viernes, 24 de noviembre de 2017

DESALOJOS: RECURSO OLIGÁRQUICO PARA EL DESPOJO

Los desalojos han sido el mecanismo represivo y violento contra los pueblos, las familias y las comunidades campesinas, indígenas y mestizas, que el poder finquero-oligárquico ha implementado históricamente a través de figuras políticas (como los jefes, comisionados y   gobernadores), organizaciones paramilitares (ejércitos y aparatos clandestinos, guardias o policías privadas) y organismos de represión del Estado, como el ejército y la Policía Nacional Civil. En la mayoría de los casos, los desalojos son despojos de tierras a los pueblos y a las comunidades, en contra de sus derechos ancestrales y jurídicos sobre el territorio, los derechos laborales y los derechos humanos. Así mismo, son una de las principales formas de negar la autonomía de los pueblos y de garantizarles los medios de producción esenciales para la vida.

Este mecanismo represivo ha sido implementado con la complicidad de sucesivos gobiernos y administraciones judiciales, continuado por el actual  gobierno derechista de Jimmy Morales, al servicio del poder oligárquico y de las empresas transnacionales.

Según información de Voces de Iximulew, en lo que va del año suman 12 desalojos. En total han afectado a 1,016 campesinos y campesinas, de 12 comunidades de Senahú, Tactic y Santa Cruz Verapaz (Alta Verapaz), Livingston (Izabal), San Andrés Petén y San Luis Petén (El Petén), Puerto San José (Escuintla) y Barberena (Santa Rosa). Para la realización de los desalojos, el gobierno ha utilizado un gran despliegue militar y policial, además de permitir la intervención de las guardias paramilitares al servicio de los finqueros. Así se evidencia en San Miguel Palotada (San Luis Petén) donde se desplegó un contingente de 700 policías y 300 soldados para desalojar a 8 personas; en Cha’bil’Cho’ch (Livingston) donde fueron desalojadas 75 personas por un contingente policial de 500 efectivos; y en el desalojo en las Maravillas, finca Corral Blanco (San José, Escuintla) donde participaron 300 miembros de la PNC y guardias privados para desalojar a 30 personas.

El más reciente desalojo es muestra de la política de impunidad con que actúan los órganos paramilitares para ejercer acciones violentas contra población indefensa. El 3 de noviembre 18 familias q’eqchi’ de la comunidad Semuy (Cahabón) fueron desalojadas violentamente por fuerzas represivas del Estado. Posteriormente, el 20 de noviembre, sufrieron un ataque armado por guardias de seguridad al servicio de la empresa Trece Aguas, con el saldo del asesinato del campesino Emilio Toc Pop y heridas a  Ricardo Maquín.

A estos hechos de desalojos se suman las difamaciones, amenazas, atentados, represión policial y detenciones contra  miembros de organizaciones como CODECA, CUC, CCDA, CPO y contra resistencias hacia proyectos extractivos, como ha sucedido en San Juan Ixcoy (Huehuetenango), San Rafael Las Flores (Santa Rosa), La Puya (Guatemala), entre otras muchas que se enfrentan a los agronegocios y demás proyectos hidroeléctricos y mineros.

Los desalojos son la expresión y uno de los objetivos de la criminalización y judicialización de las comunidades campesinas y sus dirigentes, quienes en lugar de encontrar respuesta a sus reclamos, demandas y necesidades legítimas, se encuentran con las balas y la represión que impulsa la oligarquía y el agronegocio en el campo, con la agilidad y acción oficiosa, represiva y violenta de los organismos del Estado. Esto significa que la población campesina (indígena y mestiza) no es, ni por asomo, una prioridad de este gobierno ni de este Estado. Como el gobierno anterior, encabezado por el ex general Otto Pérez Molina, la prioridad de este gobierno sigue siendo la defensa de los intereses de la burguesía, de las empresas transnacionales y de las élites corruptas y criminales que lo controlan.

El recrudecimiento de los desalojos en las últimas semanas se explica en el cierre de filas de quienes integran el Pacto de Impunidad (oligarquía, partidos y políticos rentistas, grupos criminales, jueces corruptos y gobierno de Jimmy Morales, con el aval momentáneo de la embajada de EEUU). Dicho pacto, además de defender a su gobierno incapaz y corrupto, persiguen la defensa del actual modelo de explotación y despojo. 

Resulta evidente que los desalojos tienen el propósito de garantizar la expansión del modelo de acumulación capitalista, en específico: la ejecución, intensificación y ampliación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, carreteras, helipuertos, etc.), los agronegocios y la ganadería. Asimismo, son un medio para apropiarse de espacios territoriales pertenecientes a las comunidades y pueblos, y poder expandir las actividades de contrabando de armas, maderas preciosas, tráfico de personas y órganos, estupefacientes, etc., con gran rédito para el capital. Esto explica el uso de grandes contingentes de fuerzas represivas en una la disputa territorial en la que las comunidades quedan indefensas frente a los grandes poderes económicos armados, en contubernio con la institucionalidad estatal, quienes ejercen una violencia desmedida contra los legítimos sujetos y dueños de la tierra y el territorio.

En este marco, el Partido Guatemalteco del Trabajo manifiesta su solidaridad a las personas, familias y comunidades criminalizadas y desalojadas. Hace un llamado a no dejarnos intimidar ni claudicar en las legítimas luchas de resistencia contra el despojo y expolio, a unir filas entre las comunidades en resistencia, organizaciones sociales y populares en la lucha por la defensa de los derechos legítimos sobre la tierra y el territorio, y a seguir trabajando por la construcción de un Estado socialista, popular y plurinacional, al servicio de los pueblos y la población de Guatemala, y no del capital 


Guatemala, 24 de noviembre de 2017.