lunes, 30 de enero de 2017

La mina Marlin: un ejemplo de impunidad

Por Salvador Sanik


En el departamento de San Marcos se encuentra la mina de oro y plata a cielo abierto más grande de Guatemala: la mina Marlin. La empresa Minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, es propietaria de ese proyecto minero. Inició sus operaciones en 2005 con una ilegal licencia otorgada por el Estado, violando el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones.

El 99% de la población de la zona dijo no a la exploración y explotación minera en su territorio en una consulta popular, sabiendo de los severos daños medioambientales y sanitarios que la misma podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta, y de lo que ya existe abundante información. El resultado del plebiscito, en un acto de total impunidad, fue ignorado por las autoridades de gobierno, así como por la empresa minera.

Las operaciones de la mina generarán millones de toneladas de desechos con los consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para las poblaciones, el entorno y la fauna acuática. Desde el inicio de la explotación, las poblaciones de las aldeas locales han padecido de una creciente escasez de agua. Parte de la basura que genera la mina va a parar a los ríos de la zona, principales fuentes hídricas de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen los problemas de salud: trastornos dermatológicos y neurológicos graves. La población afectada es de aproximadamente 10,000 habitantes.

El Estado capitalista, defensor irrestricto de la empresa privada, permite esto. Ello muestra descarnadamente para quién trabaja: siempre a favor de las empresas, de los propietarios y los grandes capitales y de espaldas a los trabajadores.

A partir de los graves daños sufridos, la población se movilizó, entrando en pugna abierta tanto con la empresa como con el Estado que la defiende. La lucha contra la minería depredadora pasó a ser una de las principales reivindicaciones de la población maya de San Marcos, dado que en sus territorios ancestrales se fueron asentando las industrias extractivas con total impunidad. Al igual que la mina Marlin, con aval del Estado, se fueron dando otros proyectos mineros a lo largo de todo el país, produciendo enormes perjuicios. Las regalías que estas multinacionales dejan al país son ridículas: el 2% de lo facturado.

Las luchas populares contra la minería tuvieron efecto, llegando sus consecuencias hasta la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma impugnó a la mina Marlin, indicando suspender actividades en el 2010. Pero al año siguiente, contrariando la voluntad popular, la misma Comisión, a partir de presiones recibidas por parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado un año antes. De esa cuenta suprimió la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud. En su lugar solicitó al Estado de Guatemala adoptar medidas para asegurar que las fuentes de agua utilizada por las comunidades tengan una calidad adecuada para su uso doméstico y para el riego.

Definitivamente el Estado de Guatemala no vela por toda la población, tal como lo establece la Constitución. Los trabajadores, que somos mayo-ría en el país, nos vemos siempre excluidos de los beneficios sociales; y el Estado, que según la Carta Magna debería defender por igual a todos los habitantes, es claramente un mecanismo de explotación, siempre al servicio de la clase dominante. Y si protestamos, ahí están las fuerzas de seguridad reprimiéndonos.

Pese a lo fijado por la Comisión de la OEA, el gobierno del genocida Otto Pérez Molina, el 30 de abril del 2012 otorgó la licencia de exploración minera a la empresa Entre Mares S.A., también subsidiaria de Goldcorp, sin previa consulta al pueblo de San Marcos, para la apertura de la mina Los Chocoyos. Desde entonces, Entre Mares sigue explotando la minería a cielo abierto en esa región, aumentando así la conflictividad social y los problemas sanitarios y medioambientales, afianzando la impunidad.

En mayo de 2013, cientos de personas de varias comunidades del municipio de Sipakapa, San Marcos, se movilizaron ante la municipalidad para exigir al alcalde y a la corporación municipal que dejen de accionar ante el Ministerio de Energía y Minas para aprobar la licencia de exploración de Los Chocoyos, y que la municipalidad deje de promover reconsultas amañadas que buscan beneficiar a la empresa minera. El 18 de junio de 2013 más de 1,000 personas de las comunidades sipakapenses y de otros municipios afectados por la minería se movilizaron para respaldar la decisión popular de rechazar la industria extractiva en su territorio, denunciando los desastres sanitarios que la misma ocasionó, con problemas dermatológicos y neurológicos crónicos. El Consejo del Pueblo maya-sipakapense reclamó sus derechos colectivos y pidió que se cancele la licencia minera, el 25 de marzo de 2014, en una vista pública en la sala tercera civil.


De todos modos, los proyectos mineros, contra-viniendo las decisiones de la comunidad, siguieron adelante. Con todos los mandatarios, pese a las protestas populares, tanto con Pérez Molina, con el presidente provisional Alejandro Maldonado como con el actual, Jimmy Morales, la minería continúa. Y hay muchas más licencias mineras en camino.

Camino Socialista, Guatemala diciembre de 2016, Época I, Número 19, año 3.
Fotografía: Entremundos