domingo, 5 de febrero de 2017

A 20 AÑOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Editorial

El pasado 29 de diciembre se conmemoró el vigésimo aniversario de la firma del Acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Con ello culminó un largo proceso de negociaciones entre ambas partes, durante el cual fueron firmados seis acuerdos sustantivos y seis operativos.

No cabe duda que ese acontecimiento tiene un profundo significado histórico. Las condiciones tanto internas como internacionales hacían ya inviable la lucha armada como vía para la revolución. El sentimiento generalizado era que la guerra debía terminar y la guerrilla incorporarse a la vida política legal. La población más afectada por la guerra veía en los acuerdos de paz el medio para que finalizara la persecución y la represión, los  asesinatos, las masacres y desapariciones forzadas.

La firma de los acuerdos de paz tuvo efectos positivos. Finalizó la guerra interna que durante 36 años sacudió al país; cesaron las masacres, las ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, las desapariciones forzadas y, temporalmente, otras formas de represión y persecución. Se produjo una “explosión” del pensamiento maya; las organizaciones indígenas se insertaron en espacios políticos e institucionales importantes; las organizaciones sociales pudieron desarrollar su lucha con menos temores a ser reprimidas. Inició un período de apertura política nunca antes visto después de la contrarrevolución de 1954.

La oficialización de la paz abrió enormes expectativas para la población, especialmente para los grupos y pueblos históricamente explotados, excluidos y  perseguidos. Se pensó que algunos de los compromisos de los acuerdos sustantivos constituían un punto de inflexión en el proceso democratizador. Con el cumplimiento paulatino de los compromisos se consideró que se iría construyendo un Estado democrático y un modelo de desarrollo incluyente y más equitativo, para mejorar la calidad de vida de toda la población. Se creyó que la vida económica, política, social y cultural llegaría a ser expresión de nuestra condición de país plurinacional y diverso.

En pocas palabras, existía expectación por que los acuerdos de paz eran en realidad una agenda para lograr cambios importantes en diferentes facetas de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales en el país. La creación de la “institucionalidad de la paz”, de una serie de comisiones paritarias que se encargarían de materializar el cumplimiento de los acuerdos y la aprobación en 2005 de la Ley marco de los acuerdos de paz, alimentaron esas expectativas. Se pensó que la conversión de la antigua guerrilla de la URNG en partido político, haría que este se convirtiera en el instrumento para luchar por hacer realidad esos cambios.

A veinte años de aquellos acuerdos, hay poco que celebrar: el sistema político, la naturaleza de los partidos y la forma de hacer política siguen siendo las mismas. El reconocimiento de la diversidad cultural del país sigue siendo discursivo, los pueblos indígenas no tienen pleno reconocimiento de su condición y el Estado sigue siendo monocultural. La relación entre hombres y mujeres continúan siendo determinadas por el patriarcado como sistema de dominación hacia las mujeres. La desigualdad, la exclusión y la pobreza siguen vigentes.

Los acuerdos de paz constituyen una agenda inconclusa y pendiente. No hubo voluntad política de los poderes económico y político y su Estado para cambiar las causas estructurales que originaron la guerra interna. Por el contrario, se desmanteló el modelo desarrollista del capitalismo de posguerra (iniciado al finalizar la II Guerra Mundial) y su “Estado benefactor”, e irrumpió agresivamente el capitalismo neoliberal. Como consecuencia, se consolidó el Estado neoliberal mafioso nacido de la agenda de la “transición democrática” iniciada en 1985.

Este Estado y su sistema político garantizan la refuncionalización del capitalismo neoliberal y sus nuevas formas de acumulación salvaje. Esta fase del capitalismo se caracteriza por la disminución del mismo Estado, la privatización-mercantilización de los bienes y recursos públicos y comunes, el extractivismo, los monocultivos, las hidroeléctricas y los megaproyectos, la desregulación económica y la flexibilización laboral.

Los resultados de veinte años de capitalismo neoliberal en el país son desastrosos para la mayoría de la población. Así lo constata el Informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de SEGEPLAN, de 2015: de los 66 indicadores que miden el cumplimiento de esos objetivos, el 56,1% no se cumplieron, tuvieron una evolución negativa (es decir, están peor que en 1990) o se estancaron. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2014, la pobreza general se incrementó al 59,3% y la pobreza extrema subió a 23,4%. La distribución de la riqueza es hoy más desigual que hace veinte años.

Contrariamente a lo que establecen los acuerdos de paz con relación a la dotación de tierras, como consecuencia de la expansión del capitalismo neoliberal hay un proceso de reconcentración a partir del despojo a comunidades y pueblos  indígenas, entre otros factores.

La desmovilización política de las fuerzas de izquierda y de las organizaciones del movimiento social, y la falta de una estrategia de lucha política adecuada por parte de la URNG para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, facilitó la consolidación del proyecto económico y político de la derecha.

En síntesis, se puso fin a la guerra interna, pero la paz está lejos de construirse. Mientras exista el capitalismo neoliberal y su Estado mafioso que facilita todas las formas posibles de acumulación, lícitas e ilícitas, que criminaliza las luchas sociales y persigue a sus líderes y lideresas, no es posible la paz. La paz se construye luchando contra las injusticias del capitalismo.

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo

Guatemala, enero de 2017.

Camino Socialista No 20, enero 2017, Época 1, Año 4.