jueves, 9 de julio de 2015

CONTRA LA INJERENCIA Y OCUPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

La historia del imperialismo yanqui en Guatemala y Nuestra América, está marcada por invasiones, la instigación y planificación de golpes de Estado, el apoyo financiero y militar para derrocar gobiernos elegidos democráticamente y el apoyo a dictaduras militares y gobiernos autoritarios. No hay que olvidar la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala para derrocar el gobierno de Jacobo Árbenz, y defender los intereses de la United Fruit Company, cuya consecuencia fue la política contrainsurgente, apoyada por EE.UU., que dejó 245 mil muertos y desaparecidos y más de dos millones de personas desplazadas.

La participación del Estado guatemalteco en los planes, proyectos y tratados impulsados e impuestos por EE.UU. para promover el libre comercio y las inversiones, y su concepto de seguridad nacional y hemisférica, tales como la Iniciativa de las Américas, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Mérida, el Proyecto Mesoamérica y, más recientemente, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, ha sido posible por la existencia de una clase dominante sumisa, un ejército entreguista y una casta de políticos corruptos, mafiosos y oportunistas.  

Recientemente, EE.UU., como imperio que busca mantener su dominio y hegemonía a nivel mundial, ha puesto su mirada más fuerte en el istmo centroamericano, y ha encontrado un incondicional aliado en el ex general Otto Pérez Molina, destacado oficial de la política contrainsurgente durante la guerra interna, y presidente de Guatemala desde 2012. Esto se puede constatar a través de:

1)    La ocupación e intervención militar estadounidense en Guatemala y en la región, a través de tres bases militares permanentes, la operación de unidades móviles de acción rápida, y un incremento exponencial de la ayuda, entrenamiento y asesoría militar y de inteligencia, lo que en el caso de Guatemala ha supuesto una remilitarización del Estado, los territorios y las fronteras, en contraposición a los Acuerdos Paz.  

2)   La intervención directa de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región, como lo muestra su apoyo al golpe del Estado en Honduras en el año 2009 y al gobierno de Otto Pérez Molina, a pesar el involucramiento de éste en actos de corrupción, hechos que fueron dados a conocer públicamente por la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en el caso de “La Línea”. A través de su embajada y Agencias (como la USAID, la NSA, el FBI, o la DEA), EE.UU. dicta muchas de las políticas internas en materia de defensa, gobernación, educación e inteligencia estratégica del Estado. Este tutelaje, en el caso de Guatemala se extiende a la Superintendencia de Asuntos Administrativos de Seguridad,  el Ministerio Público, y con la actual crisis política, a los Ministerios de Finanzas Públicas, de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  

3)  La alianza entre los capitales regionales-nacionales de origen lícito e ilícito,  los Estados de la región y EE.UU., como lo evidencia el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Este plan, concomitante con la política de seguridad estadounidense, al igual que la Alianza para la Prosperidad y Seguridad del Norte (ASPAN), entre México, Canadá y EE.UU., tiene como propósito garantizar el control geoeconómico y geoestratégico estadounidense en la región: las rutas comerciales, la apropiación y despojo de los recursos y bienes naturales comunes, frenar la oposición de las comunidades y pueblos a las inversiones del capital transnacional, mediante la  represión y criminalización de las luchas sociales.

El propósito de EE.UU. es seguir impulsando el Plan Mérida, para mantener una infructuosa guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado y las comunidades y poblaciones que se oponen a los proyectos de inversión y a sus intereses geoestratégicos. A través de esta iniciativa se ha militarizado la lucha antinarcótica, siendo sus resultados: el fortalecimiento de los cárteles de la droga, el incremento del tráfico de armas y el aumento de las violaciones a los derechos humanos, con decenas de miles de personas asesinadas violentamente, secuestros y desapariciones forzadas, violaciones contra mujeres y niños y desplazamientos de comunidades, tal como lo muestra los casos de México y Colombia.

La remilitarización de la región, la ocupación e injerencia en los asuntos internos de nuestros países, están orientados a consolidar la hegemonía estadounidense sobre la región y contrarrestar  la presencia cada vez mayor de otros capitales, como el ruso y el chino, garantizar el monopolio comercial y el desarrollo de megaproyectos.

En el contexto de la actual crisis política e institucional por la que atraviesa nuestro país, la intervención e injerencia estadounidense se ponen de manifiesto en la imposición de una “salida controlada” de la crisis, que no ponga en riesgo el modelo económico neoliberal, la expansión del capital transnacional y las nuevas formas de acumulación de capital mediante el despojo, el extractivismo y los monocultivos; en connivencia con el CACIF, grupos corporativos, Corte de Constitucionalidad (CC) y partidos políticos de derecha.

Parte de la “salida controlada” a la crisis es el nombramiento, por el Congreso de la República, del actual vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre en sustitución de la ex vice mandataria Roxana Baldetti, y el apoyo al presidente Otto Pérez Molina, frenando y obstaculizando las acciones que buscan quitarle la inmunidad y procesarlo penalmente por su responsabilidad en los casos de “La Línea” y del IGSS. Para ello, la Embajada de Estados Unidos ha desarrollado una intensa campaña de “cabildeo” que le ha permitido imponer decisiones políticas con las que trata de evitar una solución orientada a transformar profundamente al Estado y su institucionalidad, tal como lo demandan diversas fuerzas sociales y políticas a través de amplias movilizaciones ciudadanas. No obstante, la injerencia de Estados Unidos solo ha contribuido a profundizar y prolongar la crisis política actual.

Ante ello, manifestamos nuestra lucha antiimperialista y exigimos:

·   El cese de la injerencia estadounidense, a través de su Embajada y organismos de “cooperación”, en la vida política e institucional de nuestro país y de la región. Únicamente al pueblo guatemalteco, en el ejercicio de su libre determinación y soberanía, le corresponde decidir el rumbo y la solución a la profunda crisis política del Estado.

·     El cese inmediato del financiamiento y asesoría  militar y de inteligencia al actual gobierno, cuyo presidente está implicado en actos de corrupción.

·      El cese de las operaciones de inteligencia y el retiro inmediato de todas las bases y fuerzas de tarea estadounidenses: bases militares de “Soto Cano” o Palmerola y de la Mosquitia en Honduras, base militar de Comalapa en El Salvador;  Comando Sur (U.S. Southern Command-USSOUTHCOM), y Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur, que empezó a operar el 9 de junio,  desde la Base de Palmerola en Comayagua, Honduras.

·     El cese de las operaciones y el retiro de las fuerzas de tarea Tecún Umán, en San Marcos, y Maya Chortí, en Zacapa; dejar sin efecto la instalación de las fuerzas de tarea Xinca, en Jutiapa, y Balam, en Petén; así como la suspensión de operaciones de la fuerza binacional Guatemala/Honduras, Fuerza Especial de Seguridad en la Frontera.  

Finalmente, debido al papel que juega el embajador Todd D. Robinson en la crisis actual del país, lo consideramos persona non grata.

¡Contra la injerencia de Estados Unidos en Guatemala y Centroamérica,
la lucha antiimperialista!

¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!

Partido Guatemalteco del Trabajo