jueves, 30 de octubre de 2008

LEY DE CONCESIONES

Una nueva cara de la Privatización
Un nuevo engaño al pueblo


El 20 de julio de 2004, fue presentada al Congreso de la República, la iniciativa de “Ley General de Concesiones”. Esta Ley pretende, a través de la figura de concesión, privatizar la construcción de obras públicas, la explotación de recursos naturales y culturales y la prestación de servicios públicos. Como era de esperarse, dicha iniciativa ha sido apoyada por todos los partidos vende patrias (GANA, FRG, UNE, Unionista, PAN, PATRIOTA, entre otros) quienes representan los intereses del capital nacional y transnacional.

Esta Ley forma parte de un conjunto de leyes, entre las cuales se cuenta: a) la aprobación de reformas al Decreto 34-2004 para evitar que el pueblo pueda comprar productos medicinales genéricos, b) la aprobación del TLC con Estados Unidos y, c) la Ley de Minería. Este paquete de leyes ha sido impuesto por Estados Unidos, por compañías transnacionales y por organismos del capital como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Leyes, además, que están siendo aprobadas a espaldas del pueblo, sin escuchar las voces de quienes nos oponemos, y que provocan, con justa razón, las iras del pueblo.


¿QUÉ SIGNIFICA LA LEY DE CONCESIONES?

En esta Ley se entiende por concesión “la facultad que el Estado otorga a particulares, para que por su cuenta y ‘riesgo’ construyan, produzcan, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren obras, bienes y servicios públicos”.

Quienes la promueven plantean como justificación que la inversión del Estado es poco competitiva y cara, criterios que no pueden ser aplicados pues el Estado no es empresa que persiga ganancias y el costo del servicio no puede más que medirse en sus resultados cuando estos satisfacen necesidades básicas del pueblo. También utilizan como justificación supuestos principios que hacen de esta una ley ridícula. Se plantea “la protección adecuada al derecho de los usuarios”, “el uso sostenible de los recursos naturales”, “la protección del patrimonio cultural y natural”, “la sostenibilidad y protección”. Todo lo anterior, como demuestra la realidad concreta, en manos de la empresa privada es imposible, pues su naturaleza e interés es perseguir la máxima ganancia, sin importar el costo para lograrlo. También es imposible con un gobierno que protege y auspicia los intereses de las empresas nacionales y transnacionales y no los intereses del pueblo.


La Ley de Concesiones abre la posibilidad para que el Estado privatice los servicios de salud pública y el IGSS, educación (primaria, secundaria y universitaria), turismo, parques y edificios públicos, saneamiento y recuperación ambiental, correos, alimentación de hospitales, cárceles y escuelas; para que privatice la construcción y mantenimiento de carreteras, autopistas, viaductos, túneles, vías férreas, puertos, aeropuertos, acueductos, oleoductos, gasoductos; para que privatice la instalación, funcionamiento y prestación de servicio de plantas de generación de energía eléctrica; para que privatice los servicios de telecomunicaciones; para que privatice la elaboración de cédulas, pasaportes, licencias de conducir; para que privatice el transporte público y parques turísticos. Además, las empresas nacionales y transnacionales podrán obtener en arrendamiento o para su uso, sin ningún costo, las obras públicas y los servicios ya existentes o los que construyan o inauguren.

Al anterior listado de concesiones, se agrega un artículo que deja abierta la puerta para privatizar cualquier otro servicio. Pero, además, la Ley plantea que las empresas nacionales y transnacionales pueden explotar los servicios hasta por 50 años, para lo cual toda institución del Estado dará en concesión –privatización-- cualquier servicio, obra o bien propio del Estado, o sea del pueblo.

Los partidos políticos y el gobierno de GANA-Berger, al dar en concesión a las empresas nacionales y transnacionales la construcción de obras, la explotación de recursos naturales –renovables y no renovables-- y culturales y la prestación de servicios públicos, permitirán que sea el pueblo quien pague el costo por todas esas construcciones, explotaciones y servicios; que se cobre al pueblo el costo para que las empresas obtengan las ganancias que quieran. Esto se hará a través de nuevas tarifas, tasas, peaje o cualquier otra forma de cobro.

Esta, entonces, es una Ley de traición a la patria y de servilismo al imperio.

¿QUÉ SE PRETENDE CON LA LEY DE CONCESIONES?

La Ley de Concesiones es clara. Pretende entregar los bienes y servicios públicos a la “iniciativa privada” para que los explote y, por consiguiente, que los ricos se hagan más ricos a costa del pueblo que será más pobre. Con esta Ley, el gobierno podrá dar en concesión (privatización) para su explotación: la salud pública y el IGSS, la educación primaria, segundaria y universitaria, la seguridad, el agua, los ríos y lagos, los bosques, la energía eléctrica (PPP), el petróleo, el gas natural, los minerales, el transporte, etc.
De hecho, la misma ley plantea que “el Estado debe incrementar la riqueza” y que es justa la “pretensión de las empresas de recuperar sus inversiones y obtener las ganancias que deben asegurársele”. Se habla expresamente de “hacer de estas concesiones una actividad susceptible de explotación por los empresarios”. Es decir, toda empresa estará en la posibilidad de cobrar a los usuarios según su propia conveniencia. Esto en Economía Política se llama: otra forma de acumulación de capital.

También se pretende que el Estado ya no siga prestando servicios públicos, construyendo obras y evitando a las empresas nacionales y transnacionales la posibilidad de explotar los recursos naturales que pertenecen a la Nación. Pretende, también, adelgazar el Estado, quitarle la obligación de garantizar derechos humanos elementales como la vida, la salud, la educación gratuita, laica y obligatoria, especialmente a la población que es sometida a condiciones de pobreza y pobreza extrema.


¿QUIÉNES ESTAN DETRÁS DE LA LEY DE CONCESIONES?

Esta Ley forma parte de la política neoliberal que Estados Unidos y el gran capital mundial y local promueven. La misma ha privatizado las empresas y servicios públicos y, por consiguiente, ha disminuido la responsabilidad del Estado ante el pueblo.

Esta política, como está demostrado, ha generado más pobreza en toda América Latina y ha provocado luchas y levantamientos sociales de muchos pueblos hermanos, tales como el argentino, ecuatoriano, boliviano, venezolano, chileno, salvadoreño, mexicano, entre otros.
Detrás de esta política neoliberal y, específicamente, de esta Ley de Concesiones, está el capital (empresas locales y transnacionales), el cual actúa a través de países como Estados Unidos y la Unión Europea y de organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes a través de sus embajadores y funcionarios chantajean amenazando con cerrar mercados, ofrecen impunidad y asignan comisiones a los gobernantes y diputados que apoyan sus intereses. El capital actúa a través de partidos políticos, como los que están a favor de esta Ley, y de organizaciones empresariales encabezadas por el CACIF.

Entonces, ¿Qué es lo que busca el capital con esta Ley de Concesiones? Lo que históricamente ha buscado, aumentar sus ganancias a costa del hambre de nuestro pueblo.

¿POR QUÉ NOS DEBEMOS OPONER A LA LEY DE CONCESIONES?

1. Porque ya conocemos lo que significa la PRIVATIZACION (hoy nombrada concesión): significa encarecimiento los servicios como educación, salud, teléfono, energía eléctrica, agua potable, transporte, etc., y servicios de pésima calidad.

2. Porque esta Ley significa hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Es decir, se permitirá la acumulación de capital a costa, como siempre, de la explotación a nuestro pueblo. En este caso, a través de cobrar por servicios como la educación y salud, que el Estado está obligado constitucionalmente a prestar gratuita y obligatoriamente.

3. Porque significa poner en manos de la avaricia del capital extranjero (empresas), la prestación de servicios como salud, educación, vivienda, etc. para que cobren altos precios; la construcción de represas hidroeléctricas que afectaran a cientos de comunidades en Petén, Quiché y Huehuetenango, así como gran cantidad de comunidades en territorio mexicano; la construcción de carreteras, aeropuertos, etc. cuyo uso será cobrado; la explotación de bienes de la nación tales como edificios, carreteras, equipos, ríos, lagos, bosques, etc. Esto significa que los servicios y recursos sólo estarán al alcance de quien pueda pagarlos, al costo que la impresa (el capital) imponga.

4. Porque no habrá control sobre los precios y calidad de las obras y servicios, siendo que los mismos empresarios – ayer y hoy en el gobierno-- darán en concesión y “supervisaran” las concesiones. Como dice el dicho popular: “chucho no come chucho”. Recordemos que lo tradicional es que los mismos funcionarios dan los proyectos, directa o indirectamente, a sus propias empresas, a las empresas de familiares y a quienes les pagan comisiones bajo la mesa. Todo guatemalteco y guatemalteca sabe que el tráfico de influencias y la corrupción imperante hacen que no se cumplan las leyes y menos los reglamentos. Esto significa que no pondrán límites a la explotación de esas obras o servicios.

5. Porque la privatización (hoy llamada concesión) ha significado perdida de empleo y de seguridad laboral y social para la clase trabajadora, en este caso para los trabajadores del Estado.

6. Porque el actual gobierno ya ha comprometido recursos provenientes de estas concesiones. Así, por ejemplo, ofreció recursos económicos a las PAC, los cuales provendrán del peaje que se cobrará en El Rancho, inclusive sin que exista todavía. Esto demuestra que los mínimos “beneficios” no irán a satisfacer las necesidades básicas y la solución de los problemas del pueblo, sino a pagar a grupos paramilitares, violadores de los Derechos Humanos, como las PAC.

7. Porque esta Ley significa otra ingerencia más de organismos internacionales y de otros gobiernos, especialmente de Estados Unidos, imperio que pretende anexionar nuestros territorios y dejarnos como simples colonias bajo su tiranía.

8. Porque como pueblo tenemos la dignidad y decisión de resistir a toda política que pretenda afectarnos. Porque nos hemos demostrado la capacidad de resistencia y lucha para VENCER.

9. Porque nuestro pueblo no va a permitir que se siga desmembrando a nuestra patria.

POR ESTAS RAZONES

¡LUCHA Y RESISTENCIA CONTRA LA LEY DE CONCESIONES!

¡LUCHA Y RESISTENCIA CONTRA EL TLC!

¡POR GUATEMALA, LA REVOLUCIÓN Y EL SOCIALISMO!
Marzo, 2005.

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