miércoles, 29 de octubre de 2008

EL PARO NACIONAL

El 8 de junio logramos una movilización importante. Más allá de la cantidad de militancia que participó, resulta importante la presión y el mensaje que enviamos a los sectores de poder y al gobierno. Los bloqueos, ocupaciones y marchas surtieron su efecto movilizador para concentrar el rechazo compartido por la mayoría de guatemaltecos a la política económica y social de la GANA. Esta movilización, expresión de nuestra desesperanza y posición política, constituyó un paso importante en el proceso por retomar el ánimo de resistencia y lucha popular, no obstante las amenazas de represión por parte del gobierno.
Tres grandes demandas fueron acordadas por las organizaciones sociales: 1) detener los desalojos y la conflictividad agraria, 2) detener parte del paquete fiscal en tanto afecta a la clase trabajadora y la población en condición de pobreza y, 3) oponerse al Tratado de Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos –TLC. Estas demandas se acordaron en medio de dificultades que hicieron complejo el proceso, por ejemplo: la pretensión de algunas organizaciones y líderes por anteponer sus intereses protagónicos, sus demandas particulares y sectoriales, que inclusive se hicieron manifiestas durante el Paro y en quienes decidieron en la negociación con el gobierno. A pesar de esto, se logró el objetivo de articular a distintas organizaciones sectoriales y ONG´s que, aun cuando tuvo un carácter incipiente, permitió avanzar en la posibilidad de reiniciar la constitución del movimiento popular.

La movilización en sí misma permite analizar muchos temas: la situación del movimiento popular, la capacidad de conducción e intereses de la dirigencia, la carencia de un proyecto revolucionario. Sin embargo, concentraremos nuestra atención en los “Acuerdos” alcanzados entre los/as seudo líderes sociales y los oligarcas que actualmente dirigen el Estado. Sus circunstancias y contenido resultan aleccionadores para quienes aportamos a la lucha popular; nos impone la necesidad de rebasar el activismo y valorar las fortalezas y debilidades del movimiento social, así como potenciar nuestras posibilidades y corregir nuestras deficiencias.

LOS ACUERDOS FIRMADOS

Sobre el paquete fiscal
El gobierno de la GANA aceptó no gravar el Bono 14, el aguinaldo y las indemnizaciones laborales, y mantener la base tributaria para el ISR en Q.36000 mensuales. Antes de ese día, la disposición de no afectar dichos rubros había sido anunciada públicamente por el Jefe de Bancada de la GANA, debido al ambiente de oposición generalizada que se respiraba, incluso de los partidos "opositores" en el Congreso. En todo caso, estas prestaciones laborales que el gobierno pretendía gravar, en tanto Derechos adquiridos que están protegidas por el Artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, habría generado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y echado por tierra su operatividad.

En los Acuerdos el resto del paquete fiscal queda intacto. Los impuestos aprobados por la mayoría de partidos políticos, como el de la distribución de bebidas alcohólicas, el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) y el aumento al ISR para personas jurídicas, simplemente serán trasladados al consumidor final. Este argumento se base en la práctica histórica del empresariado de cargar el aumento a sus costos de producción y operación por los nuevos impuestos, al consumidor final, lo cual implica un aumento en cadena a los productos en general. El endeudamiento por Q5305 millones en Bonos del Tesoro aprobado, se suma a la impagable deuda pública. Mientras, el gobierno sigue haciendo gala de despilfarro, insultante por los sueldos altísimos a sus funcionarios mayores que contrastan con los míseros sueldos en el caso de la mayoría de trabajadores estatales, por el traslado de fondos al ejército, etc. En este aspecto es necesario estar claros que el endeudamiento y el paquete fiscal satisface la imposición del Fondo Monetario Internacional --FMI-- para garantizar el pago de la deuda externa y pública, mecanismo utilizado para expoliar a nuestro país y enriquecer al gran capital financiero transnacional.

Sobre los desalojos y la situación अग्ररिया

En el tema agrario, ningún organismo del Estado se comprometió o asumió soluciones concretas। Veamos.
El Gobierno de GANA-Berger se "comprometió" a que CONTIERRA: 1) "hará un análisis de la conflictividad agraria", desconociendo que dicha institución tiene ya conocimiento fundamentado de la problemática, en buena medida alimentado por las organizaciones campesinas; 2) presentará propuestas de iniciativa de ley y políticas públicas, desconociendo igualmente las propuestas presentadas por coordinadoras del movimiento campesino। El Ejecutivo “analizará el delito de usurpación y usurpación agravada”, aplicado a los campesinos que han ocupado legítimamente fincas de terratenientes. En este caso se logra que sean tomadas en cuenta las propuestas de las organizaciones campesinas, pero no garantiza que la bancada de diputados de la GANA y mucho menos que los otros partidos políticos en el Congreso aprueben las reformas al Código Penal que esto requiere. En torno a los desalojos, el gobierno sólo se compromete a que el Ministerio de Gobernación respete los Derechos Humanos (¿de los campesinos o de los terratenientes explotadores y represores?), como si los Derechos de los campesinos se limitasen a tales acciones y no estuviesen siendo violados en infinidad de formas por parte de los terratenientes y los distintos organismos del Estado.

El Ministerio Público (MP), manejado también por el bloque de poder en el Estado, se comprometió a designar un Fiscal Especial para Asuntos Agrarios। Esto abriría hipotéticamente una posibilidad para utilizar algunas leyes que favorezcan al movimiento campesino, aunque se sabe la influencia que ejerce la oligarquía terratenientes sobre el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Gobierno mismo. El MP también “sensibilizará y capacitará a fiscales para la investigación objetiva de casos” relativos al tema agrario, lo cual enfrenta una realidad comprobada en la cual los operadores del MP dependen de las presiones políticas y sobornos desde el poder político y económico.

Por último, la Corte Suprema se limitará a investigar los procesos de desalojo para verificar el debido proceso". Esta no es la primera vez que la Corte Suprema asume dicho compromiso, obviamente con incumplimiento. No obstante que el debido proceso pudo haberse cumplido, es de recordar que las leyes han sido hechas para defender los intereses de la clase dominante y su aplicación es retorcida para su beneficio y no para la defensa de los intereses de las clases explotadas y dominadas como sucede con el campesinado.

Sobre el Tratado de Comercio (TLC) entre Centro América y Estados Unidos

En materia del TLC entre Centro América y Estados Unidos, el gobierno se comprometió a divulgarlo y para esto tomará en cuenta propuestas de mecanismos de las organizaciones sociales, y para enfrentar los desafíos del tratado promoverá y formulará una adecuada política nacional de empleo y una política salarial.

Esto implica que el gobierno: a) tomará en cuenta, pero no está obligado a asumir los mecanismos propuestos por las organizaciones sociales; b) divulgará su versión del TLC, no la versión de las organizaciones sociales. En este sentido, el gobierno empresarial de GANA-Berger ha dicho que el TLC impulsará el desarrollo nacional, contrario a lo que pensamos las organizaciones revolucionarias y populares.

En materia salarial, el bloque de poder en el Estado, visiblemente representado por GANA-Berger, ha venido frenando cualquier intento de aumento al salario mínimo, tiene la política de someter al mercado la creación de empleo y, consecuente con esto y con lo ya anunciado, despedirá empleados públicos y suprimirá plazas। Asimismo promueve la privatización de empresas y fondos públicos como ha sido la línea de saqueo del gobierno oligarca de Álvaro Arzú.

El TLC traerá efectos devastadores para la economía nacional y, sobretodo, para la economía de la clase trabajadora, del campesinado. Sin embargo, en los Acuerdos firmados no es cuestionado por los autoproclamados líderes sociales, mucho menos enfrentado con una política de oposición y resistencia. Al contrario, se cede el derecho legítimo de movilización, se legitiman medidas cosméticas - como su divulgación— y se deja al gobierno actual decisiones de políticas que --ya se conoce-- están orientadas a defender y promover los intereses de clase del gran empresariado nacional y transnacional.

¿Quién gana y quién pierde?

Indudablemente, el gobierno quedó satisfecho con los Acuerdos। De hecho, sus compromisos son ambiguos y no comprometen un cambio de política gubernamental en los temas de la demanda. Es más, con los Acuerdos firmados por líderes de organizaciones sociales, el gobierno logra desmovilizar el paro y desmovilizar por noventa días la lucha en torno a las demandas principales del movimiento social en la actual coyuntura y que dichos líderes cedan en el Derecho constitucional que tenemos los guatemaltecos a manifestar pública y organizadamente.

Este período de noventa días le permitirá al Gobierno y al bloque en el poder: a) aprobar e implementar el paquete fiscal; b) lograr que entre en vigencia un TLC que representa, por un lado, grandes beneficios para Estados Unidos y para grandes empresas nacionales y transnacionales, y por otro, enormes consecuencias negativas para la economía familiar de las capas medias y, especialmente, de la clase trabajadora y la población en condición de pobreza; c) desgastar al movimiento campesino y al movimiento social en general, tal y como sucedió previo y el mismo día del paro cuando negocia por separado y logra la desmovilización de las organizaciones de mercados; d) imponer sus lineamientos en materia agraria (como sucedió el 22 de junio con el financiamiento para arrendamiento de tierras) e impedir cualquier otra movilización de trascendencia en torno a la problemática y conflictividad en el campo; e) evitar o disminuir la lucha contra la aprobación del paquete fiscal que tendrá efectos principalmente en la economía de la clase trabajadora y la población en condición de pobreza.

Haber desarticulado el Paro en contubernio con seudo líderes sociales al obtener de estos el compromiso para no movilizarse tiene implicaciones sobre las demandas y propuestas que en tales temáticas poseen los propios movimientos. Por ejemplo, la demanda de financiamiento y apoyo de emergencia para enfrentar la crisis en la economía campesina quedó postergada.
Orientar la movilización condicionada a la negociación y, en la misma, aceptar la desmovilización de la lucha, implica que los mismos líderes maniataron a sus organizaciones ante la estratégica necesidad de fortalecer la lucha popular। La dirección al proceso del paro, tal y como se diseñó, refleja un espíritu desmovilizado que se apoderó de las direcciones populares, especialmente desde la firma de los Acuerdos de Paz, en donde la negociación ha prevalecido sobre la desmovilización, Talón de Aquiles de las organizaciones populares. Se evidencia la necesidad de replantear la estrategia hacia la movilización y resistencia como camino para presionar y obligar a cambios en la esfera del Estado, al liderazgo colectivo que no permitirá comprometer el movimiento en su conjunto. Cuestiona el triunfalismo pírrico de líderes y organizaciones que asumen los "compromisos" del gobierno --que no implican cumplimiento- como logros trascendentales en la negociación, logros que se pierden en la triste realidad y la frustración de las bases sociales.

La necesidad de nuestra reflexión crítica

La reflexión crítica es imprescindible. Por eso debemos preguntarnos ¿Cuál es la estrategia más coherente para la lucha del movimiento social?, ¿Cuáles son los cuestionamientos para la negociación como parte de la Estrategia?, ¿Qué papel deben jugar los líderes en la toma de decisiones que comprometen a sus organizaciones y movimientos?, ¿Qué tan representativos y legítimos son los líderes que nos han representando en las negociaciones?, ¿Hasta que punto los líderes creen en sus propias bases?, ¿Cuáles son las consultas necesarias e indispensables antes de asumir la firma de determinado tipo de Acuerdos?, ¿Por qué los líderes no asumieron la decisión de sus bases, tomada antes de iniciar el Paro?, ¿Cuál es nuestra capacidad de negociar cuando aceptamos documentos, inclusive, "mal" redactados, con implicaciones de contenido que afectan la lucha y las condiciones del pueblo representado por los movimientos?, ¿Qué deficiencias tenemos en la planificación de nuestras luchas?, ¿cómo afecta a los movimientos el protagonismo personalista de ciertos líderes?, ¿Cuáles son los vicios de condescendencia con los gobiernos que permanecen en algunos líderes?, ¿Dónde está nuestra incapacidad para articular un verdadero movimiento popular contrahegemónico?, ¿A que se debe la actitud triunfalista de ciertos líderes y organizaciones?. Seguramente hará falta ampliar las preguntas planteadas. Preguntar y responder es parte de la reflexión crítica a la cual estamos obligados. Esto es base para lograr avances importantes en la lucha popular.

Junio 2004

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