jueves, 30 de octubre de 2008

NACIONALIZACIÓN ANTE EL DESPOJO Y LA EXPLOTACIÓN

"Las leyes que regulan la explotación minera en Guatemala las diseñaron e impusieron las mismas empresas transnacionales interesadas. Porque en la mayoría de los casos –si no en todos--, los capitalista compran a las autoridades para que en el proceso de formulación y aprobación de las leyes les favorezcan con otorgarles las licencias para explorar y explotar los minerales metálicos a costa de expulsar y dañar a las comunidades que ocupan las tierras donde hay minerales." Venceremos No. 7, Primera Época.

Los capitalistas locales y transnacionales están extendiendo e intensificando sus actividades expoliadoras y explotadoras con el objetivo de lograr la máxima ganancia en el menor tiempo y al más bajo costo posible. En ese esfuerzo están disputándose el territorio y los recursos, realizando alianzas económicas y políticas, y diseñando las estrategias necesarias para lograr su propósito: el despojo de los recursos nacionales, comunitarios y de los pueblos indígenas, y la explotación de la fuerza de trabajo con salarios de hambre y condiciones inhumanas con jornadas de 10 a 14 horas diarias.

Para lograr sus intereses desarrollan diversas acciones: corrupción de alcaldes y líderes comunitarios, ofrecimiento demagógico de proyectos a comunidades, iglesias evangélicas y organizaciones, división de comunidades, despojo de tierras que históricamente han pertenecido a comunidades campesinas e indígenas, intimidación y amenazas, promoción para la creación de áreas protegidas para garantizarse la explotación actual o futura de recursos, imposición de sus agentes en ministerios e instituciones de gobierno (tal el caso del actual ministro de Energía y Minas, Carlos Meany), imponiendo diputaciones en los partidos para asegurarse el apoyo dentro del Congreso, promoviendo leyes y políticas de privatización, concesiones o, como le llama el gobierno de derecha de Colom, de participación pública-privada. Estas y otras formas son promovidas para lograr su objetivo: la máxima ganancia sin importarle la sobrevivencia de nuestros pueblos y a costa de la contaminación del ambiente y los recursos vitales como el agua.

Por su parte el Estado, a través de los diferentes Gobiernos, Congreso y Organismo Judicial, actúan en general y en lo fundamental, para garantizar los intereses del capital. Por un lado mantienen una ley inmoral: la Ley de Minería, en la cual se garantiza a las empresas mineras el 99% de las regalías; reprimen y persiguen a las organizaciones, líderes y militantes de la resistencia comunitaria, indígena y popular; garantizan que sus operadores políticos sean quienes dirijan los ministerios e instituciones que se vinculan a las actividades del capital transnacional y nacional; impulsan las políticas que en la misma dirección ordena el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los aparatos paramilitares de Estados Unidos, etc. En resistencia al capital transnacional y local, y a las políticas anti populares impulsadas por los anteriores y el actual gobierno, cientos de comunidades y pueblos indígenas principalmente, han impulsado diversas acciones para defender sus tierras y territorios, garantizar el bien común y promover un desarrollo alternativo basado en la producción, la educación y la salud: consultas ciudadanas, encuentros de organizaciones sociales, marchas, toma de carreteras, denuncias, procesos judiciales en el ámbito nacional y en la Corte Interamericana de Derechos. En territorios como Huehuetenango y San Marcos, esta resistencia ha creado una correlación favorable y contraria a los intereses de las empresas mineras o empresas con pretensiones de construir grandes y medianas hidroeléctricas que sabemos tendrán efectos sobre la cantidad y calidad del agua a la que tienen acceso hoy centenares de comunidades rurales y urbanas desde las zonas altas de Huehuetenango, Quiché y San Marcos, hasta comunidades de las zonas de boca costa y costa de todo el país.

Pero esta correlación de fuerzas favorable a nivel municipal y regional es limitada si no se logra que en el ámbito nacional exista y avance una fuerza que la cohesione y la potencié para finalmente eliminar la acción expoliadora, explotadora, contaminante e insostenible de la voracidad del capitalismo expresado en dichas empresas, en las leyes y instituciones, y en los organismos del Estado que les sirven.

Esa fuerza política con definición ideológica, con claridad política, con un programa y una estrategia coherentes está en gestación. Dicha fuerza debemos impulsarla. Para ello debemos empezar por una necesaria articulación de organizaciones sociales y políticas que, desde una perspectiva de izquierda y revolucionaria, rompa el yugo del pragmatismo, el electoralismo y la convivencia para-sistémica, e inicie a partir de un liderazgo legítimo y confiable, la retoma de propuestas audaces y de una estrategia de movilización que, con triunfos pequeños y medianos, vaya generando las condiciones para la resistencia triunfante contra la expoliación y pasar a la ofensiva hacia la toma del poder, para desde ahí, no solamente derrotar temporalmente al capital, sino crear las condiciones para la derrota definitiva.

No obstante, para ello –insistimos- se necesita inteligencia, compromiso y decisión. En este sentido, una lucha contra la minería en lo nacional, no pasa por promover reformas tibias a la Ley de Minería, sino por cambiarla radicalmente. En lugar de promover que las regalías al Estado aumenten del ridículo, inmoral y ofensivo 1% que hoy de forma entreguista se percibe, se necesita luchar porque la construcción de hidroeléctricas y la minería pasen a ser nacionalizadas y desarrolladas sólo cuando garanticen los más rigurosos estándares ambientales, el consentimiento y el desarrollo pleno de las comunidades y pueblos donde estas se establezcan.
Por eso planteamos:
¡ANTE LA IMPOSICIÓN, CONSULTAS POPULARES! ¡ANTE EL DEPOJO, NACIONALIZACIÓN!
Guatemala, agosto 2008.

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