jueves, 5 de marzo de 2015

TERCER INFORME DE GOBIERNO: ENTRE MENTIRAS Y FICCIÓN

Por Antonio Sierra

El 14 de enero fue presentado el tercer informe de gobierno de la administración Pérez-Baldetti. El informe es la radiografía de una Guatemala inexistente, con una economía pujante y niveles aceptables de desarrollo de la población. El capítulo sobre la marcha de la economía revela hasta qué punto Guatemala se encuentra sumida en el capitalismo neoliberal impuesto a países principalmente del llamado tercer mundo, como Guatemala, con sus consabidas consecuencias en términos de mayor dependencia, explotación y expolio. Esto es lo que significa la propuesta “desarrollo económico competitivo” que impulsa el actual gobierno y que está orientada fundamentalmente a incrementar la acumulación de capital y a garantizar que la producción en el país sea competitiva en el mercado mundial, principalmente a partir de los bajos salarios e impuestos.
Para ello, promueve las inversiones de capital transnacional en alianza con capital nacional en cuatro áreas principales: actividades extractivas (minería a cielo abierto, petróleo); los monocultivos, principalmente palma africana y caña de azúcar; la generación de energía (construcción de hidroeléctricas), y el desarrollo de megaproyectos de infraestructura. Todo esto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, dado a conocer recientemente, en el que se concibe tales áreas y actividades como motores del desarrollo. La consecuencia del impulso de este “modelo de desarrollo económico” es la mercantilización de los bienes naturales y de los recursos públicos, y el despojo de tierras a comunidades y pueblos indígenas.

Como continuidad de dicho modelo, al comienzo de su administración Pérez Molina y Baldetti anunciaron el impulso de acciones para lograr el desarrollo rural en dos líneas, que más tarde denominaron dos puertas: inversiones privadas en territorios rurales y apoyo a la economía campesina. Sin embargo, ha pre-dominado la promoción de inversiones de capital transnacional y nacional en las áreas mencionadas, mientras la economía campesina apenas ha recibido mínimos apoyos a través de programas clientelares que no favorecen su desarrollo. Dicho modelo ha conducido a un crecimiento de la producción cada vez más raquítico y lento. Una mirada rápida al comportamiento de la economía en la ad-ministración actual revela que se enfrenta a los mismos vaivenes que se ha enfrentado a lo largo del período 1990-2011.

En el 2014, el Producto Interno Bruto (PIB), tuvo un crecimiento real de 3,9% respecto a 2013, pero es inferior al de 2011 (4,2%), segundo año de recuperación luego de la crisis mundial de 2007-2009. Ese comportamiento del PIB es una de las manifestaciones de la subordinación del modelo económico del país al capitalismo global dominado por el capital financiero y las grandes transnacionales; de la misma manera que lo es la continuada aplicación de medidas económicas monetaristas. Asimismo, es la base de una distribución de la riqueza socialmente creada, que niega derechos y que orilla a la mayoría de la población guatemalteca a vivir con salarios de hambre, cuando bien les va, y sin acceso a educación, salud, vivienda, recreación, pensiones, etc.

Los datos indican que de 2001 a la fecha se ha incrementado notablemente la desigualdad de la distribución de la riqueza. La brecha entre la parte de la riqueza destinada a los salarios y la ganancia o renta generada, es cada vez mayor. La reciente fijación de un sala-rio mínimo de Q1, 500 para cuatro municipios de dos departamentos, está muy por de-bajo del salario mínimo aprobado para todo el país. Si el salario mínimo para todo el país no alcanza ni para cubrir la canasta básica, esta diferenciación muestra, con toda claridad, cómo el modelo económico vigente se orienta a facilitar e incrementar la acumulación capitalista. Hay que agregar que los trabajadores agrícolas, sobre todo los estacionarios, siguen recibiendo remuneraciones de Q25 – Q30 diarios, muy por debajo del sala-rio mínimo que actualmente es de Q. 2, 644 mensual.

Lo anterior explica cómo los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país se encuentran entre los más altos de América Latina. 53,71% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras el 13,33% en pobreza extrema. En el área rural la pobreza total es 71,3%, la pobreza extrema 21,12%. Sin embargo, si se mide a partir del concepto de pobreza multidimensional, según la CEPAL, Guatemala presenta un 70,3 de pobreza general. La pobreza se manifiestan con particular crudeza en las altas tasas de desnutrición infantil: el 45,6% de los niños de seis a nueve años once meses de edad tienen algún grado de desnutrición; la desnutrición severa afecta al 12,7%.
En falsa respuesta a la problemática anterior, el “Plan hambre cero” y su “ventana de los mil días” supuestamente diseñados para combatir la desnutrición y la pobreza, se han reducido a la entrega de la “bolsa segura” y el “bono seguro”. Éstos son programas paliativos y clientelares que no se orientan ni resolverán el problema de fondo: la desigual distribución de la riqueza.

La llamada inversión social real sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de salud y educación, por mencionar sólo dos asuntos de importancia capital. Las crisis educativa y de salud han llegado en estos tres años de administración del PP a niveles nunca antes vistos. Si bien es cierto son crisis que se arrastran desde hace varios años, de 2012 a la fecha se han agudizado de manera alarmante, tal como lo muestran las condiciones en las que se encuentran la red hospitalaria y la red de centros educativos públicos. En materia de educación pública, la cobertura en los niveles preprimaria, básico y diversificado es baja; la cobertura en primaria no alcanza la universalización pese a los avances registrados en la administración anterior. Además, en los niveles de básico y di-versificado un alto porcentaje de los servicios son privados.

Bajos ingresos para la mayoría de la población (consecuencia de la desigual distribución de la riqueza), y poco acceso a servicios de salud y educación dan como resultado un bajo índice de desarrollo humano, IDH. Según el Informe de Desarrollo Humano 2014, Guatemala se encuentra entre los países con desarrollo humano medio: tiene un IDH de 0.628, ocupando el lugar 125 de 187 países medidos.

En el ámbito de la seguridad democrática y justicia, la adopción del “Pacto por la seguridad, la justicia y la paz” no ha conducido a la aplicación y desarrollo de un modelo de seguridad democrática que se sustente en la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, entre otras, de la población.

Ese pacto ha conducido al retorno en varios aspectos del modelo de seguridad nacional que prevaleció durante la guerra interna: militarización de facto de las fuerzas civiles de seguridad (PNC) expresada en la creación de fuerzas de tarea al estilo militar y en los patrullajes con-juntos PNC-ejército; la militarización vía la privatización de la protección empresarial a través de empresas de propiedad o controladas por ex militares locales y extranjeros; criminalización y persecución de las luchas populares tales como la protesta y los movimientos de resistencia, las que son tratadas desde una concepción de delito. Todo ello a partir de la retoma del control de puestos clave del Estado por militares de bajo y de alta. El propósito es dar seguridad y garantías al capital, desde el más grande hasta el capital de nuevos ricos, llama-dos capital emergente.

La delincuencia común se enfrenta a través de medidas exclusivamente represivas, sin abordar las causas de la misma; mientras el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, se enfrenta con la aplicación de la política anti-narcótica de Estados Unidos para América La-tina expresada, en el caso de México y Centroamérica, en el Plan Mérida. Hay una profunda regresión en materia de seguridad democrática, mediante la implantación de la visión militarista de la seguridad nacional propia de la guerra fría. Los resultados no podían ser peores: según cifras de la PNC, en 2014 se registraron casi 5,000 muertes violentas, cifra que el INACIF eleva a alrededor de 5,500.

En el ámbito de la justicia el propósito funda-mental ha sido evitar, por todos los medios, que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la guerra interna sean juzgadas en los tribunales de justicia. Ha habido una permanente intromisión del Ejecutivo en los procesos penales por violaciones a los derechos humanos. El sistema de justicia es utilizado para criminalizar y perseguir a lideresas y líderes populares y de movimientos de resistencia. El reciente proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones fue el escenario en el que los llamados “poderes fácticos” se distribuyeron cuotas de poder. La nueva CSJ es garantía de impunidad para esos poderes y para los funcionarios del PP.


Finalmente, una breve consideración sobre la cuestión de la corrupción. Ésta ha llegado a niveles alarmantes durante la administración del PP. Es difícil cuantificarla, pero en el caso del presidente y la vicepresidenta algunos me-dios de comunicación han informado sobre las propiedades que han acumulado y que no corresponden a su nivel de ingresos. Ministros y funcionarios menores, han seguido su ejemplo. Han convertido los recursos del Estado en un botín.