domingo, 5 de febrero de 2017

Las migraciones irregulares: problema de nunca acabar

Martín Orellana

Para todos los habitantes de América Latina es algo de lo más común pensar en viajar de “mojados” a los Estados Unidos. Eso es cuestión normal, cotidiana. No hay familia en nuestra región, no solo en Guatemala sino en todo el continente, más aún en Centroamérica, México y el Caribe, que no tenga algún pariente, o varios, residiendo en el país del norte.

Por lo pronto, buena parte de los hogares guatemaltecos se benefician de las remesas que esos familiares hacen llegar desde allá. Según datos oficiales, un 11% del Producto Interno Bruto del país está dado por esos envíos de dinero; dicho de otro modo: sin esas ayudas, la pobreza de las familias guatemaltecas sería mayor aún (¡ya es de un 59% de la población!) y la economía nacional estaría en el colapso total.

Es sabido que los miles y miles de latinoamericanos que marchan hacia allá, lo hacen porque sus países de origen no les ofrecen oportunidades. Aun sabiendo que en el camino podrán encontrarse con las peores dificultades, arriesgando la vida en muchos casos, buena parte de la población no deja de encaminarse hacia ese pretendido “sueño americano”. En Guatemala salen 200 personas diariamente; de cada tres “mojados” que parten, uno llega a destino, uno es devuelto y otro muere en el intento.

Pese a lo peligroso de la travesía a emprender, pese a todas las terribles penurias con que podrá encontrarse (robos, secuestros, violaciones, estafas, cárcel, hambre, sed, frío, peligros varios), la gente no deja de arriesgarse a intentarlo. Además de todas esas dificultades, tremendas, espantosas, si pueden ingresar a territorio estadounidense les espera algo no menos desastroso allá: vivir como ilegal, estar siempre pendiente de los oficiales de Migración, hacer los peores trabajos mal pagados, recibir continuamente el desprecio racista de los ciudadanos blancos, problemas de integración, en general la barrera del idioma, pesadillas con los trámites.

Ante todo ello, y más aún ahora que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una política migratoria más severa contra los latinoamericanos, hablando incluso de un muro en la frontera, lo primero que resalta es la xenofóbica actitud estadounidense contra nuestra gente.

Sin dudas eso es así. Pero ¡cuidado, camaradas! Se suele poner un énfasis especial en la “maldad” del imperio que cierra puertas ante los “hispanos” (como nos llaman), en la “perversión” de las fuerzas de seguridad estadounidenses que persiguen a viajeros indocumentados. Todo eso es cierto, pero en este caso, si nos quedamos solo con esa visión, los norteamericanos serían los “malos de la película”, con lo que se escamotea el problema principal: la pobreza y pobreza extrema de nuestros países que fuerza a salir en búsqueda de mejores oportunidades.

Nadie dice que el imperio sea “buenito”. Es más: sabemos que mantiene un doble discurso perverso, declamando que no quiere más inmigrantes indocumentados, pero necesitándolos en su economía del día a día. Además, ese apretar las tuercas cada vez mayor con las regulaciones migratorias le sirve, en definitiva, para poder manipular a su antojo las miserias que les paga a los inmigrantes irregulares. Pero si hay algo que denunciar en todo esto es la pobreza estructural de nuestras sociedades y el silencio de sus gobernantes, que miran para otro lado con todo esto y solo esperan las remesas, que son una válvula de escape, un alivio para la pobreza interna.

Estados Unidos será duro con los inmigrantes ilegales, excesivamente, pero en cierto sentido le asiste un derecho, en tanto nación soberana: el de fijar sus normativas jurídicas fronterizas. El problema de base está de este lado, en nuestros países injustos, calamitosamente excluyentes, cuyos Estados –contrariando lo declarado en la Constitución– no garantizan el derecho a la vida, y menos aún: a la calidad de vida digna.

Si nos quedamos con el reclamo ante los “pinches gringos puñeteros”, como dice alguna canción, obviamos el verdadero problema de fondo: la hiper explotación inmisericorde a la que somos sometidos diariamente en nuestros países. El internacionalismo proletario de nuestro ideario comunista no nos debe hacer ver como enemigo a nadie por su nacionalidad, su cultura, su identidad. Esos son resabios que deberemos superar. El verdadero enemigo, camaradas, ¡es el sistema de explotación capitalista! Sistema que en nuestros países –y Guatemala es parte sustancial de ello, por supuesto– es bestial.

¡Es intolerable que nuestros gobiernos callen ante todo los atropellos que sufren nuestros hermanos en sus viajes, solo porque de allá llegan remesas que sirven como bálsamo! ¡Solo la revolución socialista terminará con esta lacra de las fronteras y los nacionalismos chauvinistas!


Camino Socialista, enero 2017  Época I  Número 20  año 4

Breve y muy resumida historia del Partido Comunista de Guatemala

Por Amílcar Carrillo


El hoy reconocido Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT- tuvo su origen en el Partido Comunista Centroamericano -PCC-, Sección Guatemala, fundada en 1922. Esta sección fue conocida como Partido Comunista de Guatemala -PCG- dirigido por Antonio Cumes, Luis Villagrán, Miguel Ángel Vásquez, Alberto del Pinal, Humberto Molina, Luis Sánchez Baten, Jacobo Sánchez, Antonio Obando Sánchez y Juan Chigüichon. Junto a estos dirigentes guatemaltecos hubo internacionalistas como Juan Pablo Wanright y Farabundo Martí, entre otros. Durante 10 años este partido, fuertemente vinculado a la clase trabajadora, participó en la organización y movilización de sindicatos y federaciones sindicales, levantando las demandas económicas y políticas del proletariado de aquella época.

En 1932, ya en el poder, el furibundo criminal anticomunista Jorge Ubico atacó al Partido Comunista hasta lograr la captura de todos sus dirigentes y la condena a muerte. Después del amañado juicio, fusilaron a cuatro de ellos: Jacobo Sánchez, Humberto Molina, Luis Sánchez Baten y Juan Pablo Wanright. El partido quedó destruido. El dictador y sus lacayos ahuyentaron, encarcelaron, fusilaron y exilaron a los comunistas. El Partido Comunista desapareció temporalmente.

Catorce años después, acabada la dictadura ubiquista al fragor de la Revolución de Octubre de 1944, los encarcelados comunistas salen libres, los exilados vuelven al país, los escondidos aparecen y junto a otros internacionalistas hacen lo que podían y debían hacer: organizar. Fundan la Escuela Claridad y en 1945 estructuran de nuevo el Partido Comunista el cual convierten en Partido Vanguardia Democrática con vida pública. Convencen al Secretario General del Partido de Acción Revolucionaria, José Manuel Fortuny, a formar parte del esfuerzo comunista. Y llevan a cabo el Primer Congreso del Partido Comunista de Guatemala el 28 de septiembre de l949. En su Segundo Congreso, en 1952, cambió su nombre a Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT- y apoyó decididamente al gobierno de Jacobo Árbenz en la aplicación de la Reforma Agraria, en el impulso cultural y en la lucha antiimperialista. Además de Fortuny, en la Dirección del Partido destacan Alfredo Guerra Borges, Bernardo Alvarado Monzón, Víctor Manuel Gutiérrez, José Luis Ramos, José Antonio Ardón y Pedro Fernández.

La contrarrevolución imperialista, cachureca y oligárquica de 1954 obliga la clandestinidad del PGT, de la que sale hasta l996. La enorme represión política y la conculcación de los derechos políticos de los pueblos inducen al PGT a la lucha armada y a participar gradualmente como sustrato, sujeto y afluente de la guerra popular revolucionaria hasta la negociación política que termina en l996. Durante este largo período contrarrevolucionario cientos de destacados comunistas fueron asesinados, entre otros: Octavio Reyes, Víctor Manuel Gutiérrez, Rafael Tishler, Bernardo Alvarado Monzón, Mario Silva Jonama, Carlos René Valle, Miguel Ángel Hernández, Hugo Barrios Klée, Carlos Alvarado Jerez, Fántina Rodríguez, Huberto Alvarado Arellano, Adelina Caal, Hugo Rolando Melgar, Manolo Andrade Roca, Alfonso Figueroa, Santiago López Aguilar, Arsenio Carrera Coro, José Luis Monterroso, Luz Haydee Méndez, Hugo Navarro, Santos Landa Castañeda, Silvia Gálvez, Víctor Fortuny.

De l978 a 1984 el PGT se escinde en varias expresiones, y su última representación activa lo liquida en 1997, diluyéndose en la URNG. Sin organización formal, los comunistas han mantenido el espíritu partidario, esperando la oportunidad para darle vida de nuevo a su organización, conservando el anhelo de tener su partido comunista.

Así es como en el transcurso de los últimos años se reorganiza, se reconstruye y se camina hacia la refundación del Partido Guatemalteco del Trabajo para luchar contra la explotación capitalista del trabajo y la naturaleza, contra la opresión patriarcal y la opresión racista hacia los pueblos indígenas y contra la dominación imperialista. Para mantener viva la llama del socialismo e incentivar la vuelta al marxismo como antesala a las luchas por Guatemala, la Revolución y el Socialismo.


Camino Socialista, enero 2017  Época I  Número 20  año 4

Un año de Jimmy Morales y no hay ningún cambio

Por Hipólito Rivas

Llegamos al año del cambio de gobierno, con la asunción de Jimmy Morales como presidente, y no hay ninguna modificación para nosotras y nosotros, la clase trabajadora.

Esto demuestra que el mandatario de turno no es el que realmente marca el rumbo de las cosas: son los poderes económicos, los verdaderos dueños del país, aquellos a quienes enriquecemos con nuestro trabajo diario. El presidente es un administrador temporal, que recibe órdenes al oído, y las cumple. En este caso, los que efectivamente dan esas órdenes son los grandes empresarios del CACIF (poderosos terratenientes, banqueros, dueños de grandes empresas) y el gobierno de Estados Unidos, que sigue haciendo de nosotros, al igual que toda Latinoamérica, su patio trasero.

El sector militar, ahora con menor presencia política desde terminada la guerra, sigue siendo también un importante factor de poder, con un inocultable desarrollo económico que le posibilitó el manejo del aparato estatal contrainsurgente años atrás, y que redundó en negocios turbios, pero muy lucrativos, como el narcotráfico, el contrabando, las agencias de seguridad privada, la venta de armas, entre otros. Ese sector, de conducta mafiosa, también le habla al oído al presidente, y tiene una fuerte influencia en sus decisiones.

Y también están las corporaciones multinacionales, en este momento en buena medida dedicadas al negocio del extractivismo: hidroeléctricas, minería, monocultivos para  exportación. Estos sectores dan muchas órdenes al oído. Pero a veces ni siquiera al oído, sino que gritan. El gobierno les cumple ordenadamente.

Todos esos grupos corporativos son los que mandan realmente. El pueblo, el votante al que se le engaña cada cuatro años haciéndosele creer que decide algo, es el convidado de piedra en todo esto. Con Jimmy Morales se nos quiso hacer creer que llegaban aires frescos y no corruptos a la política. ¡Gran estafa! Las prácticas corruptas y clientelares, el arreglo de negocios en intrigas palaciegas, las conductas mafiosas siguen enraizadas en la clase política. El problema de base sigue siendo la injusta forma en que se reparte nuestra riqueza.

Un mísero aumento salarial a fines de año no arregla en absoluto nuestra situación. Quien tiene la dicha de tener trabajo, cobra como salario mínimo la tercera parte de lo que debería ser la canasta básica. Que quede claro: ¡es con nuestra explotación como trabajadores que la clase dominante construye su bienestar y mantiene cuantiosos lujos! El problema no está en un desvío de fondos de un funcionario de gobierno, en el robo del erario público: eso es anecdótico y menor. No es justificable de ningún modo, por supuesto, ¡pero no está ahí el motivo de nuestros males como trabajadores, como desempleados, como explotados!

Ayer y hoy, y como van las cosas, también lo que seguirá en los próximos años de gobierno  del actual presidente, nos muestra siempre lo mismo: la clase trabajadora (en el campo o en la ciudad, cualquier tipo de trabajador) somos siempre los perjudicados, ¡porque nos explotan! Nuestro trabajo es el que produce la riqueza que se apropian los ricos. Por eso debemos organizarnos: no sólo para reclamar aumento de salarios, no solo para exigir frenar la corrupción, sino para ¡transformar revolucionariamente la sociedad!

La Revolución Socialista nos sigue esperando. ¡Unámonos y organicémonos que el futuro es nuestro! Solo el Socialismo podrá poner fin a nuestros males, camaradas.


Camino Socialista, enero 2017  Época I  Número 20  año 4

Mayor explotación en Guatemala

Por Víctor Gutiérrez

El 17 de enero del año en curso, el desprestigiado y antipopular Congreso de la República aprobó el Convenio 175 de la OIT. Con este decreto se permite legalizar el trabajo a tiempo parcial. Este sin duda, es un triunfo para los empresarios guatemaltecos cuya lógica siempre ha sido lograr la máxima ganancia a costa de lo que sea, en este caso, a costa de una mayor explotación a la clase trabajadora.

En lugar de aprobar una ley que mejore las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del campo y la ciudad, el títere Congreso de la República aprobó una norma que desregulariza las relaciones laborales y facilita a los empresarios el poder contratar al trabajador y trabajadora por jornadas de menos de ocho horas, inclusive con la posibilidad de que puedan contratar por una hora al día.

Esto permitirá al empresario intensificar o exprimir la capacidad física e intelectual del trabajador, exigiéndole mayor productividad en un menor tiempo.

El resultado de esta ley será la pérdida de muchos empleos de tiempo completo, mayor violación a los derechos laborales, la destrucción de los pocos sindicatos que defienden con coherencia los derechos de la clase trabajadora, entre estos el derecho a la negociación colectiva, la organización sindical y el derecho de huelga.

Contrario a lo que afirman los empresarios, los trabajadores se verán afectados en sus prestaciones y beneficios laborales. Esto debido a que con la aprobación del Convenio 175 de la OIT se pierde el derecho al aguinaldo, bono 14, vacaciones, jubilación, indemnización por tiempo de servicios, el derecho al pre y post natal.

Con los derechos vinculados a la jornada laboral, se perderá el derecho al salario mínimo. Ahora, ni siquiera será posible ganar el salario mínimo (ya de por sí un salario de hambre) siendo que los empresarios tienen vía libre para contratar por menos de ocho horas al día.
Estamos regresando 70 años atrás, cuando la Revolución de Octubre aprobó el Código de Trabajo que nos vino a garantizar nuestros derechos como clase trabajadora. Estamos en el inicio de la implementación de mecanismos que garantizarán una mayor explotación y miseria para la clase trabajadora del campo y la ciudad.

Las trabajadoras y trabajadores padecemos la debilidad del movimiento sindical y político para impulsar una defensa férrea de nuestros intereses. Esto es resultado   de la guerra de clase que los capitalistas, llamados empresarios, han impulsado por décadas para destruir nuestras organizaciones y de un Estado que en lugar de proteger a la clase trabajadora ha sido cómplice de la burguesía y la oligarquía. También ha sido responsabilidad nuestra, por abandonar el marxismo, nuestra teoría y nuestra ideología, que nos orienta a luchar por nuestra emancipación. También se debe al hecho que dentro de muchas organizaciones sindicales se han enquistado corruptos, demagogos y oportunistas.

Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer las organizaciones sindicales genuinas y defensoras de nuestros derechos, recuperar aquellos sindicatos perdidos y organizar nuevos en fincas, fábricas y en las instituciones del Estado.

Por eso, hoy más que nunca necesitamos fortalecer la organización comunista, con la capacidad organizativa, la claridad ideológica y la orientación política para defender nuestros intereses con coherencia y avanzar en el proyecto político de nuestra clase, la clase trabajadora, que nos permita romper finalmente las cadenas de la explotación capitalista.


Camino Socialista, enero 2017  Época I  Número 20  año 4

A 20 AÑOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Editorial

El pasado 29 de diciembre se conmemoró el vigésimo aniversario de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Con ello culminó un largo proceso de negociaciones entre ambas partes, durante el cual fueron firmados seis acuerdos sustantivos y seis operativos.

No cabe duda que ese acontecimiento tiene un profundo significado histórico. Las condiciones tanto internas como internacionales hacían ya inviable la lucha armada como vía para la revolución. El sentimiento generalizado era que la guerra debía terminar y la guerrilla incorporarse a la vida política legal. La población más afectada por la guerra veía en los acuerdos de paz el medio para que finalizara la persecución y la represión, los  asesinatos, las masacres y desapariciones forzadas.

La firma de los acuerdos de paz tuvo efectos positivos. Finalizó la guerra interna que durante 36 años sacudió al país; cesaron las masacres, las ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, las desapariciones forzadas y, temporalmente, otras formas de represión y persecución. Se produjo una “explosión” del pensamiento maya; las organizaciones indígenas se insertaron en espacios políticos e institucionales importantes; las organizaciones sociales pudieron desarrollar su lucha con menos temores a ser reprimidas. Inició un período de apertura política nunca antes visto después de la contrarrevolución de 1954.

La oficialización de la paz abrió enormes expectativas para la población, especialmente para los grupos y pueblos históricamente explotados, excluidos y  perseguidos. Se pensó que algunos de los compromisos de los acuerdos sustantivos constituían un punto de inflexión en el proceso democratizador. Con el cumplimiento paulatino de los compromisos se consideró que se iría construyendo un Estado democrático y un modelo de desarrollo incluyente y más equitativo, para mejorar la calidad de vida de toda la población. Se creyó que la vida económica, política, social y cultural llegaría a ser expresión de nuestra condición de país plurinacional y diverso.

En pocas palabras, existía expectación por que los acuerdos de paz eran en realidad una agenda para lograr cambios importantes en diferentes facetas de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales en el país. La creación de la “institucionalidad de la paz”, de una serie de comisiones paritarias que se encargarían de materializar el cumplimiento de los acuerdos y la aprobación en 2005 de la Ley marco de los acuerdos de paz, alimentaron esas expectativas. Se pensó que la conversión de la antigua guerrilla de la URNG en partido político, haría que este se convirtiera en el instrumento para luchar por hacer realidad esos cambios.

A veinte años de aquellos acuerdos, hay poco que celebrar: el sistema político, la naturaleza de los partidos y la forma de hacer política siguen siendo las mismas. El reconocimiento de la diversidad cultural del país sigue siendo discursivo, los pueblos indígenas no tienen pleno reconocimiento de su condición y el Estado sigue siendo monocultural. La relación entre hombres y mujeres continúan siendo determinadas por el patriarcado como sistema de dominación hacia las mujeres. La desigualdad, la exclusión y la pobreza siguen vigentes.

Los acuerdos de paz constituyen una agenda inconclusa y pendiente. No hubo voluntad política de los poderes económico y político y su Estado para cambiar las causas estructurales que originaron la guerra interna. Por el contrario, se desmanteló el modelo desarrollista del capitalismo de posguerra (iniciado al finalizar la II Guerra Mundial) y su “Estado benefactor”, e irrumpió agresivamente el capitalismo neoliberal. Como consecuencia, se consolidó el Estado neoliberal mafioso nacido de la agenda de la “transición democrática” iniciada en 1985.

Este Estado y su sistema político garantizan la refuncionalización del capitalismo neoliberal y sus nuevas formas de acumulación salvaje. Esta fase del capitalismo se caracteriza por la disminución del mismo Estado, la privatización-mercantilización de los bienes y recursos públicos y comunes, el extractivismo, los monocultivos, las hidroeléctricas y los megaproyectos, la desregulación económica y la flexibilización laboral.

Los resultados de veinte años de capitalismo neoliberal en el país son desastrosos para la mayoría de la población. Así lo constata el Informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de SEGEPLAN, de 2015: de los 66 indicadores que miden el cumplimiento de esos objetivos, el 56,1% no se cumplieron, tuvieron una evolución negativa (es decir, están peor que en 1990) o se estancaron. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2014, la pobreza general se incrementó al 59,3% y la pobreza extrema subió a 23,4%. La distribución de la riqueza es hoy más desigual que hace veinte años.

Contrariamente a lo que establecen los acuerdos de paz con relación a la dotación de tierras, como consecuencia de la expansión del capitalismo neoliberal hay un proceso de reconcentración a partir del despojo a comunidades y pueblos  indígenas, entre otros factores.

La desmovilización política de las fuerzas de izquierda y de las organizaciones del movimiento social, y la falta de una estrategia de lucha política adecuada por parte de la URNG para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, facilitó la consolidación del proyecto económico y político de la derecha.

En síntesis, se puso fin a la guerra interna, pero la paz está lejos de construirse. Mientras exista el capitalismo neoliberal y su Estado mafioso que facilita todas las formas posibles de acumulación, lícitas e ilícitas, que criminaliza las luchas sociales y persigue a sus líderes y lideresas, no es posible la paz. La paz se construye luchando contra las injusticias del capitalismo.

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo

Guatemala, enero de 2017.

Camino Socialista No 20, enero 2017, Época 1, Año 4.


lunes, 30 de enero de 2017

La mina Marlin: un ejemplo de impunidad

Por Salvador Sanik


En el departamento de San Marcos se encuentra la mina de oro y plata a cielo abierto más grande de Guatemala: la mina Marlin. La empresa Minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, es propietaria de ese proyecto minero. Inició sus operaciones en 2005 con una ilegal licencia otorgada por el Estado, violando el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones.

El 99% de la población de la zona dijo no a la exploración y explotación minera en su territorio en una consulta popular, sabiendo de los severos daños medioambientales y sanitarios que la misma podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta, y de lo que ya existe abundante información. El resultado del plebiscito, en un acto de total impunidad, fue ignorado por las autoridades de gobierno, así como por la empresa minera.

Las operaciones de la mina generarán millones de toneladas de desechos con los consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para las poblaciones, el entorno y la fauna acuática. Desde el inicio de la explotación, las poblaciones de las aldeas locales han padecido de una creciente escasez de agua. Parte de la basura que genera la mina va a parar a los ríos de la zona, principales fuentes hídricas de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen los problemas de salud: trastornos dermatológicos y neurológicos graves. La población afectada es de aproximadamente 10,000 habitantes.

El Estado capitalista, defensor irrestricto de la empresa privada, permite esto. Ello muestra descarnadamente para quién trabaja: siempre a favor de las empresas, de los propietarios y los grandes capitales y de espaldas a los trabajadores.

A partir de los graves daños sufridos, la población se movilizó, entrando en pugna abierta tanto con la empresa como con el Estado que la defiende. La lucha contra la minería depredadora pasó a ser una de las principales reivindicaciones de la población maya de San Marcos, dado que en sus territorios ancestrales se fueron asentando las industrias extractivas con total impunidad. Al igual que la mina Marlin, con aval del Estado, se fueron dando otros proyectos mineros a lo largo de todo el país, produciendo enormes perjuicios. Las regalías que estas multinacionales dejan al país son ridículas: el 2% de lo facturado.

Las luchas populares contra la minería tuvieron efecto, llegando sus consecuencias hasta la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma impugnó a la mina Marlin, indicando suspender actividades en el 2010. Pero al año siguiente, contrariando la voluntad popular, la misma Comisión, a partir de presiones recibidas por parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado un año antes. De esa cuenta suprimió la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud. En su lugar solicitó al Estado de Guatemala adoptar medidas para asegurar que las fuentes de agua utilizada por las comunidades tengan una calidad adecuada para su uso doméstico y para el riego.

Definitivamente el Estado de Guatemala no vela por toda la población, tal como lo establece la Constitución. Los trabajadores, que somos mayo-ría en el país, nos vemos siempre excluidos de los beneficios sociales; y el Estado, que según la Carta Magna debería defender por igual a todos los habitantes, es claramente un mecanismo de explotación, siempre al servicio de la clase dominante. Y si protestamos, ahí están las fuerzas de seguridad reprimiéndonos.

Pese a lo fijado por la Comisión de la OEA, el gobierno del genocida Otto Pérez Molina, el 30 de abril del 2012 otorgó la licencia de exploración minera a la empresa Entre Mares S.A., también subsidiaria de Goldcorp, sin previa consulta al pueblo de San Marcos, para la apertura de la mina Los Chocoyos. Desde entonces, Entre Mares sigue explotando la minería a cielo abierto en esa región, aumentando así la conflictividad social y los problemas sanitarios y medioambientales, afianzando la impunidad.

En mayo de 2013, cientos de personas de varias comunidades del municipio de Sipakapa, San Marcos, se movilizaron ante la municipalidad para exigir al alcalde y a la corporación municipal que dejen de accionar ante el Ministerio de Energía y Minas para aprobar la licencia de exploración de Los Chocoyos, y que la municipalidad deje de promover reconsultas amañadas que buscan beneficiar a la empresa minera. El 18 de junio de 2013 más de 1,000 personas de las comunidades sipakapenses y de otros municipios afectados por la minería se movilizaron para respaldar la decisión popular de rechazar la industria extractiva en su territorio, denunciando los desastres sanitarios que la misma ocasionó, con problemas dermatológicos y neurológicos crónicos. El Consejo del Pueblo maya-sipakapense reclamó sus derechos colectivos y pidió que se cancele la licencia minera, el 25 de marzo de 2014, en una vista pública en la sala tercera civil.


De todos modos, los proyectos mineros, contra-viniendo las decisiones de la comunidad, siguieron adelante. Con todos los mandatarios, pese a las protestas populares, tanto con Pérez Molina, con el presidente provisional Alejandro Maldonado como con el actual, Jimmy Morales, la minería continúa. Y hay muchas más licencias mineras en camino.

Camino Socialista, Guatemala diciembre de 2016, Época I, Número 19, año 3.
Fotografía: Entremundos

Trump: la cara del imperio de Estados Unidos

Editorial


El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos trae cambios en la política, que probablemente nos afecten como clase trabajadora en Guatemala.

Este magnate ganó porque levantó un discurso falso a favor de las necesidades de los trabajadores estadounidenses, además de un discurso nacionalista y emotivo que prometía volver a ser el gran país de antaño, cuando era la superpotencia indiscutida, atrajo una gran cantidad de votantes. En realidad, su posición político-ideológica es tan repudiable como la que levantara Hillary Clinton.

Los planes de capitalismo neoliberal basados en la especulación financiera comenzados hacia los años 80 del siglo pasado con la presidencia de Ronald Reagan, significaron un colosal aumento de la brecha entre quienes más tienen y los desposeídos. En nuestro país, y en toda Latinoamérica, eso trajo consecuencias terribles: aumentó exponencialmente la pobreza, y el Estado fue virtual-mente privatizado. Pero en Estados Unidos las consecuencias fueron similares: su clase obrera y la clase media se empobrecieron marcadamente. Muchos puestos de trabajo se perdieron, dado que infinidad de empresas se trasladaron a países como el nuestro, donde la mano de obra es más barata y no pagan impuestos. Por otro lado, la crisis financiera del 2008, cuyos impactos persisten, terminó de golpear a todos los trabajadores.

Para nosotros, trabajadoras y trabajadores latinoamericanos, ninguna propuesta de quien dirija la Casa Blanca nos podrá convenir. En todo caso, estamos ante la disyuntiva de quién es “menos malo”. ¿Y quién es menos malo entre Trump y Clinton?

Los dos representan posiciones de extrema derecha, peli-grosas para nosotros. Hillary Clinton, candidata de los grandes grupos financieros, de las petroleras y del complejo militar-industrial que viene manejando a ese país desde hace décadas, ofrecía más de lo mismo: más planes neoliberales, más guerra de intervención, más intromisión en nuestros asuntos internos.

¿Ofrece otra cosa Donald Trump? Definitivamente no. Al menos, no para nosotros, trabajadores de Guatemala. Para los trabajadores de su país ofrece el sueño de volver a los “tiempos dorados”, reconstruir el parque industrial en deterioro, recuperar puestos de trabajo. Parecieran promesas populistas, electoreras, matizadas con un rampante nacionalismo racista y xenófobo contra afroamericanos, latinos y musulmanes. Sin dudas todos esos valores conservadores, de ultraderecha (altamente cuestionables y peligrosos) están enraizados en el ciudadano gringo término medio; por eso su oferta pudo ganar. Que eso lo pueda lograr, es otra cosa. En este momento, si bien no se puede saber cómo seguirán las cosas, nada muestra con claridad que esa propuesta sea efectivamente viable.

De todos modos, aunque Trump no sea el candidato natural de Wall Street y un niño mimado de los capitales financieros transnacionales, tampoco es su enemigo de clase. Es un “bicho raro” de la política estadounidense, impredecible, personalista (asimilable, salvando las distancias, a Manuel Baldizón en Guatemala). La composición de lo que será su administración ya deja ver por dónde va a ir: la ultraderecha conservadora (coquetea, por ejemplo, con el Ku Klux Klan, habla de deportar tres millones de latinoamericanos, tiene un discurso misógino y racista). Pero esto no significa que esté peleado con su clase social: los ricos y poderosos, los magnates, los millonarios que manejan el mundo: es decir, la burguesía global.


No podemos esperar mejoras con su llegada a la Casa Blanca. Pero, ¿por qué deberíamos esperarlas? El principal país capitalista e imperialista del mundo sigue siendo eso: un país capitalista e imperialista, más allá de matices. El enemigo sigue siendo el mismo: el sistema capitalista, sin importar la cara que tome el mandatario de su avanzada imperialista.

Camino Socialista, diciembre de 2016, Época I, Número 19, año 3

martes, 24 de enero de 2017

¡DEFENDAMOS NUESTRO DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL!

Por Antonio Ixquiac

Interesados en privatizar y continuar el saqueo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), están desarrollando una campaña para desprestigiarlo como instituto encargado de la seguridad social para la clase trabajadora. Un medio importante para desarrollar esta campaña es la página denominada DesIGSSlusionate. Es una campaña que, además, pretende que se apruebe una ley que lo privatice o que permita un sistema que ellos llaman “mixto” que pretende apropiarse aunque sea en parte los recursos del IGSS.

¡Cuidado guatemaltecas y guatemaltecos!

Nos quieren hacer cree que el IGSS es ineficiente por ser un seguro estatal. Bien sabemos ya que los empresarios nombrados como gerentes del IGSS o como empresas que le prestan servicios al mismo, son quienes lo han hecho ineficiente con sus actos de corrupción y saqueo a través de distintos mecanismo legales e ilegales. Un ejemplo de esto son los contratos de servicios, compra de equipos y medicamentos a empresas, las cuales venden tales servicios y productos a precios inflados, con lo cual demuestran que su interés es fundamentalmente el lucro y no el contribuir a garantizar el derecho a la salud de la clase trabajadora.

Quieren que creamos que la solución es que el IGSS sea manejado por empresas privadas, bajo el falso argumento que estas tendrían sentido de negocio, con lo cual –dicen– serían eficientes en su administración, en la prestación del servicio de seguridad social y desaparecería la corrupción.

Quienes impulsan esta campaña ocultan:
 * Que el progreso del empresario ha significado la ruina para las grandes mayorías de la clase trabajadora y nuestro pueblo.

* Que en los negocios turbios y hechos de corrupción en el IGSS están involucrados muchos los empresarios.

Que no es cierto que la iniciativa privada o el empresario sea sinónimo de honorabilidad y eficiencia, cuando múltiples casos demuestran lo contrario.

* Que son los empresarios los grandes responsables que enfrenta el IGSS, porque no pagan las deudas que mantienen con este instituto y, además, como se ha denunciado en casos recientes, se roban el aporte del trabajador al seguro social que ellos descuentan.

* Que son empresarios los que tienen el objetivo de privatizar el IGSS para manejar el dinero que administra la institución y que corresponden a nuestros derechos a la salud y la pensión en caso de accidente, jubilación, etc. Se quieren quedar con todo.

* Que buena parte de nuestros aportes se convertirían en las ganancias que ellos logra-rían producto de administrar recursos que provienen de nuestro trabajo.

* Que privatizarían un derecho humano, el derecho a la salud. Que al privatizar el IGSS se impondría el lucro por sobre el bien común y pos sobre nuestros derechos.

* Que supuestamente desaparecería la corrupción, porque legalizarían la apropiación de los recursos del IGSS.

Los problemas del IGSS son el efecto de los gobiernos empresariales o pro-empresariales que lo han manejado y saqueado. Por eso, los problemas del IGSS se resolverán cuando se destierren del mismo los intereses de la burguesía, del llamado empresariado, que ha corrompido a funcionarios y trabajadores quienes, faltando a la ética, se han prestado a tal propósito. Ellos son los responsables del saqueo al IGSS.

¡No a la privatización del IGSS!

¡Todas y todos a luchas contra los tentáculos empresariales en el IGSS!

viernes, 20 de enero de 2017

CONDENAMOS LOS ACTOS DE TERRORISMO CONTRA NUESTROS PUEBLOS

El Partido Guatemalteco del Trabajo, ante la violenta represión contra la población de Ixquisis y otras comunidades de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, que desembocaron en el asesinato del líder comunitario Sebastian Alonzo, el 18 de enero de 2017, y ante el asesinato de Laura Vásquez, lideresa de la Resistencia Pacífica contra la Minería en Mataquescuintla, Jalapa, asesinada el 16 de enero 2017,

MANIFESTAMOS

Nuestro más rotundo repudio a estos nuevos actos de sangre contra la población que lucha por la defensa de su territorio, la naturaleza, la paz y el derecho a la libre determinación que les corresponde en su calidad de pueblos. Rechazamos el silencio cómplice que ante  estos hechos mantienen la mayoría de medios de comunicación privados así como algunas organizaciones llamadas a vigilar la observancia de los Derechos Humanos en el país. Repudiamos al capital organizado en el CACIF que pretende imponer sus intereses aun a costa de la sangre de nuestros defensores y defensoras de la vida y justifica los hechos terroristas que enlutan nuevamente a nuestros pueblos.

Guatemala vive -20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz- una agudización de la violencia criminal y política relacionada con el incumplimiento de tales acuerdos y el  despliegue del capitalismo neoliberal.  La “paz” solo ha sido aprovechada por la gran empresa y el Estado a su servicio para privatizar los bienes y recursos públicos y comunes, favorecer el desarrollo privado de una matriz minero-energética, los monocultivos, los megaproyectos, la desregulación económica y la flexibilización laboral.

Los principales proyectos hidroeléctricos y mineros, asentados en territorios indígenas y mestizos con altos índices de pobreza y exclusión social, son objeto de oposición debido a que consuman el expolio y son un atentado contra la vida y paz social. Sobre todo se oponen comunidades que reclaman su derecho a la organización y a decidir su futuro en el territorio. Esta resistencia legítima, además, se libra ante la impunidad con la que las empresas imponen dichos proyectos en los territorios, la violencia con la que comunidades y organizaciones son reprimidas por la policía nacional civil y el ejército en complicidad con órganos paramilitares de las empresas. 

Estos hechos que condenamos, hacen parte de una política de criminalización que a través de amenazas, atentados, persecución policial, apresamiento político y ejecuciones extrajudiciales, implementa el Estado y las empresas extractivas en contra de comunidades y organizaciones que luchan contra estos proyectos de muerte.

Ante esta política y estos hechos represivos llamamos a todos los sectores populares, revolucionarios y democrático-progresistas a denunciarlos y solidarizarse con los pueblos y organizaciones en lucha y resistencia. Asimismo, a redoblar las luchas por las propias demandas vinculándolas a la lucha general contra el capitalismo neoliberal y el Estado a su servicio.

Los comunistas guatemaltecos apoyamos todas las luchas de los pueblos contra la explotación y opresión capitalista, racista y patriarcal.  Por ello manifestamos nuestro compromiso de contribuir a la articulación de las luchas de las y los trabajadores de todos los pueblos del país y para la transformación socialista, única alternativa de la clase trabajadora, los pueblos y los sectores oprimidos.

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo
PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO

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domingo, 18 de diciembre de 2016

EL SALARIO MÍNIMO DEBE SER DE Q7 MIL 500

Por Gilberta Mux

Un salario justo es aquel que permite al trabajador y trabajadora cubrir las necesidades de alimentos, salud, educación, vivienda, vestimenta, transporte, recreación, como mínimo. El costo de esas necesidades, según el Instituto Nacional de Estadística, es de Q. 7,186.18 al mes de noviembre de 2016. Esto implica que para el 2017, el salario digno debiera ser como mínimo de Q. 7,500.00.

Sin embargo, el salario mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas para el 2016 es de Q. 2,747.21, el cual incluye la bonificación de ley de Q 250.00. Este es aún menor para actividades de maquila y de exportación: Q. 2,534.14, incluida la bonificación. Es decir, el salario mínimo es un salario de hambre, que no alcanza para cubrir siquiera la Canasta Básica de Alimentos, que para noviembre de 2016 ronda los Q. 4,000.00. 

Es por ello que el costo de la Canasta Básica Vital debe ser la base de la lucha por un salario digno. Esta debiera ser la base de lucha de las organizaciones sindicales y de la clase trabajadora en general. Si esto no es posible lograrlo en la mesa tripartita (empresarios, gobierno y representantes de los trabajadores) que se integra año con año para acordar el salario mínimo, una actitud digna de la representación sindical debiera consistir en retirarse y no avalar ningún falso incremento que sea para legitimar la continuidad de los niveles de explotación laboral. Y es que, como ha sucedido en años anteriores, seguramente este año se fijará un aumento al salario mínimo que no alcanzará siquiera para cubrir la Canasta Básica de Alimentos. 

Es seguro que el discurso de los empresarios y la derecha encabezada por el CACIF y el gobierno, prontamente dirán que si se aumenta el salario para la clase trabajadora, esto tendrá un impacto en que las empresas serán menos competitivas, dejarán de crear más empleo y terminarán quebrando. Este es su discurso de siempre, para impedir que los trabajadores y trabajadores ganemos un salario justo, lo cual representaría, no que ellos quiebren, sino que ganen menos. Y esto lo sostienen, puesto que como burguesía o empresarios, como ellos prefieren llamarse, buscan aumentar sus ganancias a costa del saqueo de los bienes naturales, de los recursos del Estado y de la sobre explotación del trabajador y trabajadora. Por eso se oponen a cualquier aumento en el salario, como se oponen al aumento en el pago de impuestos que les afecten o a cumplir con sus obligaciones para con los trabajadores. Es más, inclusive incurren en el robo a la clase trabajadora.

Debemos reimpulsar la lucha por un salario digno. Un aumento que no alcanza para cubrir todas nuestras necesidades vitales como clase trabajadora, seguirá siendo un falso aumento.

En Camino Socialista No 19, Época 1, Año 3, diciembre 2016