresión política contemporánea del militarismo contrainsurgente.

Al mismo tiempo, el PGT plantea la necesidad de profundizar estas movilizaciones; convertirlas en un amplio movimiento popular, de la ciudad y el campo, de trabajadores y trabajadoras, de comunidades y pueblos, empleados, estudiantes de todos los niveles, pobladores y capas medias. Esta coyuntura abre la posibilidad de promover paralelamente una profunda revisión y erradicación de las prácticas corruptas y perversas que han contaminado a parte del movimiento sindical, campesino y popular, y a la izquierda electoral misma.

Asimismo, propone hacer de esta crisis un punto de inflexión y luchar por que se adopten medidas que encaminen al país hacia una profunda transformación del Estado, así como al impulso de un modelo de desarrollo que favorezca a la población que hasta ahora ha sido excluida. En ese sentido, nuestras demandas deben encaminarse a:

1. La desmilitarización del Estado, la desarticulación total de todas las estructuras criminales dentro de éste, desde lo nacional hasta lo municipal y local, el encausamiento judicial de sus miembros (empresarios, políticos, militares y ex militares, funcionarios públicos y abogados) y el desmantelamiento de los mecanismos estructurales de la corrupción.

2.    El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo, dirigentes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes comunitarios de la lucha de resistencia y defensa del territorio.

3. La suspensión de las elecciones generales y aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que garantice: a) la participación en condiciones de equidad de las mujeres y de los pueblos mayas, xinca y garífuna con candidaturas definidas de acuerdo a su condición de género y a sus propias normativas, independientes de los partidos políticos; b) el cambio de las actuales circunscripciones electorales por otras que tengan en cuenta las territorialidades de los pueblos mayas, garífuna y xinca para garantizar su representación; c) la prohibición del financiamiento privado a los partidos políticos y establecer mecanismos fiscalizadores eficaces; d) el reforzamiento de la capacidad coercitiva del TSE en relación a delitos e infracciones en materia electoral.

4. La renuncia del Ejecutivo en pleno y el establecimiento de un gobierno de transición, emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas.

5. La convocatoria a una Asamblea Nacional Popular Constituyente que impulse el proceso de refundación del Estado, a fin de construir uno social y plurinacional, democrático y participativo, anti patriarcal, respetuoso de la naturaleza y que garantice la libre autodeterminación de los pueblos que lo integren.

5. La derogación de toda la legislación lesiva que posibilita la entrega de los bienes y recursos públicos y de las comunidades, y que lesiona los intereses de la clase trabajadora, comunidades, pueblos indígenas y mestizos. Asimismo, suspensión del Congreso de la República.

Finalmente, el PGT llama a los trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, empleados, estudiantes, profesionales, capas medias urbanas y pueblo en general, a redoblar e intensificar la lucha por sus demandas específicas, a sumarse e impulsar la lucha política frente a la crisis.

Por Guatemala, la revolución y el socialismo
 

Partido Guatemalteco del Trabajo

Guatemala, mayo de 2015.

jueves, 30 de abril de 2015

POR UN 1 DE MAYO REVOLUCIONARIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

El Comité de Mujeres Comunistas ROSA LUXEMBURGO, en una nueva conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, en el que recordamos la masacre de sindicalistas ocurrida en Chicago en el año 1886, saludamos con solidaridad a todo el pueblo trabajador y, en particular,  a las mujeres trabajadoras de Guatemala, quienes vivimos distintas formas de explotación, dominio y opresión por el sistema capitalista patriarcal. Conmemoramos en este  Primero de Mayo la lucha histórica y heroica de millones de trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo, que año tras año han batallado para el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestra clase y nuestro género y por levantar nuestro proyecto político emancipatorio.

Las mujeres trabajadoras vivimos formas abominables de dominación, discriminación, racismo y sobreexplotación por el sistema capitalista patriarcal oligárquico-militar, que nos sigue condenando a la pobreza, a la desigualdad, a la invisibilización de nuestro trabajo y a la precariedad laboral, en desiguales condiciones que el resto de la clase trabajadora. Para corroborarlo basten algunas estadísticas de fuentes nacionales y organismos internacionales.

1.     POBREZA: Del  53.71% de la población guatemalteca que vive en pobreza  las mujeres representamos la mayoría (el 51%), y el 30.8% de los hogares con jefatura femenina se encuentran en la misma situación. Esto es, las mujeres somos las más vulnerables en cuanto a la pobreza se refiere, tendencia que ha venido acrecentándose con el capitalismo neoliberal.  

2.     DESVOLORIZACIÓN SOCIAL Y BAJAS REMUNERACIONES: Nuestro trabajo no se valora socialmente ni se nos remunera el trabajo en el hogar que garantiza la reproducción de nuestras familias y, por consiguiente, de nuestra clase social. Cuando accedemos al mercado de trabajo nuestras condiciones laborales son peores a las de los hombres, y además, sufrimos diversas formas de violencia, como el acoso y la violencia sexual. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registra que solamente el 19% de las mujeres participamos en el empleo agrícola, esto es: invisibiliza el aporte de todas las mujeres rurales que trabajamos la tierra.  En las fincas en las que se producen caña y palma aceitera, nos ven como complemento del trabajo de los esposos y padres. Además, tenemos un menor acceso a los trabajos remunerados en comparación con los hombres: solamente accedemos un 44.5% de las mujeres, mientras que el porcentaje de hombre es del 63.8%. Nuestros puestos de trabajo suelen tener menor calificación y peor remuneración en el sector informal, sin goce de prestaciones y seguro social, como sucede cuando somos trabajadoras de casa particular. La desigualdad y la sobreexplotación se expresa si tenemos en cuenta que las mujeres tenemos un promedio salarial 19 por ciento menor que el que perciben los hombres, según datos de ONUMUJERES para el año 2014.  

3.     DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD POR ORIGEN ÉTNICO: Las condiciones laborales de las mujeres indígenas son aún más inequitativas. Además del patriarcado, enfrentamos el racismo. El 64% de las mujeres mayas, xincas y garífunas somos predominantemente trabajadoras  no remuneradas, y solamente el 6.5% somos propietarias de la tierra y, en general, no tenemos acceso a recursos productivos como créditos, asesoría técnica e insumos.

4.     UBICACIÓN EN SECTORES PRODUCTIVOS MÁS DESREGULARIZADOS: Según la Comisión Beijing + 20 Guatemala, en maquilas trabajamos más de 80,000 mujeres. Las trabajadoras de casa particular ascendemos a 190,000. Las mujeres en el trabajo agrícola sumamos 400,000. La economía independiente, sin ningún derecho laboral, llega al 75%  de la población trabajadora, en donde nos encontramos un millón de mujeres vendiendo por catálogo.

Estas son apenas algunas cifras que nos indican que somos muchas, diversas, pero con condiciones laborales similares que nos unifican como mujeres trabajadoras que aportamos a la economía y a la sociedad.

La situación en que vivimos hoy las mujeres trabajadoras de Guatemala es el resultado del sistema capitalista patriarcal, ahora en su fase neoliberal, que impera en el país, sustentado en la  alianza oligárquica-empresarial-militar que ha gobernado por más de un siglo, y que a través de distintos mecanismos como el despojo de nuestros territorios, la concentración de la riqueza producida socialmente, la corrupción, la represión y criminalización de las luchas sociales, la evasión de impuestos, la vulneración sistemática de nuestros  derechos laborales, nos ha llevado  a la pauperización, al abandono del país y de nuestros hijos e hijas, a la miseria, a la muerte. Por si fuera poco, esta misma oligarquía empresarial y militar, desea vulnerar aún más nuestros derechos con iniciativas de leyes como la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, La Ley Regulatoria del Trabajo por Hora o la Ley Marco del Sistema Nacional para la Competitividad y Productividad, con el fin de acrecentar más sus ganancias con privilegios fiscales y condiciones laborales deplorables y salarios de hambre.

Por todo lo anterior, las mujeres comunistas de Guatemala queremos hacer un llamamiento en este PRIMERO DE MAYO a la organización y unidad de la clase trabajadora y, en especial, de las mujeres de nuestra clase para:

·         Seguir reivindicando nuestros derechos y caminar juntas hacia una profunda transformación social que acabe con el orden capitalista, racista y patriarcal que nos oprime y nos explota.

·         Romper con la impunidad  con la que la burguesía, empresarios, finqueros, militares y en general todos y todas los empleadores actúan, vulnerando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores a través de las violaciones de la legislación nacional e internacional, e imponiendo nuevas leyes que reducen nuestros derechos.

·         Impulsar la contabilidad en el producto nacional bruto del trabajo reproductivo o de cuidados que hacemos todas las mujeres. 

·         Seguir luchando por la vigencia y respeto de derechos y prestaciones laborales, el seguro social universal, las mejoras salariales y de nuestras condiciones como trabajadoras.

¡Por la autodeterminación de las mujeres frente a las diversas violencias y opresiones del patriarcado y el capital!
¡Por un mundo donde seamos socialmente iguales!
¡Por la Revolución y el socialismo!

Comité de Mujeres Comunistas “ROSA LUXEMBURGO”

Guatemala, 1 de mayo del 2015

miércoles, 22 de abril de 2015

REDES MAFIOSAS EN EL GOBIERNO DE GUATEMALA

El Estado contrainsurgente sigue presente, y también la explotación a la clase trabajadora

Acaba de descubrirse una red mafiosa que operaba en el corazón mismo del Estado. ¡Buena noticia!, sin dudas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, junto con el Ministerio Público, lograron capturar la red denominada “La Línea”, donde actuaban importantes personajes ligados al gobierno: el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y su ex director, el Secretario Privado de la Vicepresidencia y otros funcionarios de rango medio, entre ellos el Secretario General del Sindicato de la SAT. En concreto: se trataba de un grupo criminal dedicado a la defraudación tributaria.

La lucha contra la impunidad siempre debe ser aplaudida. Pero en este caso, no debemos quedarnos sólo con lo que se mostró en la prensa. Eso es parte del paquete mediático.

El actual equipo gobernante, manejado básicamente por el binomio presidencial -Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, más allá de representar una clara posición de derecha conservadora y furiosamente anticomunista, no tiene una propuesta programática. Pareciera que el objetivo básico de la actual administración del Partido Patriota es ocupar espacios de poder para continuar sus propios negocios corporativos, ligados a grupos clandestinos que siguen moviéndose con la lógica de la contrainsurgencia de los años del enfrentamiento armado. De esa cuenta, actividades como el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el tráfico de personas, más los amañados contratos leoninos como prestadores de servicios públicos, entre otras actividades delictivas, son parte de sus “negocios”, apañados desde el poder del Estado. La impunidad está a la orden del día en todo esto, nada ha cambiado, y se opera desde altos niveles de poder en el ámbito público y privado.

De hecho, todos estos grupos surgidos de la guerra interna, que ocuparon la dirección del país en los años del conflicto armado, siguen manejando sus asuntos con la misma lógica militar y en el secretismo (ahora, como grupos clandestinos). Por lo pronto, se convirtieron en una nueva expresión de la burguesía que ya le disputa cuotas de poder económico y político a la oligarquía tradicional. El presidente y la vicepresidente son una clara representación del ascenso de esos sectores de “nuevos ricos” (con mansiones, cadenas de oro y caballos de carrera).

Eso, a veces, entra en contradicción con los sectores tradicionales de la burguesía, especialmente con aquella fracción oligárquica. Las luchas entre facciones de poder (de la derecha empresarial) están presentes. Aunque también, como clase, no dejan de beneficiarse mutuamente. La defraudación tributaria que se desbarató ahora, de la que el Poder Ejecutivo trata vanamente de tomar distancia para no salir manchado, permitió que se enriquecieran algunos grupos corruptos asociados al Partido Patriota, militares, empresarios y funcionarios. Pero también permitió a una gran cantidad de empresarios ser parte de estas prácticas corruptas y burlarse del fisco; con la evasión lo que hacen es burlarse de los trabajadores quienes, no obstante ser los creadores de la riqueza a través de su trabajo cotidiano, carecen de los servicios públicos esenciales o acceden a servicios profundamente deficientes y en crisis (como se constata en salud y educación), siendo que el Estado está corroído y quebrado tanto por redes corruptas y criminales, como por una burguesía que utiliza los bajos impuestos, las exenciones y la evasión como forma de mantener sus altos niveles de enriquecimiento.

Más allá de la corrupción -profunda- en el actual equipo de gobierno, hay mucho de aparatoso montaje en los medios de comunicación. No sería imposible que en una propuesta de “lavado de cara” para el mafioso capitalismo que campea en el país, la embajada del imperio estadounidense apueste por una “nueva imagen”, mostrando que la impunidad puede combatirse, y que la actual situación caótica en que se encuentra Guatemala se debe, en definitiva, a una serie de “políticos corruptos” que nos engañan. De ahí su coincidencia con la oligarquía (CACIF) en la “exigencia” para que continúe la CICIG y en que la situación política no debilite la institucionalidad y la “gobernabilidad” que garantice el relevo de autoridades gubernamentales por la vía electoral.

Se conocieron los nombres de la gente allegada a la Vicepresidente, los que ahora están presos, prófugos o con cuestionables medidas sustitutivas (fianzas, arrestos domiciliarios), pero no se conoció un solo nombre de empresarios que también se benefician -¡más que nadie!- de la red de fraude tributario. O sea: una imagen de transparencia -que ratifica la necesidad de la CICIG en el país- para seguir con más de lo mismo: explotación inmisericorde, salarios diferenciados (¡rebajados!, para decirlo claramente), industrias extractivas (mineras, hidroeléctricas) por todos lados, y monocultivos como los agro combustibles a expensas de las tierras para el cultivo de alimentos.

Aplaudimos la lucha contra la impunidad, pero pensamos que no se puede quedar sólo en eso. La situación actual, a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral, ha dejado en seria crisis al partido de gobierno. La renuncia de su candidato presidencial agita las aguas. Aunque ¡cuidado! Lavar un poco la cara, pedir la renuncia del presidente y la vicepresidente como ya algunos sectores lo están haciendo, haber desarticulado sólo una parte de la red de evasión fiscal es insuficiente.

Como trabajadores y comunistas debemos tener muy claro que la impunidad es un síntoma consustancial al sistema capitalista. Luchar sólo contra ese síntoma y pensar que con la detención de un grupo criminal como el actual se terminan los problemas, es iluso. Si el binomio presidencial renunciara, eso no traería aparejado ningún cambio real para la clase trabajadora. Como tampoco lo traerán las próximas elecciones de septiembre, donde a lo sumo como campo popular podremos disputar algunas alcaldías para ayudar a la acumulación de fuerzas, pero no más que eso.

El sistema político actual de Guatemala está colapsado, sin dudas. Eso, de todos modos, no es más que la expresión del colapso del sistema capitalista y su incapacidad para resolver los graves problemas nacionales y para lograr las transformaciones de fondo, de raíz, que requiere nuestro país. El principal problema no es ni la impunidad ni la corrupción (sin dejar de considerar que esas son lacras abominables y se debe luchar contra ellas). ¡Es el sistema de explotación en su conjunto! Como dijo Carlos Marx en 1850: “No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva.”


Partido Guatemalteco del Trabajo
¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!


lunes, 6 de abril de 2015

Universidad pública ¿versus? universidad privada

Por María del Carmen Culajay

Desde hace unos cuantos años ya pasó a ser común el prejuicio por el que consideramos de excelente calidad todo lo que sea iniciativa privada, mientras que vemos malo, corrupto e  ineficiente todo lo que sea público. Por supuesto que, como todo prejuicio, exagera determinadas características, generalizando indebidamente sin criterios críticos. Lo cierto es que, una vez puestos a circular, esos prejuicios son muy difíciles, cuando no imposible, de contrarrestar. No cabe ninguna duda entonces que, hoy por hoy, y no sólo en Guatemala, hablar de lo público es sinónimo de ineficiencia y corrupción.

Ahora bien: ¿de dónde sale ese mito? Definitivamente va de la mano del triunfo omnímodo del capital transnacional que tiene lugar en estas últimas décadas, tras la caída del muro de Berlín y la extinción del campo socialista soviético. Allí se entroniza el mito de la eficiencia de la empresa privada: la globalización de la que comienza a hablarse es la del capital triunfador sin enemigos que le hagan sombra. Más allá que sea eficiente para ganar dinero y no otra cosa, el mito que se ha repetido hasta el hartazgo es que lo privado trabaja mejor que la iniciativa pública, no desperdicia, no derrocha, se busca la calidad sobre todo, elimina el burocratismo y la pérdida de tiempo, es hiper productivo. En definitiva: ganador exitoso sobre perdedor decadente.

Bueno…, sin dudas que eso es mito, porque en lo que es eficiente es en lo primero: en ganar dinero. Lo demás: no cuenta. Si para obtener ganancias tiene que explotar el trabajo de miles y miles de trabajadores o destruir la naturaleza, ello es apenas una consecuencia colateral. La obtención de ganancias lo justifica todo. Luego se encargará la mentira mediática de arreglar las cosas.

Sin dudas que lo estatal, lo público, puede ser ineficiente, pesado y burocrático; ejemplos sobran, por supuesto. Pero con objetividad hay que decir que entre los dos modelos, lo público al menos tiene la intención de beneficiar al colectivo; la empresa privada sólo beneficia a sus dueños, lo cual ya marca un límite insalvable.
Todas estas características también están presentes si hablamos de la universidad. ¿Para qué hay universidades privadas? Ante todo, como con cualquier empresa privada (un fabricante de bicicletas, de automóviles o de electrodomésticos, un call center o un motel por horas, etc., etc.): ¡para ganar dinero! Secundariamente vendrá todo lo demás: la excelencia académica, el compromiso con los problemas de la realidad nacional, el prestigio, la tradición. Vendrán… a veces, porque no todas las universidades privadas lo alcanzan; en muchas lo único que prima es lo de la ganancia, y repetir la ideología.

Aunque parezca mentira y sea muy duro decirlo así, nunca hay que perderlo de vista: una empresa lucrativa busca, antes que nada, lucrar. Por eso en una universidad privada no importará si se explota a sus trabajadores (incluidos los académicos, claro está), si se cobran sin miramientos todos y cada uno de los servicios que se venden a precio prohibitivo (cursos, exámenes, ropa, distintivos y banderines). Si la consigna es lucrar, hay que cuidar al cliente que es el que paga. ¿El cliente siempre tiene la razón? Bueno, eso explica por qué tan pocos alumnos pierden clases, y en general todo el mundo gana con buenas notas, siempre muy por arriba del promedio de las públicas.

Si vemos las cosas desde la maniquea concepción que el discurso ideológico fue forjando estos últimos años en términos de “buenos” y “malos”, está claro dónde está la universidad pública y dónde la privada.

Lo que resulta evidente es que en nuestro país la formación universitaria sigue siendo un lujo que muy pocos alcanzan: no pasa del 5% del total de la población nacional. Eso ya es vergonzoso en sí mismo. Ahora bien: la universidad pública –por cierto, con un considerable prestigio tras de sí, una de las más viejas del continente– ha sido un importante factor de desarrollo, aportando en la construcción de nuestra sociedad. Si hoy día está así de deteriorada, copada por mafias que la van transformando en una suerte de universidad privada sui generis donde se venden títulos y todo se maneja por politiquería y compadrazgo, sin proyecto académico real, casi sin investigación, con puras foto-copias y entronización del “copy/paste” (¡no sólo en los alumnos!), es porque los tiempos del libre mercado y la entronización de la empresa privada también llegaron a ella. ¿Cuántos profesores y alumnos críticos fueron desaparecidos durante los años de la feroz represión?

Grandes universidades del mundo, prestigiosas y de gran nivel técnico, son públicas. ¿Cuál sería el impedimento para que una universidad del Estado no pudiera ser de alto nivel? Obviamente: ninguno. Lo que está sucediendo en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala es, igual que en todos los países de nuestra América Latina, un proceso de vaciamiento intelectual y un triunfo de los ideales privatizadores y neoliberales que permitieron que en el lapso de unos pocos años florecieran universidades privadas como hongo, muchas de ellas no pasando de ser “universidades de garage”. Repito: ¡mito de la eficiencia!

¿Necesitamos en Guatemala una docena de casas de altos estudios? Evidentemente ahí hay un juego perverso: un país donde apenas una muy reducida élite llega a la universidad y donde la población general presenta aún tasas de analfabetismo de más del 20%, se podría bastar perfectamente con una sola universidad pública bien equipada. ¿Por qué esa proliferación de “tiendecitas” universitarias que no para? ¿Quién asegura la calidad ahí?

Como en todo este discurso puesto de moda y ya entronizado en estos últimos años: hablar de lo privado es, supuestamente, sinónimo de calidad. En la formación universitaria eso ni se discute: las priva-das están limpitas, con buenos jardines y computadoras para todos los alumnos, y quienes allí van llegan siempre con buenos carros. Ah, y los profeso-res tienen todos posgrados y hablan muy bien inglés… Pero… ¿es eso garantía de lo que realmente necesita el país? ¿Universidades que se encargan de preparar buenos técnicos que hablan bien en inglés y piensan obstinadamente sólo en ganar dinero? ¿Universidades que se jactan de ser parte de esa élite de afortunados que no tienen que trabajar desde los 18 años? Llamar a la defensa de lo público no es bajar el nivel: ¡es subir infinitamente el nivel más allá de ese cuestionable mito de la eficiencia privada! Los grandes institutos de investigación científica en innumerables casos pertenecen a casas de estudios superiores estatales. ¿Por qué no podría ser así?

La universidad, en tanto una de las instituciones más importantes de un país, tiene la obligación de ser parte fundamental de su proyecto como nación, contribuir con ideas, acciones y profesionales que vayan más allá de su tiendecita; la universidad es la cabeza pensante del proyecto político-social de un colectivo. Si no, es una formadora de maquinitas de ganar dinero (despreciando a quienes no entran en ese selecto club), y no pasa de ser una empresa lucrativa más desperdiciando todo su potencial intelectual. Y en esa perspectiva, la producción científica sigue estando al servicio de la empresa lucrativa, pero no de las mayorías.

Si nuestra San Carlos, la pública, está convertida hoy en esa cosa amorfa sin proyecto, llena de corruptos e ineficientes, botín de guerra para muchos, disputada como trofeo de caza y no para generar ciencia e investigación de verdad, con profesores advenedizos e improvisados en muchos casos (no todos, obviamente), no es porque el Estado sea forzosamente corrupto e ineficiente: es porque grupos de poder están interesados en que eso así sea. Las fuerzas armadas, ¡que son públicas!, son eficientes a la hora de hacer su trabajo; de eso no caben dudas. La universidad puede –digámoslo sin tapujos: ¡debe!– ser una vanguardia de ideas, crítica, amplia, universal. Si no, no se diferencia de una fábrica de bicicletas, de un call center… o de un motel.

En Camino Socialista, No 4, Año 2, 2015.



miércoles, 25 de marzo de 2015

¡ALTO A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO!

Los y las Comunistas de Guatemala nos manifestamos públicamente CONTRA LA AGRESIÓN ESTADOUNIDENSE al Gobierno y el Pueblo venezolano. Por ningún motivo debemos tolerar la política injerencista y la amenaza de agresión belicista del gobierno yanqui que recién movilizó recursos y escasas voluntades de traidores militares para dar un gol-pe de Estado al Presidente Nicolás Maduro y detener los avances revolucionario en Venezuela.

El 12 de febrero recién pasado el Presidente de Venezuela denunció ante el mundo que los cuerpos de seguridad venezolanos habían frustrado un golpe de Estado para derrocarlo. El golpe ha sido auspiciado, financiado y dirigido por el Departamento de Estado de EEUU, a través de entidades políticas disfrazadas de promotoras de la democracia. Para este fin, como lo han hecho en el pasado en otros países latinoamericanos, los yanquis se han apoyado en militares y empresarios traidores.

El fracasado golpe de Estado sustituyó la intentona insurreccional de la burguesía reaccionaria venezolana que promovió en dos ocasiones el derrocamiento del Presidente Maduro por medio de movilizaciones agresivas y violentas con saldo mortal y destrucción de infraestructura urbana. También esas salvajes movilizaciones terminaron derrotadas.

El gobierno gringo califica a Venezuela como "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses", para intimidar y justificar la intervención militar en territorio bolivariano. EEUU ha movilizado la llamada Cuarta Flota integrada por barcos y un portaaviones con armamento nuclear. Ya enunció que su presencia militar se incrementará a 3 mil 200 solados en Perú, sumado a su presencia militar de alto nivel en Colombia. Evidentemente los agresores norteamericanos no están jugando. Están preparando su próximo zarpazo político o militar al estilo de lo hecho antes den Granada, Panamá y Guatemala. Buscan amedrentar al pueblo venezolano a través de intentar un cambio en la correlación de fuerzas que favorezca a la vendida y lacaya burguesía.

Importantes grupos de países y representantes de di-versos y numerosos pueblos han manifestado su apoyo solidario al Gobierno del Presidente Maduro y al pueblo de Venezuela. Se destacan UNASUR, la ALBA, el Movimiento de Países No Alineados, del Grupo de los 77 + China, Rusia y China y los pueblos de Asia, África y Europa. Con Venezuela está el mundo anti imperialista. El imperialismo yanqui tiene que tomarlo en cuenta antes de cometer otra medida injerencista contra el gobierno revolucionario venezolano.

Nosotros, los y las comunistas de Guatemala, reiteramos nuestras muestras de solidaridad revolucionaria. Saludamos la valentía del Pueblo y el Gobierno venezolanos. Y apoyamos y nos sumamos a los esfuerzos de nuestros hermanos organizados en el Partido Socialista Unificado de Venezuela y el glorioso Partido Comunista de Venezuela.


Defender los cambios revolucionarios en la Patria de Bolívar es defender la vida, la paz y la verdadera democracia en Latinoamérica. Debemos estar alerta y prestos para volcar nuestra solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano. 

¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!

PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO

jueves, 5 de marzo de 2015

POR UN OCHO DE MARZO REVOLUCIONARIO

Las mujeres comunistas de Guatemala conmemoramos la fecha del 8 de marzo recordando su origen: las jornadas de lucha que protagonizaron miles de mujeres obreras para exigir mejores condiciones de trabajo y de vida.  Fue Clara Zetkin, quien desde el pensamiento y las ideas socialistas acerca de la situación social de opresión de las mujeres, propone en 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrar en esa fecha UNA JORNADA INTERNACIONAL DEDICADA A LA MUJER.
El Comité de Mujeres Comunistas ROSA LUXEMBURGO saluda en este día a las mujeres guatemaltecas y del mundo, y en especial a las mujeres de la clase trabajadora y a las que luchan contra las diversas opresiones y violencias del patriarcado, el capitalismo y el imperialismo. Dedicamos esta jornada de lucha a recordar y reconocer a nuestras mártires.  Nuestro homenaje a todas las campesinas, proletarias, trabajadoras, que participaron y cayeron en las luchas revolucionarias contra el Estado opresor y el capitalismo. Ellas, como nosotras actualmente, buscaron la igualdad e inclusión de las reivindicaciones de las mujeres  en las propuestas de construcción de la sociedad socialista.
La mayoría de la población guatemalteca, y principalmente las mujeres, vivimos en una situación de pobreza, miseria, represión, violencia, inseguridad y discriminación. Esta situación se ha agravado en la nueva fase de acumulación de capital.  La voracidad de la burguesía nacional y los intereses de las empresas transnacionales se imponen sin misericordia. La respuesta del Estado a las luchas anticapitalistas y populares, contra la invasión y el despojo de las multinacionales, la oligarquía y la gran burguesía, ha sido la represión y criminalización. Somos muchas las mujeres valientes que nos hemos alzado contra el capitalismo salvaje y que estamos pagando con abuso, maltrato, el ataque directo a nuestra integridad física, e incluso la privación de libertad con cárcel, por el único delito de defender el agua, la vida, la tierra, la dignidad y la soberanía.
A la violencia histórica estructural ejercida en contra de las mujeres por un orden social construido y reproducido históricamente sobre bases y relaciones de poder, patriarcales y racistas, al servicio de la reproducción del capital, se le unen hoy nuevas formas de violencia aún más atroces. La  violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, como violación a los Derechos Humanos, ha aumentado  considerablemente. Los indicadores reflejan el aumento de denuncias de casos de violencia y de feminicidio.
Se agrava la explotación sexual comercial de las mujeres con la expansión de la prostitución y la trata de mujeres, niñas y niños, y el uso y mecanización de nuestros cuerpos por las industrias de las comunicaciones y las empresas. Esto es reflejo de la entrada en un estadio totalmente deshumanizante, en el que las mujeres nos convertimos en pura mercancía sexual.
El trabajo productivo y reproductivo de las mujeres sigue sin valorarse  socialmente. Nuestra incorporación a las relaciones de producción capitalistas no siempre ha significado una dignificación de nuestras vidas. Accedemos a puestos de menor remuneración en actividades vinculadas a las cadenas de cuidados, sin mayor protección social. No se da cumplimiento por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo al marco normativo  que establece la creación de las guarderías en los centros de trabajo como parte de las acciones de cuidado para los hijos/as de los y las trabajadoras, lo cual impacta en las dobles o triples jornadas de trabajo para las mujeres.
En las maquilas, en las fábricas, en el campo, en el trabajo doméstico, las mujeres tenemos salarios miserables, con jornadas extenuantes y abusos de todo tipo. Es  evidente la aplicación de mecanismos que permiten mayor discriminación y explotación hacia nosotras. La flexibilidad para la sobreexplotación  de la clase trabajadora responde a  intereses y cambios  que promueve la burguesía nacional y las empresas transnacionales para su beneficio, y que se regulada a través  de normativas institucionalizadas por parte del gobierno. Esto ha agravado la pobreza y la exclusión social, que afectan especialmente a las mujeres, lo que se refleja en los altos niveles de desnutrición, y el incumplimiento de derechos fundamentales.
La desmovilización de la clase trabajadora por el capital y la represión estatal, se refleja en los escasos niveles de sindicalización de las mujeres, y en general en la desmovilización de las luchas de las mujeres por nuestros derechos como trabajadoras. A esto debe añadirse que la falta de empleo implica que cada vez más mujeres optemos por irnos al extranjero en búsqueda de alternativas laborales. Esto implica en muchos casos la violación sistemática de nuestros derechos humanos y laborales, tanto en el tránsito como en los lugares de destino.  
Las mujeres comunistas de Guatemala:

-            DENUNCIAMOS todas las prácticas que desde el Estado, las empresas y la vida cotidiana, estigmatizan, discriminan, oprimen y violentan a las mujeres, en especial aquellas que se dan dentro de nuestra clase social y el movimiento obrero, campesino, popular y sindical. Nuestras luchas van encaminadas a la construcción del socialismo, como proyecto político que nos llevará a una sociedad comunista; esto es: una sociedad de cultura superior, compuesta por seres humanos libres e iguales, respetuosa de nuestras diversidades, en la que primará el bien común o buen vivir, y no la propiedad privada, el despojo o la explotación del capitalismo.  

-                 CONDENAMOS todas las formas de violencia de clase, racista y patriarcal sobre nuestros cuerpos-territorios en todas sus expresiones (sexual, psicológica, económica, simbólica) y EXIGIMOS al gobierno y el sistema de justicia burgués:

·                El cese de la impunidad en todos los casos de feminicidio y otros actos de violencia en contra de las mujeres;
·                la pronta resolución de todos los casos de violencia física y sexual, ejercida por las fuerzas militares y paramilitares del Estado contrainsurgente y las multinacionales;
·                el abordaje responsable para la erradicación de la trata de mujeres, niñas y niños, para la explotación laboral y sexual;
·                el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, laborales y equidad de las mujeres;
·                la contabilidad en el producto nacional del trabajo reproductivo que hacemos las mujeres, y el seguro social universal, en las mismas condiciones que el resto de las y los trabajadores.

-                 Finalmente, HACEMOS UN LLAMADO a la sororidad y solidaridad entre todas las mujeres guatemaltecas de los diversos pueblos, y a la unidad de las luchas populares, feministas, antipatriarcales y anticapitalistas, para derrotar al capital y poner fin a las distintas opresiones sobre las mujeres y los colectivos de la diversidad sexual. La fragmentación de las luchas nos debilita, mientras que el patriarcado y el capitalismo campean a sus anchas.
En este 8 de marzo, las mujeres comunistas de Guatemala nos declaramos una vez más en resistencia y rebeldía contra las violencias del patriarcado y el capitalismo que nos oprime y nos deshumaniza.
¡Por la autodeterminación de las mujeres frente a las diversas violencias y opresiones del patriarcado y el capital!
¡Por un mundo donde seamos socialmente iguales!

¡Por la Revolución y el socialismo!
 
Comité de Mujeres Comunistas
“ROSA LUXEMBURGO”
En el aniversario del nacimiento de Rosa Luxemburgo

Guatemala, 5 de marzo del 2015

EDITORIAL

Camino Socialista No 3, Año 1, Época 1

En un comunicado emitido el 30 de diciembre último, el Partido Guatemalteco del Trabajo cuestionaba duramente la política laboral del gobierno de Otto Pérez Molina que estableció un salario mínimo de hambre para la clase trabajadora del campo y la ciudad. En especial, repudiaba la fijación de un salario mínimo todavía menor para cuatro municipios: San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), Estanzuela (Zacapa) y Masagua (Escuintla), es decir, un 56.79% por debajo del salario mínimo oficial.

Entre el desempleo, el subempleo, el calvario de la emigración y los salarios de hambre, la herencia de este gobierno será la de haber lo-grado sumir a nuestro pueblo en una miseria más profunda y de haber llenado los cofres de más oro para la burguesía y las empresas transnacionales.

Pero esto no acaba ahí. Se agrega la crisis de desabastecimiento en los hospitales públicos, la baja en la cobertura educativa y el aumento en las colegiaturas. Se evidencia un incremento de asesinatos y extorsiones. El aumento galopante de la corrupción y el saqueo del Estado que señala a los más altos funcionarios gubernamentales. A las comunidades y familias campesinas se les imponen proyectos de muerte (como la minería) y la represión en contra de líderes sociales, sindicales y campesinos. Todo esto es consecuencia de la política reaccionaria del actual gobierno.

¿Pero cuál es la alternativa? Sin duda, la única alternativa debemos construirla. Sólo vendrá del pueblo y de la clase trabajadora del campo y la ciudad, cuando nos organicemos y fortalezcamos, cuando construyamos el programa y la organización que nos permita gestar la Revolución. Sólo una Revolución será capaz de cambiar este Estado, convertirlo a favor y en función de la clase trabajadora, de las mujeres, de los jóvenes y de los pueblos que convivimos en este territorio.


Y mientras avanzamos en esa dirección, recuperemos nuestra dignidad y ética como pueblos y comunidades, fortalezcamos la resistencia popular y avancemos en la articulación política desde abajo y a la izquierda. 

TERCER INFORME DE GOBIERNO: ENTRE MENTIRAS Y FICCIÓN

Por Antonio Sierra

El 14 de enero fue presentado el tercer informe de gobierno de la administración Pérez-Baldetti. El informe es la radiografía de una Guatemala inexistente, con una economía pujante y niveles aceptables de desarrollo de la población. El capítulo sobre la marcha de la economía revela hasta qué punto Guatemala se encuentra sumida en el capitalismo neoliberal impuesto a países principalmente del llamado tercer mundo, como Guatemala, con sus consabidas consecuencias en términos de mayor dependencia, explotación y expolio. Esto es lo que significa la propuesta “desarrollo económico competitivo” que impulsa el actual gobierno y que está orientada fundamentalmente a incrementar la acumulación de capital y a garantizar que la producción en el país sea competitiva en el mercado mundial, principalmente a partir de los bajos salarios e impuestos.
Para ello, promueve las inversiones de capital transnacional en alianza con capital nacional en cuatro áreas principales: actividades extractivas (minería a cielo abierto, petróleo); los monocultivos, principalmente palma africana y caña de azúcar; la generación de energía (construcción de hidroeléctricas), y el desarrollo de megaproyectos de infraestructura. Todo esto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, dado a conocer recientemente, en el que se concibe tales áreas y actividades como motores del desarrollo. La consecuencia del impulso de este “modelo de desarrollo económico” es la mercantilización de los bienes naturales y de los recursos públicos, y el despojo de tierras a comunidades y pueblos indígenas.

Como continuidad de dicho modelo, al comienzo de su administración Pérez Molina y Baldetti anunciaron el impulso de acciones para lograr el desarrollo rural en dos líneas, que más tarde denominaron dos puertas: inversiones privadas en territorios rurales y apoyo a la economía campesina. Sin embargo, ha pre-dominado la promoción de inversiones de capital transnacional y nacional en las áreas mencionadas, mientras la economía campesina apenas ha recibido mínimos apoyos a través de programas clientelares que no favorecen su desarrollo. Dicho modelo ha conducido a un crecimiento de la producción cada vez más raquítico y lento. Una mirada rápida al comportamiento de la economía en la ad-ministración actual revela que se enfrenta a los mismos vaivenes que se ha enfrentado a lo largo del período 1990-2011.

En el 2014, el Producto Interno Bruto (PIB), tuvo un crecimiento real de 3,9% respecto a 2013, pero es inferior al de 2011 (4,2%), segundo año de recuperación luego de la crisis mundial de 2007-2009. Ese comportamiento del PIB es una de las manifestaciones de la subordinación del modelo económico del país al capitalismo global dominado por el capital financiero y las grandes transnacionales; de la misma manera que lo es la continuada aplicación de medidas económicas monetaristas. Asimismo, es la base de una distribución de la riqueza socialmente creada, que niega derechos y que orilla a la mayoría de la población guatemalteca a vivir con salarios de hambre, cuando bien les va, y sin acceso a educación, salud, vivienda, recreación, pensiones, etc.

Los datos indican que de 2001 a la fecha se ha incrementado notablemente la desigualdad de la distribución de la riqueza. La brecha entre la parte de la riqueza destinada a los salarios y la ganancia o renta generada, es cada vez mayor. La reciente fijación de un sala-rio mínimo de Q1, 500 para cuatro municipios de dos departamentos, está muy por de-bajo del salario mínimo aprobado para todo el país. Si el salario mínimo para todo el país no alcanza ni para cubrir la canasta básica, esta diferenciación muestra, con toda claridad, cómo el modelo económico vigente se orienta a facilitar e incrementar la acumulación capitalista. Hay que agregar que los trabajadores agrícolas, sobre todo los estacionarios, siguen recibiendo remuneraciones de Q25 – Q30 diarios, muy por debajo del sala-rio mínimo que actualmente es de Q. 2, 644 mensual.

Lo anterior explica cómo los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país se encuentran entre los más altos de América Latina. 53,71% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras el 13,33% en pobreza extrema. En el área rural la pobreza total es 71,3%, la pobreza extrema 21,12%. Sin embargo, si se mide a partir del concepto de pobreza multidimensional, según la CEPAL, Guatemala presenta un 70,3 de pobreza general. La pobreza se manifiestan con particular crudeza en las altas tasas de desnutrición infantil: el 45,6% de los niños de seis a nueve años once meses de edad tienen algún grado de desnutrición; la desnutrición severa afecta al 12,7%.
En falsa respuesta a la problemática anterior, el “Plan hambre cero” y su “ventana de los mil días” supuestamente diseñados para combatir la desnutrición y la pobreza, se han reducido a la entrega de la “bolsa segura” y el “bono seguro”. Éstos son programas paliativos y clientelares que no se orientan ni resolverán el problema de fondo: la desigual distribución de la riqueza.

La llamada inversión social real sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de salud y educación, por mencionar sólo dos asuntos de importancia capital. Las crisis educativa y de salud han llegado en estos tres años de administración del PP a niveles nunca antes vistos. Si bien es cierto son crisis que se arrastran desde hace varios años, de 2012 a la fecha se han agudizado de manera alarmante, tal como lo muestran las condiciones en las que se encuentran la red hospitalaria y la red de centros educativos públicos. En materia de educación pública, la cobertura en los niveles preprimaria, básico y diversificado es baja; la cobertura en primaria no alcanza la universalización pese a los avances registrados en la administración anterior. Además, en los niveles de básico y di-versificado un alto porcentaje de los servicios son privados.

Bajos ingresos para la mayoría de la población (consecuencia de la desigual distribución de la riqueza), y poco acceso a servicios de salud y educación dan como resultado un bajo índice de desarrollo humano, IDH. Según el Informe de Desarrollo Humano 2014, Guatemala se encuentra entre los países con desarrollo humano medio: tiene un IDH de 0.628, ocupando el lugar 125 de 187 países medidos.

En el ámbito de la seguridad democrática y justicia, la adopción del “Pacto por la seguridad, la justicia y la paz” no ha conducido a la aplicación y desarrollo de un modelo de seguridad democrática que se sustente en la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, entre otras, de la población.

Ese pacto ha conducido al retorno en varios aspectos del modelo de seguridad nacional que prevaleció durante la guerra interna: militarización de facto de las fuerzas civiles de seguridad (PNC) expresada en la creación de fuerzas de tarea al estilo militar y en los patrullajes con-juntos PNC-ejército; la militarización vía la privatización de la protección empresarial a través de empresas de propiedad o controladas por ex militares locales y extranjeros; criminalización y persecución de las luchas populares tales como la protesta y los movimientos de resistencia, las que son tratadas desde una concepción de delito. Todo ello a partir de la retoma del control de puestos clave del Estado por militares de bajo y de alta. El propósito es dar seguridad y garantías al capital, desde el más grande hasta el capital de nuevos ricos, llama-dos capital emergente.

La delincuencia común se enfrenta a través de medidas exclusivamente represivas, sin abordar las causas de la misma; mientras el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, se enfrenta con la aplicación de la política anti-narcótica de Estados Unidos para América La-tina expresada, en el caso de México y Centroamérica, en el Plan Mérida. Hay una profunda regresión en materia de seguridad democrática, mediante la implantación de la visión militarista de la seguridad nacional propia de la guerra fría. Los resultados no podían ser peores: según cifras de la PNC, en 2014 se registraron casi 5,000 muertes violentas, cifra que el INACIF eleva a alrededor de 5,500.

En el ámbito de la justicia el propósito funda-mental ha sido evitar, por todos los medios, que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la guerra interna sean juzgadas en los tribunales de justicia. Ha habido una permanente intromisión del Ejecutivo en los procesos penales por violaciones a los derechos humanos. El sistema de justicia es utilizado para criminalizar y perseguir a lideresas y líderes populares y de movimientos de resistencia. El reciente proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones fue el escenario en el que los llamados “poderes fácticos” se distribuyeron cuotas de poder. La nueva CSJ es garantía de impunidad para esos poderes y para los funcionarios del PP.


Finalmente, una breve consideración sobre la cuestión de la corrupción. Ésta ha llegado a niveles alarmantes durante la administración del PP. Es difícil cuantificarla, pero en el caso del presidente y la vicepresidenta algunos me-dios de comunicación han informado sobre las propiedades que han acumulado y que no corresponden a su nivel de ingresos. Ministros y funcionarios menores, han seguido su ejemplo. Han convertido los recursos del Estado en un botín.