miércoles, 22 de abril de 2015

REDES MAFIOSAS EN EL GOBIERNO DE GUATEMALA

El Estado contrainsurgente sigue presente, y también la explotación a la clase trabajadora

Acaba de descubrirse una red mafiosa que operaba en el corazón mismo del Estado. ¡Buena noticia!, sin dudas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, junto con el Ministerio Público, lograron capturar la red denominada “La Línea”, donde actuaban importantes personajes ligados al gobierno: el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y su ex director, el Secretario Privado de la Vicepresidencia y otros funcionarios de rango medio, entre ellos el Secretario General del Sindicato de la SAT. En concreto: se trataba de un grupo criminal dedicado a la defraudación tributaria.

La lucha contra la impunidad siempre debe ser aplaudida. Pero en este caso, no debemos quedarnos sólo con lo que se mostró en la prensa. Eso es parte del paquete mediático.

El actual equipo gobernante, manejado básicamente por el binomio presidencial -Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, más allá de representar una clara posición de derecha conservadora y furiosamente anticomunista, no tiene una propuesta programática. Pareciera que el objetivo básico de la actual administración del Partido Patriota es ocupar espacios de poder para continuar sus propios negocios corporativos, ligados a grupos clandestinos que siguen moviéndose con la lógica de la contrainsurgencia de los años del enfrentamiento armado. De esa cuenta, actividades como el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el tráfico de personas, más los amañados contratos leoninos como prestadores de servicios públicos, entre otras actividades delictivas, son parte de sus “negocios”, apañados desde el poder del Estado. La impunidad está a la orden del día en todo esto, nada ha cambiado, y se opera desde altos niveles de poder en el ámbito público y privado.

De hecho, todos estos grupos surgidos de la guerra interna, que ocuparon la dirección del país en los años del conflicto armado, siguen manejando sus asuntos con la misma lógica militar y en el secretismo (ahora, como grupos clandestinos). Por lo pronto, se convirtieron en una nueva expresión de la burguesía que ya le disputa cuotas de poder económico y político a la oligarquía tradicional. El presidente y la vicepresidente son una clara representación del ascenso de esos sectores de “nuevos ricos” (con mansiones, cadenas de oro y caballos de carrera).

Eso, a veces, entra en contradicción con los sectores tradicionales de la burguesía, especialmente con aquella fracción oligárquica. Las luchas entre facciones de poder (de la derecha empresarial) están presentes. Aunque también, como clase, no dejan de beneficiarse mutuamente. La defraudación tributaria que se desbarató ahora, de la que el Poder Ejecutivo trata vanamente de tomar distancia para no salir manchado, permitió que se enriquecieran algunos grupos corruptos asociados al Partido Patriota, militares, empresarios y funcionarios. Pero también permitió a una gran cantidad de empresarios ser parte de estas prácticas corruptas y burlarse del fisco; con la evasión lo que hacen es burlarse de los trabajadores quienes, no obstante ser los creadores de la riqueza a través de su trabajo cotidiano, carecen de los servicios públicos esenciales o acceden a servicios profundamente deficientes y en crisis (como se constata en salud y educación), siendo que el Estado está corroído y quebrado tanto por redes corruptas y criminales, como por una burguesía que utiliza los bajos impuestos, las exenciones y la evasión como forma de mantener sus altos niveles de enriquecimiento.

Más allá de la corrupción -profunda- en el actual equipo de gobierno, hay mucho de aparatoso montaje en los medios de comunicación. No sería imposible que en una propuesta de “lavado de cara” para el mafioso capitalismo que campea en el país, la embajada del imperio estadounidense apueste por una “nueva imagen”, mostrando que la impunidad puede combatirse, y que la actual situación caótica en que se encuentra Guatemala se debe, en definitiva, a una serie de “políticos corruptos” que nos engañan. De ahí su coincidencia con la oligarquía (CACIF) en la “exigencia” para que continúe la CICIG y en que la situación política no debilite la institucionalidad y la “gobernabilidad” que garantice el relevo de autoridades gubernamentales por la vía electoral.

Se conocieron los nombres de la gente allegada a la Vicepresidente, los que ahora están presos, prófugos o con cuestionables medidas sustitutivas (fianzas, arrestos domiciliarios), pero no se conoció un solo nombre de empresarios que también se benefician -¡más que nadie!- de la red de fraude tributario. O sea: una imagen de transparencia -que ratifica la necesidad de la CICIG en el país- para seguir con más de lo mismo: explotación inmisericorde, salarios diferenciados (¡rebajados!, para decirlo claramente), industrias extractivas (mineras, hidroeléctricas) por todos lados, y monocultivos como los agro combustibles a expensas de las tierras para el cultivo de alimentos.

Aplaudimos la lucha contra la impunidad, pero pensamos que no se puede quedar sólo en eso. La situación actual, a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral, ha dejado en seria crisis al partido de gobierno. La renuncia de su candidato presidencial agita las aguas. Aunque ¡cuidado! Lavar un poco la cara, pedir la renuncia del presidente y la vicepresidente como ya algunos sectores lo están haciendo, haber desarticulado sólo una parte de la red de evasión fiscal es insuficiente.

Como trabajadores y comunistas debemos tener muy claro que la impunidad es un síntoma consustancial al sistema capitalista. Luchar sólo contra ese síntoma y pensar que con la detención de un grupo criminal como el actual se terminan los problemas, es iluso. Si el binomio presidencial renunciara, eso no traería aparejado ningún cambio real para la clase trabajadora. Como tampoco lo traerán las próximas elecciones de septiembre, donde a lo sumo como campo popular podremos disputar algunas alcaldías para ayudar a la acumulación de fuerzas, pero no más que eso.

El sistema político actual de Guatemala está colapsado, sin dudas. Eso, de todos modos, no es más que la expresión del colapso del sistema capitalista y su incapacidad para resolver los graves problemas nacionales y para lograr las transformaciones de fondo, de raíz, que requiere nuestro país. El principal problema no es ni la impunidad ni la corrupción (sin dejar de considerar que esas son lacras abominables y se debe luchar contra ellas). ¡Es el sistema de explotación en su conjunto! Como dijo Carlos Marx en 1850: “No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva.”


Partido Guatemalteco del Trabajo
¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!