martes, 3 de julio de 2018

Un giro a la derecha

Ovidio Xun
Del gobierno de Jimmy Morales ya nadie puede creer que esté haciendo algo contra la corrupción. Su lema de campaña (“Ni corrupto ni ladrón”) quedó totalmente en la historia. Se ve ahora con toda claridad que fue un candidato sacado de la manga, puesto ahí para resolver la crisis que se había creado en el 2015 con una tibia movilización popular, más urbana y clasemediera que otra cosa. Pero crisis al fin, ante la cual la oligarquía y la embajada yanqui se asustaron y supieron manejar para bajarle la intensidad, evitando que la situación pudiera rebasarlos.


La corrupción y la impunidad siguieron campantes en sus dos primeros años de mandato. Las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- descubrieron que toda la administración está comprometida igual que gobiernos anteriores con una larga serie de ilícitos. Uno de ellos, entre tantos otros, es el financiamiento electoral ilegal que recibió el partido de gobierno, el FCN-Nación.

En estos dos años y medio, la protesta popular siguió adelante, incluso creciendo. Se mantuvo no solo la demanda popular contra la corrupción y la impunidad, sino la lucha de movimientos campesinos y de pueblos originarios en defensa de sus territorios. Esa lucha viene desde hace años, aunque los medios de comunicación comerciales la invisibilizan y desprestigian.

En estos días el gobierno y los sectores más ultraderechistas y recalcitrantes de la sociedad han desplegado una avanzada contra el campo popular y los movimientos que buscan el cambio social. En menos de una semana fueron asesinados los compañeros Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-, así como José Can Xol y Mateo Chamam Paau, del Comité Campesino del Altiplano -CCDA-. Ellos eran líderes de organizaciones campesinas que trabajaban en defensa de los derechos laborales inalienables, por la nacionalización de los servicios públicos y por la defensa de sus territorios contra los abusos de un capitalismo depredador que avasalla los derechos de los pueblos originarios, manejándose con la más absoluta impunidad y con el aval del gobierno nacional. Esto recuerda a los antiguos escuadrones de la muerte que ensangrentaron el país durante los duros años de la represión y el genocidio. Tales muertes pueden ser el preámbulo de un intento de retorno a esas abominables prácticas, por lo que los comunistas debemos condenarlas con el más enérgico repudio, llamando a los sectores populares estar muy atentos ante estos hechos.

Todo esto evidencia que los grupos más conservadores del país siguen moviéndose con las mismas políticas represivas de antaño, intentando acallar sangrientamente cualquier voz crítica. El Pacto de Corruptos está presente, y la muerte de su principal cabeza, el oligarca Álvaro Arzú, no altera en nada su papel. De hecho, la lucha contra la corrupción y la impunidad que han venido llevando adelante el Ministerio Público junto con la CICIG- busca ser desarticulada por esta derecha primitiva y asesina. Como muestra de ello, recientemente fue expulsado del país el Embajador de Suecia, Anders Kompass, en un claro mensaje al gobierno sueco por ser el segundo principal financista de la CICIG, después de Estados Unidos.

Como muestra de simpatía y para congraciarse con el gobierno de Washington balanceando la expulsión del embajador sueco, la sumisa y rastrera administración de Jimmy Morales, al par de bombardear a la CICIG, se permite retirar del país a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Elena Salcedo. Eso permite ver la desesperación y el servilismo en que se encuentra el gobierno, que junto a todo lo anterior toma la absolutamente injustificable medida de trasladar la sede diplomática en Israel a la ciudad de Jerusalén, solo para alinearse una vez más con el imperialismo yanqui, queriendo ser su buen perrito faldero, esperando así que se termine la lucha contra la corrupción que ha establecido la Casa Blanca como su política para esta región.

Complementando lo anterior, en el corrupto y desacreditado Congreso de la República se están cocinando reformas a la Ley Electoral para garantizar la impunidad de los legisladores ante el delito de financiamiento electoral ilícito, buscando denodadamente acallar la voz crítica del Procurador de Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas. Y en esa sintonía, se acaba de elegir como nueva Fiscal General a una persona totalmente afín a las mafias corruptas que dirigen el Estado: María Consuelo Porras, quien presumiblemente garantizará la continuidad de la impunidad y la corrupción, desacelerando todo lo avanzado por la Fiscal anterior y por la CICIG.

No hay dudas que los sectores de derecha más radicales y conservadores del país (terratenientes, grupos militares, clase política corrupta, mafias enquistadas en el Estado) han tomado la iniciativa política, y el gobierno representa esos intereses. Golpear a luchadores sociales y buscar detener la lucha contra la corrupción es un indicador del giro a la derecha que se está operando.

Ante este estado de cosas, repudiamos enérgicamente los asesinatos de líderes campesinos y pedimos su inmediato esclarecimiento, condenando sin dilaciones a los responsables. Igualmente alertamos a la clase trabajadora y al pueblo en general de Guatemala sobre el avance de las posiciones más recalcitrantes y conservadoras.

Por tanto, llamamos a estar muy alertas ante este avance y a prepararse para las luchas que vendrán.


Camino Socialista, No 35, mayo, Año 5, Época I