lunes, 30 de enero de 2017

La mina Marlin: un ejemplo de impunidad

Por Salvador Sanik


En el departamento de San Marcos se encuentra la mina de oro y plata a cielo abierto más grande de Guatemala: la mina Marlin. La empresa Minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, es propietaria de ese proyecto minero. Inició sus operaciones en 2005 con una ilegal licencia otorgada por el Estado, violando el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones.

El 99% de la población de la zona dijo no a la exploración y explotación minera en su territorio en una consulta popular, sabiendo de los severos daños medioambientales y sanitarios que la misma podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta, y de lo que ya existe abundante información. El resultado del plebiscito, en un acto de total impunidad, fue ignorado por las autoridades de gobierno, así como por la empresa minera.

Las operaciones de la mina generarán millones de toneladas de desechos con los consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para las poblaciones, el entorno y la fauna acuática. Desde el inicio de la explotación, las poblaciones de las aldeas locales han padecido de una creciente escasez de agua. Parte de la basura que genera la mina va a parar a los ríos de la zona, principales fuentes hídricas de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen los problemas de salud: trastornos dermatológicos y neurológicos graves. La población afectada es de aproximadamente 10,000 habitantes.

El Estado capitalista, defensor irrestricto de la empresa privada, permite esto. Ello muestra descarnadamente para quién trabaja: siempre a favor de las empresas, de los propietarios y los grandes capitales y de espaldas a los trabajadores.

A partir de los graves daños sufridos, la población se movilizó, entrando en pugna abierta tanto con la empresa como con el Estado que la defiende. La lucha contra la minería depredadora pasó a ser una de las principales reivindicaciones de la población maya de San Marcos, dado que en sus territorios ancestrales se fueron asentando las industrias extractivas con total impunidad. Al igual que la mina Marlin, con aval del Estado, se fueron dando otros proyectos mineros a lo largo de todo el país, produciendo enormes perjuicios. Las regalías que estas multinacionales dejan al país son ridículas: el 2% de lo facturado.

Las luchas populares contra la minería tuvieron efecto, llegando sus consecuencias hasta la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma impugnó a la mina Marlin, indicando suspender actividades en el 2010. Pero al año siguiente, contrariando la voluntad popular, la misma Comisión, a partir de presiones recibidas por parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado un año antes. De esa cuenta suprimió la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud. En su lugar solicitó al Estado de Guatemala adoptar medidas para asegurar que las fuentes de agua utilizada por las comunidades tengan una calidad adecuada para su uso doméstico y para el riego.

Definitivamente el Estado de Guatemala no vela por toda la población, tal como lo establece la Constitución. Los trabajadores, que somos mayo-ría en el país, nos vemos siempre excluidos de los beneficios sociales; y el Estado, que según la Carta Magna debería defender por igual a todos los habitantes, es claramente un mecanismo de explotación, siempre al servicio de la clase dominante. Y si protestamos, ahí están las fuerzas de seguridad reprimiéndonos.

Pese a lo fijado por la Comisión de la OEA, el gobierno del genocida Otto Pérez Molina, el 30 de abril del 2012 otorgó la licencia de exploración minera a la empresa Entre Mares S.A., también subsidiaria de Goldcorp, sin previa consulta al pueblo de San Marcos, para la apertura de la mina Los Chocoyos. Desde entonces, Entre Mares sigue explotando la minería a cielo abierto en esa región, aumentando así la conflictividad social y los problemas sanitarios y medioambientales, afianzando la impunidad.

En mayo de 2013, cientos de personas de varias comunidades del municipio de Sipakapa, San Marcos, se movilizaron ante la municipalidad para exigir al alcalde y a la corporación municipal que dejen de accionar ante el Ministerio de Energía y Minas para aprobar la licencia de exploración de Los Chocoyos, y que la municipalidad deje de promover reconsultas amañadas que buscan beneficiar a la empresa minera. El 18 de junio de 2013 más de 1,000 personas de las comunidades sipakapenses y de otros municipios afectados por la minería se movilizaron para respaldar la decisión popular de rechazar la industria extractiva en su territorio, denunciando los desastres sanitarios que la misma ocasionó, con problemas dermatológicos y neurológicos crónicos. El Consejo del Pueblo maya-sipakapense reclamó sus derechos colectivos y pidió que se cancele la licencia minera, el 25 de marzo de 2014, en una vista pública en la sala tercera civil.


De todos modos, los proyectos mineros, contra-viniendo las decisiones de la comunidad, siguieron adelante. Con todos los mandatarios, pese a las protestas populares, tanto con Pérez Molina, con el presidente provisional Alejandro Maldonado como con el actual, Jimmy Morales, la minería continúa. Y hay muchas más licencias mineras en camino.

Camino Socialista, Guatemala diciembre de 2016, Época I, Número 19, año 3.
Fotografía: Entremundos

Trump: la cara del imperio de Estados Unidos

Editorial


El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos trae cambios en la política, que probablemente nos afecten como clase trabajadora en Guatemala.

Este magnate ganó porque levantó un discurso falso a favor de las necesidades de los trabajadores estadounidenses, además de un discurso nacionalista y emotivo que prometía volver a ser el gran país de antaño, cuando era la superpotencia indiscutida, atrajo una gran cantidad de votantes. En realidad, su posición político-ideológica es tan repudiable como la que levantara Hillary Clinton.

Los planes de capitalismo neoliberal basados en la especulación financiera comenzados hacia los años 80 del siglo pasado con la presidencia de Ronald Reagan, significaron un colosal aumento de la brecha entre quienes más tienen y los desposeídos. En nuestro país, y en toda Latinoamérica, eso trajo consecuencias terribles: aumentó exponencialmente la pobreza, y el Estado fue virtual-mente privatizado. Pero en Estados Unidos las consecuencias fueron similares: su clase obrera y la clase media se empobrecieron marcadamente. Muchos puestos de trabajo se perdieron, dado que infinidad de empresas se trasladaron a países como el nuestro, donde la mano de obra es más barata y no pagan impuestos. Por otro lado, la crisis financiera del 2008, cuyos impactos persisten, terminó de golpear a todos los trabajadores.

Para nosotros, trabajadoras y trabajadores latinoamericanos, ninguna propuesta de quien dirija la Casa Blanca nos podrá convenir. En todo caso, estamos ante la disyuntiva de quién es “menos malo”. ¿Y quién es menos malo entre Trump y Clinton?

Los dos representan posiciones de extrema derecha, peli-grosas para nosotros. Hillary Clinton, candidata de los grandes grupos financieros, de las petroleras y del complejo militar-industrial que viene manejando a ese país desde hace décadas, ofrecía más de lo mismo: más planes neoliberales, más guerra de intervención, más intromisión en nuestros asuntos internos.

¿Ofrece otra cosa Donald Trump? Definitivamente no. Al menos, no para nosotros, trabajadores de Guatemala. Para los trabajadores de su país ofrece el sueño de volver a los “tiempos dorados”, reconstruir el parque industrial en deterioro, recuperar puestos de trabajo. Parecieran promesas populistas, electoreras, matizadas con un rampante nacionalismo racista y xenófobo contra afroamericanos, latinos y musulmanes. Sin dudas todos esos valores conservadores, de ultraderecha (altamente cuestionables y peligrosos) están enraizados en el ciudadano gringo término medio; por eso su oferta pudo ganar. Que eso lo pueda lograr, es otra cosa. En este momento, si bien no se puede saber cómo seguirán las cosas, nada muestra con claridad que esa propuesta sea efectivamente viable.

De todos modos, aunque Trump no sea el candidato natural de Wall Street y un niño mimado de los capitales financieros transnacionales, tampoco es su enemigo de clase. Es un “bicho raro” de la política estadounidense, impredecible, personalista (asimilable, salvando las distancias, a Manuel Baldizón en Guatemala). La composición de lo que será su administración ya deja ver por dónde va a ir: la ultraderecha conservadora (coquetea, por ejemplo, con el Ku Klux Klan, habla de deportar tres millones de latinoamericanos, tiene un discurso misógino y racista). Pero esto no significa que esté peleado con su clase social: los ricos y poderosos, los magnates, los millonarios que manejan el mundo: es decir, la burguesía global.


No podemos esperar mejoras con su llegada a la Casa Blanca. Pero, ¿por qué deberíamos esperarlas? El principal país capitalista e imperialista del mundo sigue siendo eso: un país capitalista e imperialista, más allá de matices. El enemigo sigue siendo el mismo: el sistema capitalista, sin importar la cara que tome el mandatario de su avanzada imperialista.

Camino Socialista, diciembre de 2016, Época I, Número 19, año 3

martes, 24 de enero de 2017

¡DEFENDAMOS NUESTRO DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL!

Por Antonio Ixquiac

Interesados en privatizar y continuar el saqueo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), están desarrollando una campaña para desprestigiarlo como instituto encargado de la seguridad social para la clase trabajadora. Un medio importante para desarrollar esta campaña es la página denominada DesIGSSlusionate. Es una campaña que, además, pretende que se apruebe una ley que lo privatice o que permita un sistema que ellos llaman “mixto” que pretende apropiarse aunque sea en parte los recursos del IGSS.

¡Cuidado guatemaltecas y guatemaltecos!

Nos quieren hacer cree que el IGSS es ineficiente por ser un seguro estatal. Bien sabemos ya que los empresarios nombrados como gerentes del IGSS o como empresas que le prestan servicios al mismo, son quienes lo han hecho ineficiente con sus actos de corrupción y saqueo a través de distintos mecanismo legales e ilegales. Un ejemplo de esto son los contratos de servicios, compra de equipos y medicamentos a empresas, las cuales venden tales servicios y productos a precios inflados, con lo cual demuestran que su interés es fundamentalmente el lucro y no el contribuir a garantizar el derecho a la salud de la clase trabajadora.

Quieren que creamos que la solución es que el IGSS sea manejado por empresas privadas, bajo el falso argumento que estas tendrían sentido de negocio, con lo cual –dicen– serían eficientes en su administración, en la prestación del servicio de seguridad social y desaparecería la corrupción.

Quienes impulsan esta campaña ocultan:
 * Que el progreso del empresario ha significado la ruina para las grandes mayorías de la clase trabajadora y nuestro pueblo.

* Que en los negocios turbios y hechos de corrupción en el IGSS están involucrados muchos los empresarios.

Que no es cierto que la iniciativa privada o el empresario sea sinónimo de honorabilidad y eficiencia, cuando múltiples casos demuestran lo contrario.

* Que son los empresarios los grandes responsables que enfrenta el IGSS, porque no pagan las deudas que mantienen con este instituto y, además, como se ha denunciado en casos recientes, se roban el aporte del trabajador al seguro social que ellos descuentan.

* Que son empresarios los que tienen el objetivo de privatizar el IGSS para manejar el dinero que administra la institución y que corresponden a nuestros derechos a la salud y la pensión en caso de accidente, jubilación, etc. Se quieren quedar con todo.

* Que buena parte de nuestros aportes se convertirían en las ganancias que ellos logra-rían producto de administrar recursos que provienen de nuestro trabajo.

* Que privatizarían un derecho humano, el derecho a la salud. Que al privatizar el IGSS se impondría el lucro por sobre el bien común y pos sobre nuestros derechos.

* Que supuestamente desaparecería la corrupción, porque legalizarían la apropiación de los recursos del IGSS.

Los problemas del IGSS son el efecto de los gobiernos empresariales o pro-empresariales que lo han manejado y saqueado. Por eso, los problemas del IGSS se resolverán cuando se destierren del mismo los intereses de la burguesía, del llamado empresariado, que ha corrompido a funcionarios y trabajadores quienes, faltando a la ética, se han prestado a tal propósito. Ellos son los responsables del saqueo al IGSS.

¡No a la privatización del IGSS!

¡Todas y todos a luchas contra los tentáculos empresariales en el IGSS!

viernes, 20 de enero de 2017

CONDENAMOS LOS ACTOS DE TERRORISMO CONTRA NUESTROS PUEBLOS

El Partido Guatemalteco del Trabajo, ante la violenta represión contra la población de Ixquisis y otras comunidades de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, que desembocaron en el asesinato del líder comunitario Sebastian Alonzo, el 18 de enero de 2017, y ante el asesinato de Laura Vásquez, lideresa de la Resistencia Pacífica contra la Minería en Mataquescuintla, Jalapa, asesinada el 16 de enero 2017,

MANIFESTAMOS

Nuestro más rotundo repudio a estos nuevos actos de sangre contra la población que lucha por la defensa de su territorio, la naturaleza, la paz y el derecho a la libre determinación que les corresponde en su calidad de pueblos. Rechazamos el silencio cómplice que ante  estos hechos mantienen la mayoría de medios de comunicación privados así como algunas organizaciones llamadas a vigilar la observancia de los Derechos Humanos en el país. Repudiamos al capital organizado en el CACIF que pretende imponer sus intereses aun a costa de la sangre de nuestros defensores y defensoras de la vida y justifica los hechos terroristas que enlutan nuevamente a nuestros pueblos.

Guatemala vive -20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz- una agudización de la violencia criminal y política relacionada con el incumplimiento de tales acuerdos y el  despliegue del capitalismo neoliberal.  La “paz” solo ha sido aprovechada por la gran empresa y el Estado a su servicio para privatizar los bienes y recursos públicos y comunes, favorecer el desarrollo privado de una matriz minero-energética, los monocultivos, los megaproyectos, la desregulación económica y la flexibilización laboral.

Los principales proyectos hidroeléctricos y mineros, asentados en territorios indígenas y mestizos con altos índices de pobreza y exclusión social, son objeto de oposición debido a que consuman el expolio y son un atentado contra la vida y paz social. Sobre todo se oponen comunidades que reclaman su derecho a la organización y a decidir su futuro en el territorio. Esta resistencia legítima, además, se libra ante la impunidad con la que las empresas imponen dichos proyectos en los territorios, la violencia con la que comunidades y organizaciones son reprimidas por la policía nacional civil y el ejército en complicidad con órganos paramilitares de las empresas. 

Estos hechos que condenamos, hacen parte de una política de criminalización que a través de amenazas, atentados, persecución policial, apresamiento político y ejecuciones extrajudiciales, implementa el Estado y las empresas extractivas en contra de comunidades y organizaciones que luchan contra estos proyectos de muerte.

Ante esta política y estos hechos represivos llamamos a todos los sectores populares, revolucionarios y democrático-progresistas a denunciarlos y solidarizarse con los pueblos y organizaciones en lucha y resistencia. Asimismo, a redoblar las luchas por las propias demandas vinculándolas a la lucha general contra el capitalismo neoliberal y el Estado a su servicio.

Los comunistas guatemaltecos apoyamos todas las luchas de los pueblos contra la explotación y opresión capitalista, racista y patriarcal.  Por ello manifestamos nuestro compromiso de contribuir a la articulación de las luchas de las y los trabajadores de todos los pueblos del país y para la transformación socialista, única alternativa de la clase trabajadora, los pueblos y los sectores oprimidos.

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo
PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO

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